En el mayor de los desamparos, la nena wichí de 12 años con leve retraso madurativo, perteneciente a la comunidad Lhaka Honha, en Alto en la Sierra, Salta, que había quedado embarazada en noviembre tras haber sido violada por un grupo de criollos, fue sometida (otra vez) a una césarea en el Hospital Materno Infantil de la capital salteña. En los partes médicos, se destacó que el bebé de 7 meses, anencefálico, había fallecido a los pocos minutos. Faltaba agregar que falleció pese a todos los esfuerzos de la ciencia médica, luego de siete meses de debatirse en la anencefalia insoluble, dentro del vientre de una nena de 12 años, que había sido violada y que, además, no pudo declarar en su denuncia por falta de traductor. Lejos de toda preocupación médica, el último parrafito del servicio de neonatología del Hospital Materno Infantil fue dedicado a decir que la nena madre se reponía favorablemente.

El director del Inadi salteño, Alvaro Ulloa, presentó ante la sede central una denuncia por discriminación contra los ministerios de Salud, Primera Infancia, Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos y Justicia. Cada uno de esos ministerios tuvo y tiene injerencia y jurisdicción para actuar, no a los siete meses de embarazo sino al momento en que se produce y se denuncia la violación, y especialmente antes.

“A pesar de la denuncia de violación, el Estado no habilitó la posibilidad de practicarle un aborto no punible, contemplado en el Código Penal para casos como éste”, destacó la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), mientras que el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades repudió “el abandono que el Estado provincial hizo de esta niña”. Mónica Menini, del Foro de Mujeres, precisó que el gobierno de Salta “dejó abandonada a la niña wichi al dejarla seis meses con un embarazo ‘inviable’, bajo un protocolo que desconoce la normativa vigente en el país. Fue víctima de una violación de una banda de criollos ajenos a su comunidad; y de otra injusticia, la del Estado que en vez de protegerla a través del Ministerio Público de la Asesoría de Menores de Salta la volvió a poner en riesgo”.

La semana pasada, el Cels y la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) habían expresado su “profunda preocupación por un gravísimo caso de violencia de género ocurrido en el territorio de las comunidades de Lhaka Honhat”. El texto del comunicado denunciaba “un serio desconocimiento de las obligaciones del Estado en materia de derecho a la salud, violencia de género, acceso al aborto y una total negación de justicia”, al no aplicar “el Protocolo para la atención integral de víctimas de violaciones sexuales”.

Según señalaba el CELS y la Asociación Lhaka Honhat –dirigido al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, al Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitarios, y al Consejo Nacional de la Mujer– los hechos sucedieron “dentro del territorio ancestral de una comunidad indígena que hace varias décadas reclama el reconocimiento de la propiedad comunitaria de las tierras”.

Tras este comunicado, el Consejo de la Mujer a cargo de Fabiana Túñez se puso en contacto con las autoridades y asesora a la ong que acompañaba a la familia de la nena.

“El repudio se basa en una serie de desmanejos que comenzaron cuando se conoció el caso a través de un diputado provincial y ningún funcionario evitó el daño a la nena de 12 años, sobre la que aún hoy el juez de Garantías 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta sigue pidiendo más medidas de prueba al fiscal para certificar el delito de violación”, dijo Menini.

El hecho ocurrió en el paraje Alto La Sierra, a 85 kilómetros del municipio de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, cerca de la triple frontera entre Salta, Bolivia y Paraguay.

El viernes pasado, quedó detenido uno de los cinco adultos involucrados, identificado como Jorge Gabriel Salas. La detención no se produjo por la violación, válgame Dios. Se produjo por desobediencia judicial, por no haberse presentado a declarar. En pocas palabras, acusado de una violación, no lo fueron a buscar sino que concurrieron a su casa para citarlo a declarar. Mientras se custodiaban los derechos del acusado de violación, los de la niña wichí se pisoteaban por ser niña, por ser mujer, y por ser wichí. ¿Cómo? Pidiéndole que aguante porque el niño podía nacer vivo y sometiéndola a una césarea.

Los otros cuatro acusados están en libertad por decisión del juez, aún cuando el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, solicitó la detención. Astigueta entendió que no existe riesgo de fuga ni pruebas que los incriminen. Las pruebas que los incriminen, claro, están en el bebé anencefálico que la ciencia médica no pudo rescatar con vida.

A 300 kilómetros de allí, en San Miguel de Tucumán, Belén está presa condenada a 8 años en una cárcel, porque el sistema médico-judicial decidió desaparecer la prueba y condenarla de todas maneras. En Salta, es necesario suponer que no existirá ocultamiento de prueba por parte de la ciencia médica. La justicia salteña debiera revisar los logros alcanzados con la cadena de ADN como prueba legal. Con semejante justicia, qué necesidad tendrían los imputados de fugarse.

Mientras, la niña wichí está depositada en alguna habitación del Hospital Materno Infantil (sin custodia policial). Es difícil imaginar que se esté recuperando favorablemente.

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