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No resulta ajeno para quien quiera ver. Los trajes y corbatas abundan y monopolizan las reuniones de altos cargos del Estado. Y esto no es un problema de moda, más bien de derechos. Las mujeres ocupan apenas el 22 por ciento de los cargos políticos del Poder Ejecutivo. “Si bien estamos en una época de participación sin precedentes de la mujer en el mercado laboral y, particularmente en el espacio público, los desequilibrios de género persisten, fundamentalmente en el acceso a cargos directivos en la gestión pública”, dice Agustina Valsangiacomo, analista del Programa de Gestión Pública de Cippec.

Según un informe de GPS del Estado (un proyecto de Cippec y ASAP sobre las autoridades del Sector Público Nacional) las mujeres representan el 50 por ciento de la fuerza de trabajo empleada por la administración central del PEN (aunque el dato no contempla a las fuerzas de seguridad y defensa). Sin embargo, a medida que se avanza en la pirámide y se llega a las altas esferas de poder, la igualdad se va desbaratando.

“Los cargos jerárquicos de conducción política son aquellos que suponen la titularidad de ministerios, secretarías y subsecretarías. Estas autoridades son designadas y removidas a través de un decreto, resolución o nota por una autoridad del gobierno nacional, por lo que suponen ocupaciones basadas en la confianza o afinidad política, fundamentalmente”, explica el informe.

Si bien el gobierno actual mantiene la composición de género del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, que al iniciar su segundo mandato tenía un 22 por ciento de los cargos de conducción política en manos de mujeres, “se observan caídas en la participación de mujeres en puestos de conducción política a nivel ministerial. Actualmente, el 14 por ciento de los ministerios (3 de 21, incluyendo la Jefatura de Gabinete de Ministros) están dirigidos por mujeres, mientras que en 2011 ese porcentaje era del 19 por ciento (3 de 16)”, dice.

“Por otra parte, la cantidad de ministerios que están por debajo del 15 por ciento de participación femenina en cargos políticos pasaron de ser 4 en 2015 a 7 en 2016”, agrega.

Además, señala que los niveles más bajos de participación femenina se dan en el nivel de las secretarías: “Sólo el 13 por ciento de las secretarías estaban ocupadas por mujeres en 2011. La misma cifra se repite para 2016. Las subsecretarías, en tanto, presentan los valores más altos para ambos años, con un 27 por ciento de mujeres en 2011 y un 26 por ciento en 2016”.

Otra tendencia preocupante es que las mujeres ocupan espacios políticos en carteras feminizadas, por lo tanto su participación es mínima en ministerios cuyas áreas de trabajo son consideradas “masculinas”. Por ejemplo: Defensa (0 por ciento de participación femenina en cargos políticos en 2016 contra un 11 por ciento en 2011).

Por su parte, en los ministerios que abordan temáticas sociales la presencia femenina es considerablemente mayor. Esto se observa claramente en los de Desarrollo Social (56 por ciento de cargos políticos en manos de mujeres en 2016 contra 50 en 2011), Educación (27 por ciento en 2016 contra un 29 en 2011) y Salud (40 por ciento en 2016 contra 20 en 2011).

Por todo esto, el informe concluye que “el nivel de penetración femenina en los puestos de conducción política del Poder Ejecutivo Nacional es bajo”. Página/12 profundizó en el informe en una entrevista con Agustina Valsangiacomo, analista del Programa de Gestión Pública de Cippec.

–Encontraron dos datos básicos: que las mujeres ocupan menos lugares en cargos altos de ministerios y que además están más abocadas en los tradicionales temas femeninos ¿Qué explicación encuentra para estas tendencias?

–La incorporación creciente de las mujeres al mercado laboral (tanto privado como público) vino acompañada del desplazamiento de la mujer a ciertos ámbitos ocupacionales específicos, habitualmente considerados “femeninos”, que abordan problemáticas asociadas a las tareas y el rol que la mujer desempeñó históricamente en el hogar y que son poco valorados. En este sentido, y con esta pesada herencia, la participación de las mujeres en ámbitos profesionales más “masculinizados” aún es incipiente, aunque se encuentra en ascenso.

–El informe dice que se trata de mecanismos de “segregación ocupacional” ¿para los gobiernos es visto de este modo?

–Creo que muchos de estos mecanismos que hoy operan sobre las mujeres en su desarrollo profesional se encuentran tan arraigados a nuestra cultura que no despiertan la atención de muchos. Esta naturalización se corresponde con que nuestras sociedades responden a patrones culturales propiamente patriarcales que, pese a los enormes avances realizados en las últimas décadas, continúan otorgándole a la mujer un rol principalmente reproductivo. Sin dudas es difícil desnaturalizar, cuestionar y romper con estos estereotipos de género tan arraigados, pero creo que de a poco y con un Estado activo y presente que trabaje la cuestión de género desde una perspectiva de derecho, vamos a lograr generar cada vez mayor conciencia al respecto.

–En estos días la única mujer en la Corte Suprema dijo que no estaba segura de que el cupo fuera necesario para que en la Corte Suprema los cargos vacantes fueran cubiertos por al menos alguna mujer, finalmente fueron ocupados por dos varones. ¿Los mecanismos de discriminación positiva como el cupo y más aún la paridad, son necesarios para transformar esa “segregación ocupacional”?

–En tanto herramienta equilibradora de las desigualdades del sistema político, la ley de cuotas ha cosechado resultados positivos en distintos lugares del mundo, incluida la Argentina. No obstante ello, los resultados positivos de la Ley de Cuotas no están garantizados por su mera promulgación. Puede suceder que se “cumpla con la norma sin cumplir con su espíritu”, es decir, que se coloque a las mujeres en posiciones de la lista en las que tienen ínfimas posibilidades de ocupar efectivamente el cargo. En este sentido, además de establecer una ley de cuotas, para que esta sea efectiva es necesario que se fije una distribución obligatoria, paridad en las listas y sanciones concretas para quienes incumplan.

–¿Qué otros mecanismos o políticas son necesarias para que las mujeres ocupen más espacios de decisión en el ejecutivo?

–Las dificultades que enfrentan las mujeres en el acceso y ascenso en sus puestos de trabajo, excede y trasciende la sanción de una Ley de Cuotas para la administración pública. Si queremos pensar en un mercado laboral que además de paritario sea equitativo es necesario disminuir las desigualdades existentes más primarias e invisibles (techo de cristal). Para esto debemos trabajar en una política nacional de cuidados que alivie la sobrecarga en tareas domésticas no remuneradas que pesan sobre las mujeres, y diseñar políticas que promuevan su autonomía económica y su poder de decisión.

–¿Por qué es importante que las mujeres ocupen puestos de poder en la gestión pública?

–Es fundamental que a la mujer no se la excluya ni limite en sus posibilidades de crecimiento profesional por su condición de género en ningún mercado laboral, ni público ni privado. La baja tasa de participación de mujeres en cargos directivos no es una realidad exclusiva del sistema político, pero colocamos en este caso, especial énfasis en la administración pública porque consideramos que es menester que el Estado oficie de arquetipo de inclusión de género. Hay que evitar el doble discurso. Si el propio Estado reproduce mecanismos de segregación de género, difícilmente pueda romper con aquellos que el sector privado presenta, incluso con niveles más altos. Además, si dejamos rezagado a un sector que representa a más de la mitad de la población y sin la posibilidad de ascenso real en el mercado laboral, desperdiciamos un enorme potencial que incide negativamente en el crecimiento económico del país.