El proyecto “ómnibus” del Gobierno para el pago de juicios a jubilados tenía otro pasajero oculto en el capítulo dedicado al blanqueo de capitales: la iniciativa del presidente Mauricio Macri establece un castigo penal para jueces y funcionarios y otro económico –equivalente al monto blanqueado– para terceros (incluidos periodistas) que divulguen el nombre de los empresarios y el dinero con que se hayan acogido al blanqueo. Desde el Frente para la Victoria sostienen que el artículo 85 del proyecto es “inconstitucional” e implica una “cláusula mordaza” que “vulnera la libertad de expresión” y que busca proteger a los funcionarios con cuentas offshore que ahora quieran blanquear el dinero que tienen en guaridas fiscales. En el macrismo se justificaron argumentando que “no es un tema central del proyecto”, buscaron minimizar el contenido de la iniciativa y abrieron la posibilidad de hacer cambios. Aunque el oficialismo solo estaría dispuesto a eliminar la palabra “terceros” y dejar en pie las sanciones para jueces y funcionarios.

“El artículo propuesto es claramente inconstitucional, ya que viola el derecho de publicar las ideas por la prensa sin censura previa consagrado en el artículo 14 de la Carta Magna, y la prohibición de que el Congreso dicte leyes que restrinjan la libertad de imprenta, como dispone el artículo 32. Además, es un retroceso en los estándares democráticos de nuestra sociedad, al coartar la libertad de los periodistas para informar y del pueblo a informarse”, sostiene el comunicado del bloque de diputados del FpV que lleva la firma de su presidente, Héctor Recalde. “Lo que demuestra esta redacción es que el gobierno nacional ha enviado una ley de blanqueo para sus amigos, que están involucrados en las causas Panamá Papers y HSBC y pretenden blanquear sus activos mal habidos sin que la gente se entere”, remarca el texto.

El artículo 85 del megaproyecto, en el capítulo dedicado al blanqueo, marca algunas diferencias. Los jueces y funcionarios públicos que divulguen datos sobre el blanqueo estarán alcanzados por el artículo 157 del Código Penal, que establece penas de “prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial de uno a cuatro años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”. En tanto, para terceros, incluidos periodistas, la pena es una durísima sanción económica: “Los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado”, dice el proyecto.

Varios diputados del FpV ya habían denunciado las características que el macrismo le quiere dar a la ley. “La ley mezcla un valor tan importante como es la situación de las personas jubiladas y su reclamo, con medidas para aquellos que han generado caminos de evasión, que han tenido incumplimientos con el fisco, que han atentado también contra el propio sistema previsional, y encima quieren que no se pueda conocer o divulgar quienes son aquellos que están realmente beneficiados con este blanqueo”, sostuvo el diputado Remo Carlotto, quien preside la comisión de Libertad de Expresión.

“En la Argentina hemos tenido un proceso muy importante a partir de la eliminación de figuras como calumnias e injurias, y la posibilidad de tener absoluta libertad al proporcionar información, y sobre todo un principio elemental del periodismo que es la preservación de las fuentes. Esto busca arrasar con todo”, remarcó Carlotto. Para su compañero de bancada, Eduardo “Wado” De Pedro, el proyecto de blanqueo que envió Macri al Congreso “esconde un cláusula mordaza para garantizar la impunidad de sus socios y amigos”, que “viola el derecho a la libertad de expresión y de información” de la ciudadanía.

En el macrismo intentaron bajar los decibeles del reclamo. El jefe de los diputados PRO, Nicolás Massot, sostuvo que “de ninguna manera” se busca cercenar la libertad de expresión. “No forma parte de lo más importante o de cuestiones fundamentales” de la iniciativa, insistió Massot, por lo que no descartó modificaciones: “Si tenemos que revisarlo lo vamos a hacer con el espíritu siempre, a partir de comentarios para mejorar el proyecto y no empeorarlo”, afirmó.

El también macrista Pablo Tonelli hiló más fino. “El artículo tiene un problema. Una cosa es la prohibición para los funcionarios y otra para los terceros. Hay que revisarlo y corregirlo. Voy a proponer la modificación”, adelantó Tonelli. Dio a entender que se sacaría la sanción aterceros y dejaría el texto tal cual para jueces y funcionarios.

La discusión tendrá otro capítulo hoy en el plenario de las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto que reabrirá este mediodía el debate sobre el megaproyecto en el anexo C de la Cámara baja. Ahí llevarán sus posturas sobre este aspecto del blanqueo de capitales el massismo –que ayer por la tarde se reunió para evaluar su posición–, lo mismo que el Bloque Justicialista. El socialismo, en tanto, ya se había manifestado en contra de todo el capítulo sobre el blanqueo.