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El señor de la pensión es un jubilado. No tiene plata y, entonces, se gana cinco pesos alquilándoles cuartos a los clientes de tres adolescentes detenidas todos los días frente a la puerta de su casa. Habitualmente se porta bien, dicen las chicas. Les cobra cinco pesos menos que los hoteles alojamiento y, además, en su casa se sienten protegidas menos cuando llega la policía. Cuando la Jefatura de la Unidad Regional número 9 ordena operativos, el viejo se entera antes que ellas. Como si todo fuese parte de un negocio naturalizado desde la doble moral de una ciudad con características de pueblo grande, los operativos se disparan sólo ante una denuncia pública como la que difundió Página/12. El lunes a las seis de la tarde, un patrullero le golpeó la puerta al señor de la pensión de las chicas: “Esta noche hay razzia –le dijeron–: no dejes entrar a las chicas”. Las chicas, entre ellas tres menores, una embarazada, pasaron toda la noche detenidas. Otra fue derivada a un instituto de menores. Anoche seguían las razzias en la circunvalación y en el centro.
La publicación del informe sobre la niñez prostituida escandalizó a Río Cuarto. El lunes, durante todo el día, hubo debates en las radios, llamadas de oyentes, opiniones, enojos y desmentidas de altos funcionarios del Ejecutivo y de la Justicia local. Nadie puso en discusión los documentos, los testimonios ni las imágenes. Sino los números y esa forma de visibilizar uno de los gravísimos problemas internos que intenta silenciarse con la detención y la cárcel no de los clientes, sino de las víctimas.
El intendente Benigno Rins, jefe de la comuna de Río Cuarto durante los ’90 y reelegido en julio de este año, lo dijo así después de desayunarse con la tapa de Página/12: “Tengo la misma sorpresa que todos. En mi modestísima opinión, el tema no tiene la entidad que se le está dando. La prostitución es un tema que me preocupa y de ninguna manera creemos que somos la excepción del país. No digo que no haya prostitución de menores, pero no tengo parámetros para decir que somos los mejores o los peores”.
La semana pasada la Policía Federal buscaba en Río Cuarto pistas sobre la entrerriana Fernanda Aguirre. Cuando este diario consultó los motivos, uno de los investigadores dijo: “Hay dos centros de prostitución infantil importantes, uno es Rosario, el otro Río Cuarto”. Las chicas de 15, 16 y 21 años entrevistadas durante el fin de semana no estaban escondidas. Tenían su parada en uno de los bulevares del centro. Una de las fundadoras del proyecto Angel, un programa de recuperación de niños en riesgo, diagnosticó en un relevamiento hace tres años la presencia de 300 chicas prostituidas en esta ciudad de unos 150 mil habitantes. Ayer, el juez de menores José Varela, ante una consulta de Página/12, respondió: “La cifra de los 300 casos creo que está totalmente sobredimensionada”. Después de un repaso, notó que en su juzgado los casos registrados eran apenas de 16. En la mayor parte de los casos, los datos no surgen del trabajo directo del juzgado, sino de las pocas denuncias de particulares y de los procedimientos policiales como el del lunes pasado. La policía cordobesa sigue manejándose como lo hacía la Federal en la era de los edictos policiales. El Código de Faltas les permite levantar a los caminantes bajo la figura del merodeo y a las menores por infracción al código 44: según el juez Varela “penaliza el ejercicio de la prostitución escandalosa”. Ninguna de las menores que cayeron presas después de la impresionante razzia policial del lunes provocaba escándalos. Eran menores de edad, y a esa hora se escapaban de la policía.
“Le aseguro que las dos menores detenidas pasaron la noche calentitas en una oficina de la Unidad Regional”, le explicó el juez a una de las personas que trabaja en el proyecto Angel. Le aseguró además que sólo eran dos, y que una de ellas, embarazada, había pasado la noche detenida porque su familia no aparecía.
Página/12 reencontró a una de las detenidas. Las menores no eran dos sino tres. Las tres, que habitualmente paraban en la pensión del bulevar Roca, fueron levantadas por un patrullero después de las diez de la noche. “Entramos, nos revisaron y después me llevaron a una celda y nos tuvieron toda la noche ahí. En un colchón que estaba todo echo pis, y con una cobija. Entraba aire por todos lados, estaba todo sucio. Les pedimos ir al baño y no nos dejaron. Recién a las nueve y cuarto de la mañana, nos dieron quince minutos para lavarnos la cara”, dice una de las chicas.
Una de ellas, la que está embarazada, “tuvo que hacerse la descompuesta y llorar para que me dejen ir a casa”. Una de las cinco adultas detenidas tuvo convulsiones. “El policía no quería venir ni llamar al médico, la chica se cayó para atrás, tiritaba y gritaba que por favor vinieran y la ayudaran.”
A las más chicas les preguntaron si eran las que habían salido en el diario. A una de ellas, el juzgado decidió trasladarla a un hogar de la ciudad de Córdoba. Según el juez, la decisión se tomó porque “tenía 16 entradas en la policía y una familia que no garantizaba su contención”. La familia suplicó ante el magistrado para impedirlo. A la tarde partía castigada a la capital de Córdoba. El resto sabe que no podrá trabajar en la calle hasta que no pase el temblor de la denuncia. En este mismo momento se preguntan quién y cómo van ganarse el dinero que sacaban todos los días.
El dueño de la pensión está en su casa. Con las puertas cerradas, y tranquilo.