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Para la historia, Laura Padilla es la madre de los piquetes. Seis años atrás lideró en Cutral-Có la primera pueblada del país. Hoy no es un lucha comunitaria la que la impulsa. La pelea es personal, pero puede abrir un camino a otras mujeres que como ella hayan sido víctimas de violencia durante el matrimonio. Laura inició una demanda por daños y perjuicios contra su ex marido para exigirle una indemnización de un millón de pesos por las secuelas que les dejaron los golpes a ella y a sus hijos. La acción judicial –la primera en el país de este tipo– tiene la particularidad de que se realiza a pesar de que Laura firmó un divorcio de común acuerdo que –técnicamente– libera a los cónyuges de futuros reclamos. Pero ella no se amilana. Está convencida de que podrá probar que firmó “condicionada por vivir tantos años atemorizada, con una persona que permanentemente andaba con una pistola”, según relató a Página/12. De prosperar, el caso sentará jurisprudencia. Por ahora, generó polémica (ver aparte).
La denuncia fue presentada en el juzgado Nº 1 de General Roca, provincia de Neuquén, donde Laura vive con sus hijos desde 1996, poco después de finalizado el piquete. Pero el juez Víctor Camperi, a cargo del tribunal, no la ha hecho avanzar. “Creo que hay mala onda con mi demanda. El abogado que lo patrocina a mi ex esposo es hijo de un camarista”, dice Laura. Su ex marido es contador y en los últimos años trabajó para distintas empresas petroleras. Vive en Cipolletti y trabaja en la ciudad de Neuquén. Laura le reclama 1.144.132 pesos. El monto surge de sumar una serie de conceptos. Entre otros, el costo de una terapia familiar e individual para ella y cada uno de los tres hijos de la pareja, para tratar las secuelas de los malos tratos que sufrieron; el daño moral que implicó la violencia para los cuatro; el lucro cesante por el dinero que ella no pudo ganar durante el matrimonio debido a que él la presionó para que renunciara al puesto administrativo que Laura tenía en la Caja de Subsidios Familiares de Roca. “A los chicos no los ve desde 1995”, señala Laura.
Las pruebas
Durante los nueve años que duró el matrimonio, la familia llevó una vida de clase media. Tenían casa propia en General Roca, dos autos nuevos, obra social de primer nivel, viajes, comidas en restaurantes. Pero a partir de la separación definitiva, en julio de 1993, el nivel de vida de Laura y sus hijos cayó estrepitosamente, al punto de que los chicos se quedaron sin cobertura médica, almorzaban en el comedor de la escuela y se vestían con ropa usada donada por Cáritas. Su ex marido no le pasaba dinero o lo hacía en cuentagotas y ni siquiera le proveía de obra social, aunque trabajaba en muy buenos empleos, según sostiene Laura. La demanda por daños y perjuicios, en realidad, no sólo es por las secuelas que les dejó la violencia, sino también por las consecuencias del brusco descenso en la calidad de vida familiar. “Los chicos sufrieron un cambio de nivel de vida terrible. El no me dejó nada, ni la casa”, describe Laura.
El corazón de la novedosa presentación es otro juicio –penal– que la mujer ya le ganó por “amenazas e insolvencia alimentaria fraudulenta en concurso real”, por el cual su ex marido fue condenado a dos años y dos meses de prisión en ejecución condicional. Recién a partir de que el fallo quedó firme, en 1998, J. D. empezó a cumplir religiosamente con la cuota de alimentos fijada en 690 pesos.
En el expediente se probó que J. D. la amenazó en una oportunidad con matarla y en otra con pegarle, para persuadirla de reclamar la cuota alimentaria después del divorcio. En ambos casos, depuso su actitud ante la presencia de policías convocados por la mujer. “Las amenazas las sufrí más de veinte veces, pero esas dos fueron las únicas en las que tenía testigos”, aclara Laura. Durante el juicio también se comprobó que J. D. buscó esconder sus ingresos y sus bienes –sugestivamente renunció a untrabajo con un buen sueldo y enajenó a su hermana la porción hereditaria correspondiente de bienes paternos– para declararse insolvente, una estrategia a la que suelen apelar los hombres que pretenden escapar a su obligación legal de pasarles un cuota alimentaria a sus hijos.
