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La presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Horacio Rosatti, ante las comisiones de Justicia, Familia y Minoridad y Legislación Penal de Diputados fue anunciada como una presentación del flamante funcionario. De todas formas, también fue leída por los legisladores como otro de los gestos que está realizando el Gobierno para disminuir el efecto político de la nueva marcha convocada por Juan Carlos Blumberg. En ese marco, Rosatti se encargó de precisar las prioridades de la gestión de Néstor Kirchner en el capítulo judicial.
En ese sentido, Rosatti se preocupó en destacar que los juicios sumarísimos para delitos flagrantes y el programa de protección de testigos son dos de los proyectos que más le interesan al gobierno nacional. Se mostró proclive también a la necesidad de avanzar en un programa integral para menores –que va más allá de la simple baja de la edad de imputabilidad como proponen algunos legisladores del PJ y de otros bloques como Mirta Pérez– y la implementación del juicio por jurados. Sobre estos dos puntos, el ministro aclaró que están considerados como “prioridades a mediano plazo”.
Sobre los dos primeros temas, Rosatti solicitó a los legisladores tratar de avanzar en el tratamiento que ya cuenta con media sanción del Senado. En tanto, con el tema de los menores se preocupó en remarcar, diferenciándose del reclamo de Blumberg, que no se trata simplemente de una cuestión de edades, sino que debe ser abordado desde “un enfoque global que incluya una nueva infraestructura y la creación de equipos interdisciplinarios para tratarlos” porque consideró que “hay que tener un sistema muy específico, que permita una instancia superadora, de lo contrario podríamos estar generando un delincuente en potencia”, dijo.
En este punto en particular, el ministro buscó diferenciarse de su antecesor Gustavo Beliz. Señaló que no comparte la metodología de “cortar y pegar” proyectos de legisladores para armar uno que lleve la firma del Ejecutivo, justamente una de las críticas que se les hizo a las iniciativas parlamentarias de Beliz. Es ante esta situación que anunció que el Gobierno no iba a remitir un proyecto en el tema de los menores y dijo que esperaba que “los diputados puedan consensuar” la mejor ley.
Esta posición fue criticada por la diputada del ARI Laura Mussa, quien vio con preocupación el hecho de que el Gobierno –de alguna manera– se desentienda en este espinoso capítulo de las exigencias de Blumberg. No fue la única, las críticas también provinieron de Silvia Martínez (PJ-Buenos Aires) y la socialista María Elena Barbagelatta.
Ante una consulta de Página/12, Rosatti consideró que los legisladores no son permeables a las exigencias de la opinión pública, sino que “tienen la capacidad para formular proyectos superadores que necesita la sociedad para funcionar adecuadamente”.
En cuanto al juicio por jurado, para el cual existen proyectos tanto en Diputados como en el Senado, fue objetado por el socialista Héctor Polino. El legislador recordó que este sistema, ampliamente difundido en Estados Unidos, no es perfecto, que en más de una oportunidad se cometieron gruesos errores y citó a modo de ejemplo la condena a muerte de los anarquistas Sacco y Vanzetti, a principios del siglo veinte.