Martes, 9 de agosto de 2016 | Hoy
SOCIEDAD › LA FAMILIA DE LUCAS MUñOZ NO ACEPTó AL LETRADO
La familia del oficial ayudante Lucas David Muñoz, desaparecido hace 25 días en Bariloche, rechazó ayer al abogado Miguel Reto, que le había sido asignado por la policía provincial, contrató defensores particulares y pidió sacar a esa fuerza de la investigación. La familia contrató al estudio de Alejadro Pschunder y Karina Chueri, quienes se presentarán como querellantes en la causa, en la que predomina una trama de corrupción policial, de acuerdo a lo que denunciaron los padres del desaparecido, Alicia Ocares y Benjamín Muñoz, que estuvieron acompañados por Paola y Javier, los hermanos de Lucas.
Chueri informó que ayer fueron recibidos por el fiscal Martín Govetto, que está tratando de desentrañar un caso en el que se sospecha que las autoridades policiales intentando obstruir la búsqueda de la verdad porque estaría en juego la institución. El fiscal les dijo que la fuerza provincial sólo actúa como colaboradora de la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA), que está a cargo de los allanamientos y operativos principales, y que los uniformados bajo sospecha de encubrimiento “están todos apartados y dos de ellos presos”.
“Le sugerimos que aparte totalmente a la policía del caso, porque siguen sin haber indicios sobre lo que le pasó a Lucas, y el mismo fiscal sospecha que siguen actuando en contra, porque cree que el celular que encontraron el domingo fue una pista plantada”, afirmó Chueri. Los abogados pidieron también a la Justicia que deje de darle información del caso a Daniela Rodio, la “presunta novia” de Muñoz, porque también sospechan de su accionar.
“Tiene custodia de Gendarmería Nacional e información privilegiada, cuando para la familia no hay ese trato y hay secreto de sumario. A ella le secuestraron el celular, porque fue la última en estar con él antes de su desaparición. Creemos que sabe más de lo que dice”, señaló Chueri.
La Justicia informó que el juez Bernardo Campana le tomó declaración indagatoria al oficial Federico Valenzuela Campos, uno de los siete policías –entre ellos tres comisarios y un subcomisario– imputados por “encubrimiento agravado y abuso de autoridad”.
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