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Los jueces de menores de la provincia saltaron para defenderse de las denuncias de Juan Pablo Cafiero, que los acusó –tal como anticipó Página/12 en su edición de ayer– de encerrar en cárceles o institutos a los chicos que la ley considera inimputables porque no llegan a los 16 años. Según los jueces, el ministro de Desarrollo Social los denuncia “por ignorancia o por mala fe, o probablemente por las dos cosas”. Argumentaron que la culpa del encierro de los chicos en esas condiciones es del Ejecutivo, que no tiene recursos ni brinda alojamientos alternativos. Pero no rebatieron el punto central de la crítica: que en verdad esos chicos no deberían estar encerrados en ninguna parte, precisamente porque no son imputables. La Suprema Corte provincial tomó cartas en el asunto: su presidente, Eduardo Di Lázzari, convocó a todos los jueces y defensores de menores a una reunión extraordinaria para el lunes próximo. Un dato, en tanto, demostró la efectividad de la polémica: en sólo tres días, los jueces, mientras en público dan batalla, en los hechos liberaron a 100 de los 323 menores detenidos en comisarías.
La denuncia de Cafiero está en manos de la procuradora María del Carmen Falbo, que ayer la giró hacia la Corte. Los jueces implicados respondieron, pero no pusieron en discusión la cuestión de fondo. El juez de menores de La Matanza Rodolfo Brizuela es uno de los acusados. Hasta el miércoles a la noche tenía detenidos en comisarías a 28 menores; ayer había liberado a dos. “El ministro acusa sin saber”, dijo Brizuela a este diario. “Los chicos están allí porque durante todo el mes de octubre estuve de turno. Le pedimos lugares en institutos a la Subsecretaría de Minoridad de la provincia, pero no tienen lugar. En un caso me contestaron que estaba en el número ciento y pico de una lista de espera.”
Para los hombres de Cafiero, llevar la discusión a la falta o no falta de lugares disponibles en los institutos de menores es no ver dónde está el problema: “Los pibes no pueden estar encerrados simplemente porque la ley no lo permite, son inimputables”, insistió una fuente del Ministerio.
Los jueces cuentan con dos leyes para manejarse frente a los menores. Por un lado, la Convención Internacional del Niño, que desde 1994 tiene status constitucional. Y por otro, la histórica Ley Nacional de Responsabilidad Penal de Menores, conocida como la ley de Patronato, una norma controvertida pero que aun así protege la libertad de los más chicos. De acuerdo con esa ley, los menores de 16 años siempre son inimputables. La Justicia sólo puede imputarle un delito a un menor mayor de 16 años sólo si la condena prevista para los adultos de ese hecho es mayor a 2 años. Uno de los cuestionamientos a esta ley es que le otorga al Estado el derecho tutelar sobre los menores, un derecho que termina judicializando a las víctimas. El “Estado –sigue la fuente consultada– les otorga a los jueces el poder de disponer de la suerte de los menores que se supone están en peligro moral o material”. Frente a esa obligación –según la denuncia de Cafiero–, en lugar de tratar de revincular a los menores con sus familias o alternativas semejantes, los jueces se amparan en el derecho tutelar para poblar las cárceles y los institutos con chicos en supuesta situación de vulnerabilidad.
¿Por qué lo hacen? ¿O por qué existe esta costumbre de meter intramuros a los menores? La provincia maneja un dato: el 100 por ciento de la población institucionaliza es pobre. María Elena Na- ddeo es presidenta del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y lo explica de este modo: “Los jueces parecerían hacerlo así porque piensan que un chico con un delito que está en la calle puede reincidir, y si no lo encierran consideran que la sociedad o la opinión pública pueden responsabilizarlos”. El temor a la opinión pública haría funcionar así a la corporación judicial “bajo un principio de peligrosidad potencial que no debería ser usado”, dice Naddeo. Y, en ese sentido, el ámbito de la provincia que gobierna Felipe Solá no es el único con dificultades. En la ciudad de Buenos Aires, los institutos que dependen de Nación repiten los guarismos bonaerenses: sobre una población de 600 chicos institucionalizados, sólo entre el 10 y 20 por ciento está allí porque es supuesto responsable de algún tipo de delito. Esto implica además –de acuerdo con la ley– que el mismo porcentaje tiene entre 16 y 18 años. El resto son menores de 16 que están allí por “pequeños delitos o por situaciones de familias o entornos en riesgo”, dice Naddeo.
Otra de las voces que se oyeron ayer fue la de la jueza del Tribunal 5 de Menores de La Plata, Inés Ciro. Su nombre integra la lista denunciada por Cafiero. En una entrevista radial aseguró tener una “sensación de impotencia” porque “la sociedad no hace nada por las familias que no pueden contener a sus hijos. No hay políticas públicas para darles trabajo ni asesoramiento sobre procreación responsable”. Según la jueza, “Cafiero debería conocer de primera mano y en los juzgados la realidad”. Según los voceros de Cafiero, su área tiene becas a disposición. Y además el Ministerio giró este año a los 134 municipios 100 millones de pesos según el índice de vulnerabilidad social, una partida destinada a la emergencia alimentaria e infancia.