Más allá del relato de Laura sobre los años de violencia vividos junto a su ex, hay distintos elementos que prueban sus palabras. En el mismo fallo que confirmó la condena a dos años y dos meses de prisión en suspenso, los camaristas dieron como probado el mal trato físico que Duscovich le dio durante el matrimonio. Incluso, en la causa consta un certificado médico que acredita la existencia de “lesiones leves” y también una constancia del centro de tratamiento Violencia Familiar de General Roca, donde Laura fue atendida. En su sentencia, los camaristas destacaron que “el relato de la víctima en audiencia en relación al punto fue contundente e impresionó como veraz en cuanto al temor y humillaciones sufridas por ella y sus hijos”.
Los golpes
Laura y Juan se casaron en 1984 después de cuatro años de noviazgo. Laura ya tenía una hija, Paula (hoy tiene 23 años), que él aceptó como propia y juntos tuvieron dos varones, Guillermo, de 17, y Miguel Angel, de 14. Hasta 1989, cuando se trasladaron a Cutral-Có por cuestiones laborales de él, la familia vivió en General Roca.
Según relata en la presentación judicial y cuenta a Página/12, los años de convivencia fueron negros, signados por las agresiones físicas, verbales y emocionales. “Como la mayoría de los hombres violentos –ahora lo sé–, me empezó a golpear durante un embarazo, cuando esperaba a Guillermo”, recuerda la mujer. Ella hizo la denuncia y se distanciaron momentáneamente.
“Durante los embarazos me golpeaba. Nos separábamos y después él volvía arrepentido. La última separación que tuvimos antes de la definitiva fue cuando nació el nene más chico. Yo ya no quería que él volviera a casa. No sólo me pegaba a mí, sino también a los chicos. Guillermo tenía dos años y medio y, si no quería comer la comida, lo obligaba a quedarse afuera de la casa, aunque fuera invierno, hasta que terminara el plato, y si lo entraba porque yo le suplicaba, lo sentaba a los pies de la cama y hasta que no comía no se podía ir. Y Guillermo hasta el día de hoy tiene problemas graves de alimentación. Determinados alimentos, como la carne, no los puede digerir”, puntualiza. Laura –dice– se cansó de denunciarlo por violento en la comisaría. Algunas veces el oficial de guardia tomaba sus palabras en cuenta, pero muchas las desestimaba y se burlaba. “Las instituciones también me deben un resarcimiento –exige Laura y ésa, seguramente, será su futura batalla–. ¿Dónde estaban mientras yo denunciaba? Tengo como testigos a los vecinos de cómo a la noche él venía y me apedreaba la casa. Yo denunciaba, pero a mí los empleados de la Justicia me abandonaron porque nunca hicieron nada para protegerme”.
El divorcio vino después de una última golpiza, relata Laura. Ella se fue de la casa y lo volvió a denunciar, fortalecida en parte porque hacía algunos meses que había empezado a participar de un grupo de ayuda mutua de mujeres golpeadas, al que concurría a escondidas y se lo había recomendado un médico que la atendió por otros golpes. “Me hizo firmar el divorcio a cambio de darme las llaves del departamento. Imaginate, hacía una semana que estaba con los chicos en la calle. Ellos dormían en la casa de una vecina y yo me la pasaba encerrada en una iglesia porque no sabía a dónde ir”, recordó.
Aunque Laura y sus hijos dejaron de convivir con J. D., sus padecimientos no terminaron. “Hasta 1993 teníamos una persona violenta dentro del hogar. A partir de que nos divorciamos, empezamos a sufrir otro tipo de violencia: no nos pasaba ni un peso”, señala la mujer. Desde que fue condenado penalmente por no pasar alimentos, J. D. cumple con la cuota. Pero la violencia persiste. “Los chicos lo llaman por teléfonoporque lo quieren ver y primero les decía que no hasta que me convencieran de que retirara las denuncias en su contra. Ahora les dice que yo tengo que ir a hacer un acta a Neuquén diciendo que todo por lo cual lo condenaron es mentira. Sigue siendo una presión psicológica para los chicos impresionante”, apunta la mujer.
Aunque por el hecho de haber firmado el divorcio de común acuerdo perdió teóricamente el derecho de reclamar legalmente una indemnización por padecimientos durante el matrimonio, Laura está convencida de que puede probar que lo firmó contra su voluntad y bajo el efecto de lo que se conoce como síndrome de Estocolmo, un cuadro característico de las personas que han sido víctimas de violencia (ver aparte). De prosperar, el caso sentaría jurisprudencia y sería un antecedente muy valioso para que otras mujeres en situaciones similares puedan recibir un resarcimiento económico por los padecimientos vividos, como ocurre con las víctimas de accidentes de tránsito. El de Laura será un caso testigo.