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Por primera vez, la historia parecía darse vuelta. Contra la oleada de argentinos que buscan mejor horizonte en otros países, un grupo de personas que portaban carteles con la leyenda “Emigrando a Argentina” hacían cola frente a la embajada del país en la ciudad australiana de Canberra. En realidad, era un grupo de militantes de Greenpeace que alertaban sobre el envío de residuos radiactivos, disfrazados justamente de esos elementos.
Con esta parodia, la organización ecologista criticaba la posibilidad de importación de residuos nucleares, a partir de la venta de un reactor nuclear a Australia. Según denuncia Greenpeace, el convenio firmado entre la agencia nuclear australiana y la empresa estatal INVAP tiene un polémico artículo por el cual Argentina aceptaría tratar el combustible agotado producido por el reactor, una maniobra que escondería el ingreso de residuos radiactivos.
“La debilidad institucional de la Argentina está siendo usada por la ANSTO (organización australiana de tecnología nuclear) para presionar a la Argentina a que ignore su Constitución Nacional y acepte este negocio”, dijo Juan Carlos Villalonga, encargado de Asuntos Nucleares de Greenpeace. En este sentido, los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado están investigando la legalidad de este acuerdo.
Sandra Passerman, una argentina residente en Australia que participó de la protesta, consideró que “los australianos no saben que llevar residuos nucleares al país es contrario a la Constitución Nacional”. La protesta terminó sin incidentes luego de que una delegación de la entidad, encabezada por el coordinador de Asuntos Nucleares Stephen Campbell, fue recibida por el embajador Néstor Stancanelli.