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La lista de casos insólitos en la Justicia argentina parece no tener fin. Una denuncia de un abogado que acusaba al gobierno de Eduardo Duhalde -que concluyó hace más de un año– de ilegítimo llegó hasta la Corte Suprema. El denunciante no tuvo suerte: el máximo tribunal decidió desestimar el planteo. Igual, el hombre ni alcanzó a ver la resolución de la Corte: el abogado fue asesinado por su esposa hace más de un año. Tal como anticipó Página/12 hace una semana, “en el país existe el principio de legalidad, que obliga a investigar toda denuncia”, según coinciden los especialistas en derecho constitucional. Este diario tuvo acceso a un proyecto presentado por el Gobierno en el Senado, hace muy pocos días. El proyecto pretende instalar en Argentina el principio de oportunidad, por el que se permite seleccionar qué denuncias ameritan una investigación y cuáles no. El principio de oportunidad también genera polémica: muchos especialistas temen que el sistema se transforme en una trampa para congelar casos.
El proyecto, firmado por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, busca que los fiscales puedan desestimar la denuncia, antes de que llegue a manos del juez. A la hora de enumerar denuncias y casos ridículos, las historias se multiplican. El lunes pasado, Página/12 informó sobre los casos insólitos que llegan a la Justicia, y la posición de los constitucionalistas al respecto. Los expertos sostienen que en Argentina “no se puede hacer una diferenciación previa de casos antes de llegar al magistrado”. Esto hace que el aparato judicial deba ponerse en marcha tanto para causas como AMIA o IBM-Banco Nación, como por la sustracción de un sandwich de jamón y queso en un juzgado, cuando en Argentina “cada juicio le cuesta al Estado entre 10 y 15 mil pesos”, según aseguró el subsecretario de Política Criminal de la Nación, Alejandro Slokar.
El texto que el Gobierno giró recientemente al Senado prevé la incorporación del criterio de oportunidad al Código Penal. Según el proyecto, los fiscales podrán determinar qué denuncia no justifica una investigación. Slokar aclaró sobre el punto más criticado del criterio de oportunidad: “No se tiende a caer en resoluciones arbitrarias”, dijo el funcionario. Para evitarlo, la decisión de la fiscalía será supervisada por el juez. Y en caso de que el magistrado no esté de acuerdo con su decisión, el caso se remitirá a un fiscal superior que tomará la resolución final.
El proyecto contaría con el visto bueno de la Comisión de Legislación Penal del Senado, por la que deberá pasar en primera instancia el proyecto. Según indicaron fuentes del Gobierno, la iniciativa contaría con el respaldo del titular de la comisión, el radical Jorge Agúndez, de los justicialistas María Laura Leguizamón y Mabel Müller, y la frepasista Diana Conti. También recibió el apoyo de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y de procuradores generales de 13 provincias del país. El sistema ya funciona, además, en las provincias de Mendoza y Buenos Aires.
“Este proyecto apunta a resolver un problema estructural de la Justicia argentina –señaló Slokar–, en el marco del Plan Estratégico de Justicia y Seguridad que puso en marcha el Gobierno. Tal como está ahora, la estructura hace que la Justicia se preocupe por el sandwich de Galeano y no por el caso AMIA.” El “pebete federal” fue una de las causas más resonantes de la Justicia local. La mayoría de los empleados de Comodoro Py aún recuerdan cuando el 24 de mayo de 1994 el juez federal Juan José Galeano denunció a un hambriento detenido por haber comido el especial de jamón y queso que pertenecía a un empleado del juzgado.
El texto que giró el Gobierno permite, de todos modos, que la víctima pueda transformar la acción pública en acción privada. Así, el denunciante puede contratar un abogado en forma particular para tratar de que la causa continúe su marcha. El proyecto indica que los fiscales podrán desestimar la denuncia cuando se “trate de un hecho de poca relevancia social por laescasa afectación del bien jurídico protegido”. Quienes cuestionan el sistema consideran que el punto es a qué se considera de “poca relevancia social”.
La denuncia también podrá ser desechada cuando el imputado “haya sufrido, a raíz del hecho culposo, un daño físico o moral grave, que tornara desproporcionada la aplicación de la pena o desvirtuara su finalidad”; cuando la pena “correspondiente al delito de que se trate carezca de importancia en consideración a una pena ya impuesta por otro delito; o cuando el imputado se halle afectado por una enfermedad incurable en estado terminal, según dictamen pericial, que ponga en riesgo directo su vida, en consideración a las circunstancias del caso”.
De todos modos, el texto aclara que cuando el hecho “fuere cometido por un funcionario público en ejercicio no se aplicará el criterio de oportunidad”, por lo que la investigación deberá ser puesta en marcha.
La iniciativa “pretende lograr un sinceramiento en el sistema judicial, porque actualmente en los juzgados se implementa el criterio de oportunidad, aunque no esté reglado”, explicó Slokar. El proyecto también apunta a “reducir la distorsión existente en las estadísticas que grafican el número de denuncias que ingresan y la cantidad que llegan a juicio”, resaltó. “Si investigamos todo, no investigamos nada. Y tal como dijo el presidente (Néstor) Kirchner, tenemos que dejar de perseguir ladrones de gallinas”, sentenció el subsecretario.

Informe: Maricel Seeger.