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Los legisladores porteños tienen en sus manos un proyecto que despertará polémica: la creación en la ciudad de Buenos Aires de un registro especial de antecedentes de condenados por delitos contra la integridad sexual. La iniciativa, presentada ayer por el diputado macrista Helio Rebot, no sólo apunta a que el nombre y apellido de las personas que hayan cumplido condenas por violación estén al alcance de cualquier vecino de la ciudad, a través de su publicación en Internet, sino que obliga a las personas registradas a notificar a las autoridades cada vez que cambian de domicilio. El modelo de este proyecto es la legislación vigente en Estados Unidos, conocida como “Ley Megan”, y en el plano local, una propuesta similar que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y está en tratamiento en el Senado.
“Las estadísticas indican que el nivel de reincidencia de este tipo de delitos es superior al 75 por ciento”, argumentó Rebot al presentar su proyecto. El legislador admitió que la creación del registro estigmatiza a estas personas que ya cumplieron su condena, pero estimó que “entre el derecho a la privacidad y la seguridad pública, debe privilegiarse a esta última”.
Especialistas, funcionarios, legisladores de distintos bloques y especialistas, consultados por este diario, cuestionaron el proyecto pero no lo rechazaron de plano.
La psicóloga Ester Romero opinó que “el problema no se resuelve haciendo un registro sino revisando qué tipo de tratamiento reciben estas personas cuando están en la cárcel, que las hace salir peores de lo que eran cuando ingresaron”. Para la especialista, una solución de este tipo es como “apagar un incendio con un vaso de agua: hay que reestructurar el sistema penitenciario, con una asistencia psicoterapéutica eficaz para estas personas”.
El secretario de Justicia y Seguridad de la ciudad, Juan Carlos López, opinó que “se trata de un proyecto regresivo, aunque no lo descalificaría a priori”. Sin embargo, dudó de la efectividad de crear un registro: “Según las estadísticas, la mayor cantidad de casos de violación se produce puertas adentro, y los autores son novios o padrastros. Los casos de los violadores seriales, como el de Córdoba, son mínimos. Y el nivel de condenas en estos casos es ínfimo”.
El diputado Fernando Melillo, del ARI, opinó que “no parece ilógico que haya un sistema de prevención para este tipo de conductas, que suelen ser reiterativas, aunque no deberían afectarse los derechos de los ciudadanos involucrados”. “Si bien estas personas ya han completado su condena, es verdad que hay una tendencia importante a la reincidencia y debe tomarse alguna prevención.” Sin embargo, puso reparos a la publicidad de ese registro. Por su parte, Silvia La Ruffa, del kirchnerista Frente para la Victoria, estimó que la existencia de un registro “generaría una psicosis colectiva”. “Como la mayoría de los casos de abuso se registra dentro de las familias, el registro público de los condenados no ayudaría a la reinserción social de la víctima.” Tanto Melillo como La Ruffa advirtieron sobre la dificultad para elaborar el registro, ya que los delitos contra la integridad sexual no pertenecen a la órbita de la ciudad.
El diputado Jorge Enríquez, de la línea dura del macrismo, se manifestó de acuerdo con la propuesta, pero advirtió que “no puede hacerse una publicidad masiva de las personas registradas, a través de afiches o publicaciones masivas, porque se supone que ya han pagado su deuda con la sociedad”.
El proyecto de Rebot dispone que la ciudad debe “garantizar a sus habitantes el acceso a toda información relevante acerca de personas que hayan sido condenadas por delitos contra la integridad sexual”. En ese registro, además de nombre y apellido, deben constar las señas particulares, foto, huellas dactilares y el ADN de la persona registrada, como así también su domicilio actualizado. “Si la persona que figura en el registro cambia de domicilio y no lo notifica, será sancionada con multa de hasta 6000 pesos o hasta 30 días de arresto”, explicó Rebot.
“Tenemos derecho a saber si el portero del jardín de infantes o el peluquero donde van nuestros hijos tienen antecedentes por delitos sexuales”, argumentó el diputado de Compromiso para el Cambio. “Suelen ser reincidentes y suelen ocultar su delito matando a su víctima.”
–¿Ha pensado, además, en alguna propuesta para la reinserción de estas personas? –preguntó este diario.
–La reeducación de los condenados es competencia de la legislación nacional.
La propuesta se inspira en la denominada “Ley Megan” –por el nombre de la niña Megan Kanka, asesinada por un violador en Estados Unidos–, promulgada por Bill Clinton en 1996 y vigente en algunos estados norteamericanos.