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La Comisión Permanente el Episcopado católico denunció ayer que “tenemos un país frenado por falta de acuerdo y de grandeza de sus actores políticos, sociales y económicos, e incapaz de dar respuesta apropiada a la gravedad de esta crisis terminal”, señaló que la Argentina “no encuentra en sus dirigentes la voluntad suficiente para cambiar los errores que nos han degradado tanto” y tras valorar “el esfuerzo que la Mesa (del Diálogo Argentino) viene realizando” hizo sin embargo, una exhortación “a los poderes del Estado a promover con leyes sabias los acuerdos a los que va arribando la Mesa, para que en forma progresiva y rápida se concreten las reformas que la Argentina necesita”. En el texto se subraya, en especial, la necesidad de “la reforma política y del Estado”.
El pronunciamiento de los obispos fue dado a conocer anoche tras dos días de reunión de la Comisión Permamente del Episcopado, que sesionó bajo la presidencia del arzobispo de Paraná y titular de la Conferencia Episcopal, Estanislao Karlic y de la que participaron en total una veintena de obispos, entre ellos los tres delegados en el Diálogo Argentino, Jorge Casaretto (San Isidro), Juan Carlos Maccarone (Santiago del Estero) y Artemio Ramón Staffolani (Río Cuarto). A la luz de las evaluaciones que se realizan en el seno del Episcopado respecto de la participación de los obispos en el Diálogo Argentino, el documento episcopal puede leerse como una severa advertencia de la jerarquía católica para que la dirigencia política, tanto en el nivel del Ejecutivo como los legisladores, transformen de manera urgente en acciones las recomendaciones surgidas en el Diálogo y plasmadas en acuerdos.
“Hay un vacío de dirigencia que impide encontrar los caminos de la honesta representatividad política, de la equidad social y de la seguridad jurídica” dicen los obispos y sostienen que “es preciso renunciar a las formas inmorales de actuar en la vida pública y a los irritantes privilegios”. Agregan que “también es necesario reparar todo daño ocasionado y restituir todo lo que se haya obtenido ilícitamente”.
Más adelante el documento episcopal subraya que “en los meses pasados todo el pueblo argentino ha sufrido las consecuencias de medidas económicas y financieras muy graves, que han afectado la moneda, al valor y disponibilidad de los ahorros, a las fuentes de trabajo y a las relaciones con los demás pueblos del mundo”. Ante esto aseguran los obispos que “las decisiones económicas también están sometidas a las normas morales” advirtiendo que las medidas tomadas “han herido gravemente la confianza del pueblo en sus dirigentes y en el futuro del país”. Por ese motivo, agregan, “es de desear que sus cargas y consecuencias sean compartidas por todos y en forma proporcional, comenzando por los que más tienen, sean individuos o empresas, nacionales o multinacionales”. En la misma línea de pensamiento se señala que “para exigir tanto sacrificio al pueblo es preciso decidirse firmemente a erradicar la corrupción de la vida política y social, a disminuir drásticamente el gasto político, a encarar la postergada reforma del Estado y a revertir la enorme evasión impositiva de grandes sectores corporativos”. En lo que puede entenderse como una alusión a quienes defienden, entre otras ventajas, las llamadas “jubilaciones de privilegio” los obispos advierten que “quienes gozan de privilegios injustos deben saber que, aunque sean legales, no dejan de ser inmorales”.
En un párrafo que puede leerse como una referencia a los “escraches”, a los cortes de ruta y otras manifestaciones de descontento el documento episcopal precisa que “ante la pasividad de la dirigencia y a su escasa representatividad, es explicable la aparición de formas nuevas de protesta social”. Agregan los obispos al respecto que “si bien en algunos casos (estas manifestaciones) permiten entrever un interés renovado por participar en la cosa pública, en otros son causa de preocupación, pues hieren directamente los derechos de terceros y pueden desembocar en unambiente de anarquía generalizada”. Sostiene la Comisión Permanente que “el enfrentamiento y la descalificación como sistema, incluso mediante el uso irresponsable de los medios de comunicación, se oponen a una convivencia plural y madura”.
Los obispos afirmaron además que “nos parece importante que los organismos internacionales de crédito tengan la comprensión y la responsabilidad necesarias en este momento crítico del país, que presenta signos dramáticos de una creciente pobreza y peligro de enfrentamientos sociales”. En otra parte se hace un nuevo reclamo por fuentes de trabajo y se sostiene que “no hay nada más triste para el trabajador que dejarse despojar de su natural honradez y laboriosidad, y crearse la imagen de ser un perpetuo dependiente de la dádiva ajena”. Finalmente los obispos afirman que “la Argentina debe morir a las concepciones sociales corruptas de la vida política, económica, social y cultural, para que pueda nacer un nuevo país regido por la verdad, la justicia, el amor y la solidaridad”.