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El hecho sea, tal vez, uno de los más insólitos generados por el corralito. Un hombre que estuvo detenido sólo 24 horas en noviembre sospechado por un delito menor, y a quien le secuestraron una suma de dólares que tenía en su poder, todavía no pudo recuperar el dinero pese a que una orden judicial dispuso el reintegro y una norma del Gobierno excluyó a los depósitos judiciales de las restricciones financieras. Los billetes verdes quedaron en el Banco Ciudad. Según el denunciante, la entidad le anunció que serán pesificados.
Ayer, Página/12 intentó que el Ciudad diera una explicación, pero no obtuvo respuesta. El episodio fue denunciado por el abogado Armando Murature, que representa legalmente al damnificado, cuya identidad se mantiene en reserva. El protagonista fue detenido bajo cargos de falsificación de marcas y liberado un día más tarde por “falta de mérito”, según precisó Murature. En el momento de la detención, llevaba 640 pesos y 2500 dólares. Ambas sumas se le secuestraron, como es de rigor en esos casos, y quedaron bajo la custodia del juzgado de instrucción encabezado por Julio Lucini, que los depositó en el Banco Ciudad.
De acuerdo con la denuncia, el 2 de noviembre, el magistrado ordenó al Ciudad la devolución de los efectos personales del cliente de Murature, pero el banco no cumplió. La orden fue repetida 25 días después, sin éxito.
Cuando tras reiterados reclamos el hombre intentó recuperar su dinero, se volvió a encontrar con la misma negativa bancaria, bajo el argumento de la vigencia del “corralito”. Siguió insistiendo, sin conseguir la devolución, aunque el Gobierno dictó una disposición por la que excluyó de los alcances de la restricción bancaria a los depósitos judiciales. Según detalló Murature, la respuesta de la entidad fue que sólo le podrían “entregar 300 pesos en efectivo y el resto en un cheque del banco, a la vez que resultaba necesario efectuar la pesificación del monto consignado en dólares”. Con este panorama, el hombre radicó una denuncia ante el juzgado de instrucción número 22, a cargo del magistrado Ismael Muratorio, por el presunto delito de “malversación de caudales públicos y/o los que resulten de la investigación”.