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El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, adoptó ayer una serie de medidas fuertes en relación con el secuestro de la adolescente Fernanda Aguirre: por un lado, anunció el relevo de 18 oficiales de la policía provincial, sospechados de desviar la investigación del caso, y por otro dispuso un sumario administrativo contra un comisario general en disponibilidad, quien les habría propuesto un extraño acuerdo a los padres de Fernanda, para que impulsaran su ascenso a cambio de que él resolviera el caso. Busti, además, pidió formalmente al fiscal federal Mario Silva, que tiene a cargo la causa por el secuestro de la adolescente, que cite a declarar al comisario y a su asistente.
Según informó el jefe de la policía provincial, Ernesto Geuna, el sumario iniciado contra Hugo Rodríguez (comisario general actualmente en disponibilidad, ex jefe de policía de Concordia y ex jefe de la División Toxicología de la provincia) podría terminar en su destitución del cargo. Geuna reconoció además la existencia de entre “15 a 18 oficiales” que intentaron desestabilizarlo en el cargo y que por esta acción serán pasados a “retiro obligatorio”. Todos cumplían funciones en el gobierno anterior y habían sido pasados a disponibilidad.
Geuna indicó que “se dispuso efectuar un sumario acelerado para que se reúnan los antecedentes y se evalúen las acciones de Rodríguez. Con los elementos que se recolecten y de la posterior declaración de este señor se puede tomar la decisión, incluso de llegar a destituirlo de la fuerza”.
Informes periodísticos que circularon en los últimos días involucran a Rodríguez en una presunta propuesta a los padres de Fernanda, para esclarecer el caso a cambio de que un amigo suyo –con supuestos antecedentes delictivos– cobrara la recompensa de cien mil pesos ofrecida por el gobierno nacional y él mismo fuera impulsado como nuevo jefe de la policía entrerriana.
El domingo pasado Rodríguez citó a los padres de Fernanda en la ciudad de Concordia, donde les aseguró que la adolescente está en una quinta situada en las afueras de Concordia, a 265 kilómetros al noroeste de Paraná. Ese mismo día, la noticia llegó a Busti, quien todos los domingos se traslada hacia la casa de los Aguirre, en San Benito. Visita que no pudo concretar ese domingo porque los padres se encontraban a kilómetros de ese lugar, escuchando la versión de Rodríguez.
Tras el episodio, Busti citó a Rodríguez, quien repitió al mandatario la versión, y además le pidió ser nombrado jefe de policía, en reemplazo del actual comisario Ernesto Geuna, bajo la promesa de resolver el caso. Rodríguez pidió también a Busti que, como condición para esclarecer el secuestro, se le pague a su asistente, Roberto Chorne –quien tendría antecedentes penales–, la recompensa de 100 mil pesos ofrecida por el Ministerio de Justicia de la Nación a quien aporte datos del caso.
Al respecto, Geuna enfatizó: “No podemos permitir que un hombre con jerarquía actúe de la forma en que actuó. Cualquiera puede pedir ser el jefe de policía a propuesta de cambio de algo, pero rayando con la delincuencia no puede presentar a un hombre con antecedentes para reclamar el pago de la recompensa”.
Ante esta situación, Busti solicitó al fiscal que cite a declarar a Rodríguez y a Chorne, en un escrito donde expresó que podría tratarse de “una maniobra de carácter ardidosa o coactiva que podría constituir un delito de acción pública, independiente del objeto de esta investigación.
La otra conclusión es que tanto Rodríguez como Chorne tengan conocimiento, datos o elementos concretos para aportar al esclarecimiento de esta causa, por lo que será importante incorporar los respectivos testimonios al expediente”.