El cura Julio César Grassi, en prisión con una condena a 15 años por abuso sexual y corrupción de niños, desde el 17 de octubre enfrentará una nueva causa por el delito de “peculado”. El sacerdote está acusado de haber pagado el alquiler de dos quintas con fondos de la Fundación Felices los Niños, de la que fue presidente. La causa se abrió, de oficio, en el año 2006, cuando el dueño de la quinta La Blanquita, donde vivió Grassi desde 2003 hasta su detención en 2013, denunció la falta de pago del alquiler de esa vivienda. Si bien ese incumplimiento no es un delito, la causa la abrió de oficio la Fiscalía 1 de Morón cuando se descubrió que los alquileres de La Blanquita y de otra quinta de similares características se pagaban con dinero de donaciones que llegaban a la Fundación ubicada en la localidad de Hurlingham.

Grassi se instaló en La Blanquita en 2003, cuando la Justicia le prohibió que viviera en la sede de la Fundación, donde ocurrieron los delitos sexuales por los que fue condenado. Ante esa situación, el cura convenció al dueño de La Blanquita, Alberto Mirenda, que le alquilara el lugar y que él se fuera a vivir a otra quinta. Los dos contratos de alquiler, al menos por varios años –después dejaron de pagarse– eran saldados con dinero que debía haber sido destinado al cuidado y a la alimentación de los niños de la Fundación.

Grassi será juzgado por el Tribunal Oral Criminal 3 de Morón integrado por Diego Bonnano, Raquel Lafourcade y Mariela Susana Moralejo Rivera. El delito de peculado está previsto en el artículo 263 del Código Penal y forma parte del capítulo VII, referido a la malversación de caudales públicos. La norma se extiende para sancionar también a los desvíos de fondos por parte de los directivos de entidades de beneficencia. Las penas van de 2 a 10 años de prisión.

Se estima que el juicio por peculado tendrá una duración aproximada de diez audiencias y la acusación estará a cargo de los fiscales Marcelo Papavero y Javier Ghessi. El hecho que se le imputa a Grassi data del año 2003, cuando el sacerdote se mudó a La Blanquita, una casa quinta de 7200 metros cuadrados, ubicada frente a la Fundación Felices los Niños, que tenía pileta de natación, cancha de tenis, quincho y otras comodidades. El caso se conoció públicamente en 2009, cuando el dueño de la quinta, Alberto Mirenda, hizo declaraciones periodísticas sobre ese tema.

Sin embargo, en una nota periodística cuyo video todavía se encuentra en Internet, Mirenda negó que existiera la deuda que él mismo había denunciado y que en ese momento llegaba a los 720.000 pesos. “A mí no me debe nada”, dijo en la nota el dueño de La Blanquita. De todos modos, la investigación de oficio de la Fiscalía 1 de Morón siguió avanzando.

Durante la etapa de instrucción, la defensa de Grassi pidió que se le hiciera una probation, para evitar el juicio oral, ya que eso se sumaba al proceso por el abuso sexual por el que fue condenado a 15 años de cárcel. En su primera intervención en el caso, el Tribunal Oral Criminal 3 de Morón, rechazó el planteo por considerarlo extemporáneo, dado que ya se había fijado fecha para el juicio oral.

Junto con Grassi, están imputados en esta causa al menos otros dos ex empleados administrativos de la Fundación, entre ellos el ex policía y ex director de Hogares Juan Domingo Pérez. El nombrado es un personaje siempre cuestionado porque tuvo seis denuncias por violencia familiar, incluyendo un episodio en el cual le levantó parte del cuero cabelludo a un hijo suyo de 8 años. Por esa razón tenía prohibido acercarse “a menos de 500 metros de su ex mujer y de sus hijos”.

Sobre la causa por “peculado de bienes de bien público” en contra de Grassi, fuentes consultadas por Página/12 confirmaron que la malversación de fondos comenzó en el año 2003 “luego de que Grassi quedara procesado y fuera obligado a dejar de vivir dentro de la sede de la Fundación Felices los Niños”.

La etapa inicial estuvo a cargo de la Unidad Funcional 1 de Investigaciones de Morón y se abrió a mediados de 2006, antes de que el dueño de La Blanquita hiciera sus primeras y contradictorias declaraciones a la prensa. Ya en ese año se habían cortado los pagos y los abogados que representaban a los niños y adolescentes que denunciaron por abuso sexual al cura expresaran su preocupación por el hecho de que Grassi tuviera su residencia en frente de la puerta de acceso a la Fundación.

Las fuentes consultadas por este diario señalaron que “está probado que cuando a Grassi le prohíben dormir en la Fundación estuvo un tiempo en San Justo y después su apoderado contrató por tres meses el alquiler de la quinta La Blanquita. A los tres meses el contrato se fue prorrogando reiteradamente, pero un día el dueño se presentó en la quinta porque quería ir a vivir a su casa”.

Fue entonces cuando los allegados a Grassi le alquilaron a Mirenda una vivienda similar a la suya, a tres cuadras de La Blanquita, para que se fuera allí. El problema se generó en 2006, cuando hubo problemas en el pago del alquiler de la nueva vivienda y Mirenda decidió presentarse ante la Justicia para denunciar que lo iban a desalojar de su casa alternativa, porque no cumplieron la promesa de pagar el alquiler. “Eso no era delito, pero ahí surgió que la Fundación habría estado pagando de sus fondos el alquiler de las dos viviendas”, precisaron las fuentes.

El fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, llegó a decir en ese momento que el alquiler pagado por las dos propiedades era de alrededor de 10 mil pesos mensuales, en 2006. La cifra total de la deuda, hasta ese momento, era de unos 720 mil pesos, que ahora debería multiplicarse por efecto de la inflación y por el hecho de que transcurrieron siete años más, hasta que Grassi fue detenido. Por otro lado, Grassi tiene una tercera causa penal, por desviación de bienes y alimentos de la Fundación hacia la Unidad Penal 41 de Campana, donde el cura está detenido.