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“En diez días no queda ni un solo pibe en las comisarías”, le adelantó ayer a Página/12 el ministro de Desarrollo Humano bonaerense, Juan Pablo Cafiero. Ese será el compromiso con el que llegará Felipe Solá hoy a la audiencia prevista con la Suprema Corte de Justicia provincial. La audiencia fue solicitada por la Corte a dos semanas de las denuncias disparadas por Cafiero contra una docena de jueces de menores a los que acusó de mantener detenidos en comisarías a menores de 16 años, inimputables de acuerdo con la ley. Solá les entregará un informe técnico detallado con las acciones emprendidas por su gobierno en políticas de minoridad durante los dos últimos años. Con el informe, les dará un detalle de planes, becas y alternativas para evitar las internaciones y el compromiso de que los 90 chicos que aún quedan en las comisarías tendrán un lugar disponible en el plazo de diez días.
Solá les adelantará a los ministros de la Corte lo que hasta ahora parecía imposible: lugares para alojar a los menores que aún siguen detenidos en las comisarías. Según los jueces, están allí a la espera de que se abran los cupos en institutos de menores o en los albergues que tiene la provincia para estos casos. Según los hombres que rodean al ministro Juan Pablo Cafiero, en cambio, los chicos están allí por otras razones.
Hace dos semanas, Cafiero expuso esas razones en una megadenuncia contra 12 jueces de menores bonaerenses. Los acusó de no cumplir con la ley y de haber enmascarado 34 causas asistenciales como penales, supuestamente para mantener a los adolescentes privados de libertad. De acuerdo con sus cálculos, un 90 por ciento de los menores judicializados no debería estar ni en institutos ni en comisarías porque o son menores de 16 años y entonces son inimputables para la ley o no cometieron delitos. Estos últimos son los menores que están encerrados por las llamadas causas “asistenciales”, una figura destinada a quienes son víctimas y no autores de delitos. Según el ministro, si esos menores no estuviesen detenidos tal como lo están, habría sitio de sobra para los que deberían estarlo.
Cuando estalló el escándalo de las denuncias, la cantidad de menores alojados en comisarías trepaba a 330. En dos semanas sólo quedaron 90. Una cifra que ahora le permite a Cafiero, aparentemente, asumir el compromiso de encontrar alojamiento para ellos. “No es lo mismo conseguir lugares para 330 que para 90”, razonan en el entorno del ministro.
Hace diez días, la Corte convocó a los jueces de menores de la provincia para consultarlos sobre ese tema. Conoció sus opiniones y tras el encuentro intimó al gobierno provincial a poner en funcionamiento “de manera inmediata” lugares adecuados para evitar la detención de menores en comisarías. El jueves pasado, los magistrados avanzaron con otro pedido: en una segunda intimidación, le exigieron al gobernador Felipe Solá que responda qué se hizo para solucionar esa problemática y le dieron un plazo de 72 horas para que responda. Hoy se cumple ese plazo.
Solá se presentará ante la Corte para brindar “un detalle técnico de las políticas desarrolladas por la provincia en minoridad”, anticiparon en su entorno. El informe detalla las alternativas generadas por la provincia para reemplazar las comisarías y las políticas de institucionalización de los chicos.
Entre otros puntos, el gobernador explicará las características del sistema de becas de 200 pesos que se destinan a los menores detenidos por la policía porque están en riesgo social. Esas becas, que funcionan como subsidios familiares, son uno de los puntos en discusión entre el Gobierno y el Poder Judicial. Según voceros del ministro Cafiero, las becas no fueron destinadas a los chicos alojados en las comisarías porque los jueces de menores o no las piden o no las usan. Algo semejante ocurre con las partidas de presupuesto destinadas a familias en riesgo que reciben los 34 municipios del conurbano. En diálogo con Página/12, un funcionario del Ministerio de Desarrollo Humano consideró necesaria “una articulación entre los municipios y las jurisdicciones judiciales distritales” para quelas partidas lleguen a los chicos que según la Justicia se encuentran en “riesgo social”.
Para el entorno de Cafiero, quienes “más atentan contra el sistema son los propios jueces a cargo de los juzgados de menores: tienen una compulsión a encerrar a todos los chicos sin averiguar demasiado las causas, provocando la judicialización de la pobreza”. Según los datos que manejan, en los 12 últimos años se triplicó el número de menores detenidos y judicializados. Lo que además dicen es otro dato: el 100 por ciento de los 12 mil menores judicializados en la provincia, alojados en comisarías o en institutos son pobres.