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La mejor arma es el desarme: así puede resumirse la estrategia de un conjunto de ONG que impulsa un plan nacional para reducir al mínimo la cantidad de armas en manos de particulares. Se trata de habilitar, para quien tenga un arma en su poder, la posibilidad de entregarla al Estado, que –y esto es esencial, sin preguntar cómo fue conseguida el arma– la recibe, la destruye y retribuye al que se desarma con una suma en dinero o en bienes como, por ejemplo, computadoras. Pero el plan no termina ahí, sino que requiere una reorganización del sistema de control de armas en la Argentina. Las ONG –a punto de nuclearse como Red Argentina para el Desarme– denuncian que el Renar (Registro Nacional de Armas), lejos de ejercer un control limitativo, “de hecho promueve la adquisición de armas por la población civil”, y denuncian que esa repartición “se financia mediante el otorgamiento de credenciales de ‘legítimos usuarios’: entonces, cuanto más armas se venden y registran, más plata entra al Renar”. Las entidades denuncian también “falta de controles y auditorías en depósitos de armas judiciales y de fuerzas de seguridad”. El proyecto para que la población civil se desprenda de sus armas pondría a la Argentina en línea con el exitoso plan que desarrolla Brasil (ver nota aparte), y una versión que fue implementada durante más de tres años en la provincia de Mendoza, donde logró reducir las muertes por armas de fuego un 18 por ciento en dos años.
Entre las instituciones que impulsan la formación de la Red Argentina por el Desarme se encuentran el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), el área de Planificación Participativa de Flacso, la Red Solidaria, la entidad Espacios, la Asociación por las Políticas Públicas (APP), la Asociación Civil Casa del Sur, de Santa Fe y la Fundación Moisés Lebensohn, entre otras. Darío Kosovsky, coordinador de Inecip, advirtió que “el plan no se agota en la incautación de armas, en la línea del modelo que viene funcionando en Brasil (ver nota aparte), sino que, como también sucedió en ese país, requiere una profunda reorganización de los organismos de control”. Las ONG coinciden en cuestionar fuertemente al Registro Nacional de Armas (Renar), que “en los hechos está promoviendo la adquisición de armas por la población civil”, denunció Kosovsky.
El mecanismo sería éste: “Aunque parezca increíble, el Renar, dependiente del Ministerio de Defensa, se financia mediante el otorgamiento de credenciales de ‘legítimos usuarios’: entonces, cuanto más armas se venden y registran, más plata entra al Renar”, explicó Kosovsky. “Pero lo más grave –agregó– es que las registraciones están tercerizadas en los propios fabricantes y vendedores de armas, reunidos en la Asociación de Industriales de Caza y Pesca (Aicacyp): uno compra en una armería afiliada a esa entidad y ellos mismos se encargan de facilitar el trámite.”
Sidonie Porterie, investigadora de Flacso, destacó que “el Renar no tiene por qué depender del Ministerio de Defensa: el tema de las armas en manos de particulares es una cuestión de seguridad interior y la fiscalización corresponde en todo caso a la Secretaría de Seguridad del Ministerio del Interior”.
Gabriel Conte, actual titular de la ONG Espacios, como viceministro de Seguridad en Mendoza entre 2000 y 2003, participó en la única experiencia oficial de recolección de armamento civil en la Argentina, donde se retiraron de circulación 2500 armas: “Entre 2001 y 2002, la cantidad de muertes por armas de fuego bajó un 18 por ciento en la provincia”, cuenta, y lamenta el hecho de que “luego del cambio de autoridades, el plan se discontinuó”. Conte afirmó que “la sociedad argentina está demasiado armada: porque es fácil acceder a las armas, porque los controles son laxos y varían en cada provincia. Hay 2.200.000 armas legalmente registradas; es imposible conocer la cantidad de armas ilegales, pero en su momento los ministros de Justicia Gustavo Beliz y Juan José Alvarez lashabían estimado en más de 2 millones. Lo importante es que todas las armas ilegales han sido legales: no se fabrican armas ilegales, todas llevan número de serie, están registradas; por robo o venta clandestina, pasan a la ilegalidad”.
Las ONG también destacaron la falta de control en los depósitos oficiales de armas: “Los stocks de armas que en cada provincia decomisa el Poder Judicial deben ser destruidos. Y las fuerzas de seguridad es como si nutrieran de armamento a la delincuencia, porque sus depósitos son fáciles de robar. Cuando fui funcionario (en Mendoza), descubrí que en 30 años no se había hecho una auditoría del arsenal policial y resultó que faltaban más de 500 armas. Se han encontrado armas militares argentinas en poder del crimen organizado, incluso en Río de Janeiro”, señaló Conte.
Las ONG invitaron especialmente, para que participe en la fundación de la Red por el Desarme, a Lidia de Burry, la profesora jubilada de 76 años que por sí misma, en poco más de dos años, logró retirar de circulación más de 350 armas en barrios de La Plata: ofrece entre 100 y 200 pesos, las lleva a un herrero que las inutiliza y las entrega a las autoridades.