La pérdida de fuentes de trabajo y de días laborables por suspensiones de los trabajadores formales hace estragos entre las personas que subsisten en la economía informal: cada puesto de trabajo caído repercute de manera negativa en los ingresos de al menos 3,5 trabajadores informales cuyos ingresos se sostienen a partir del trabajo del día a día que generan las changas de quienes están contenidos en la formalidad laboral. Por eso, los diputados de los sectores sociales que promovieron la masiva marcha del domingo desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo en reclamos de soluciones para el sector, presentarán un proyecto de ley para declarar la “emergencia social” por un año con una salario equivalente al mínimo, vital y móvil para los trabajadores de la economía social, que incluye retrotraer para estos sectores los valores de la tarifas de los servicios públicos a noviembre de 2015. En tanto, la oposición parlamentaria intentará unificar las convocatorias (del kirchnerismo y el massismo) para una sesión especial este miércoles en busca de frenar por ley el tarifazo.

El proyecto en el que trabajan contrarreloj los diputados del bloque Peronismo para la Victoria (Movimiento Evita) con el respaldo de Libres del Sur –dos de los tres movimientos sociales con representación parlamentaria que motorizaron la marcha desde la Iglesia de San Cayetano hasta Plaza de Mayo– busca paliar la grave situación con la declaración de la “emergencia laboral” por un año.

La iniciativa consiste –esencialmente– en crear un salario social (solventado por el Estado) equivalente al salario mínimo vital y móvil (hoy de 7300 pesos) para “trabajadores autogestionados organizados individual y colectivamente”. Un régimen que comprendería a “beneficiarios de programas o planes sociales de los gobiernos nacional, provinciales y municipales; de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo; de pensiones no contributivas nacionales, provinciales o municipales”. Además de monotributistas sociales.

El proyecto de emergencia social también propone retrotraer las tarifas de los servicios públicos a noviembre pasado. Así como la bonificación del total de las facturas de luz, gas y agua “que consuman comedores, merenderos, centros comunitarios y de ayuda asistencial” y suspender los aumentos en el transporte público por el mismo periodo.

“Hoy los sectores de menores ingresos no logran satisfacer sus necesidades básicas, la tasa de pobreza habría pasado de 29, a fines de 2015, a 34,5 por ciento en marzo de este año; lo cual significaría aproximadamente 1,4 millón más de pobres con casi 13 millones de personas en la pobreza”, dice un párrafo del extenso fundamento en el que trabaja la diputada Lucila Diponti, del Movimiento Evita.

El brutal aumento en los servicios públicos esenciales también tendrá este miércoles un nuevo capítulo en el Congreso. Una situación que volvería a unificar a todos los diputados del arco opositor en contra del tarifazo si los integrantes de las distintas bancadas logran superar las diferencias que los llevaron a convocar por separado dos sesiones especiales para el mismo día.

La primera fue solicita el jueves pasado por la noche por los bloques del Frente para la Victoria, Peronismo para la Victoria, Compromiso Federal y Frente de Izquierda y los Trabajadores, junto a los monobloques Solidario; Cultura Educación y Trabajo, Movimiento Solidario Popular, Concertación Forja y Proyecto Sur, que incluyen 82 proyectos de ley y de resolución presentados por diputados de todas las fuerzas parlamentarias relacionados con los aumentos en las tarifas.

Pero ayer se sumó otro pedido de sesión especial impulsada por el massista Frente Renovador, junto a Libres del Sur y al que también adhirieron la mayoría de los bloques que también acompañaron la otra solicitud para sesionar este miércoles, apenas media hora antes.

Massa aspira a ser el impulsor –despegándose del kirchnerismo– del proyecto que se propone derogar el decreto presidencial 367 –que dio origen al tarifazo– y dejar sin efecto los aumentos. Y en forma paralela tratar otra iniciativa para crear una comisión para auditara empresas de servicios públicos concesionados, y un pedido de interpelación al ministro de Energía y ex CEO de Shell, Juan José Aranguren.

Aunque si no se logra un acuerdo entre las bancadas opositoras, ambas sesiones podrían fracasar por falta de quórum. El jefe del bloque del FpV, Héctor Recalde, se mostró proclive a llegar a un acuerdo para una convocatoria común, en la que se intentará avanzar hoy en una negociación contrarreloj. “Es hora que todos los representantes del pueblo argentino en el Congreso muestren que tiene las leyes bien puestas”, dijo Recalde ante la consulta de Página/12.