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Por lo menos tres de los más importantes shoppings de la Ciudad de Buenos Aires funcionan sin la certificación de condiciones contra incendio que el gobierno de la ciudad debería exigirles, según denunció ayer la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ante el nuevo secretario de Seguridad. Además, la Superintendencia de Bomberos no cuenta con los planos correspondientes de esos establecimientos, que necesitaría para actuar en caso de siniestro. Tampoco cumple la normativa un local de una importante cadena de supermercados, cuya sucursal marplatense padeció un incendio en el cual no funcionaron dispositivos de seguridad. Los defensores del Pueblo presentaron personalmente estas denuncias durante la visita que el nuevo secretario de Justicia y Seguridad porteño, Juan José Alvarez, efectuó ayer a la Defensoría. También denunciaron que sólo el 20 por ciento de los locales bailables cumple la norma que obliga a registrar a su personal de seguridad (Cromañón era uno de los que incumplían), y exigieron que estar al día con esta normativa se constituya en requisito imprescindible para otorgarles la habilitación.
La investigación sobre condiciones contra incendio fue dirigida por Atilio Alimena, defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. La gente de la Defensoría tomó una muestra de locales con alta afluencia de público –shoppings, supermercados– y verificó, primero, si contaban con el certificado final de cumplimiento de las condiciones contra incendio, que, emitido por el Departamento de Instalaciones y Prevención contra Incendios –dependiente de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro–, es o debería ser condición para que un local obtenga su habilitación. Además, la Defensoría chequeó si la Superintendencia de Bomberos había recibido del gobierno de la ciudad copia de los planos finales certificados, que necesitan para accionar adecuadamente en caso de siniestro.
“Encontramos problemas en algunos de los shoppings más importantes de Buenos Aires: uno ubicado en la zona del Abasto y otro en Palermo, en la avenida Santa Fe. En cuanto a otro ubicado en Recoleta, todavía no recibimos respuesta del gobierno de la ciudad, y tenemos dudas”, contó Alimena a este diario.
En el caso del shopping del barrio del Abasto, un documento oficial del Departamento de Instalaciones y Prevención del gobierno porteño, enviado a la Defensoría y al que tuvo acceso Página/12, dice: “Shopping Abasto. Expte. de Condiciones contra Incendio Nº 87/64/98 con proyecto registrado con fecha 30/10/98 sin final de Condiciones contra Incendio”. Quien subrayó “sin” es la propia repartición municipal: “Llama la atención que ellos mismos lo hayan subrayado: recorriendo profesionalmente el lugar –señaló el arquitecto Alimena–, advertí que hay sectores altamente peligrosos, por ejemplo los juegos para chicos en el último piso. El local tiene problemas de evacuación en los pisos superiores”. La responsabilidad de haber otorgado la habilitación corresponde “a niveles superiores del gobierno comunal”, según el defensor.
Además, agregó Alimena, “el informe de la Superintendencia de Bomberos dice que el ‘Shopping Abasto no posee registro en el archivo de esta división prevención’: es un lugar adonde van decenas de miles de personas todos los días, y Bomberos no tiene los planos como para poder intervenir llegado el caso”. El plano conforme a obra final tampoco se presentó, en el informe del organismo comunal recibido por la Defensoría, ni para el Shopping Alto Palermo ni para el Spinetto.
Alimena dijo que informó de esta situación en septiembre, a la entonces subsecretaria de Habilitaciones y Fiscalización, Fabiana Fiszbin –quien renunció tras el incendio en Cromañón–, pero no recibió respuestas.
Del muestreo efectuado por la Defensoría resultó estar plenamente en regla el supermercado Carrefour, cuyos locales de Avenida La Plata y de Juan B. Justo presentan “plano conforme a obra final de incendio registrado”, según el informe del organismo técnico comunal; y los planos correspondientes obran en poder de la Superintendencia de Bomberos.
En cambio, el supermercado Plaza Vea de San Juan 2700 no presenta ese requisito de obra final, y “la Superintendencia de Bomberos tampoco cuenta con el plano respectivo”, observó Alimena, quien destacó que “una sucursal marplatense de esa misma cadena se incendió y no funcionaron los sistemas de alarma ni los rociadores ni los hidrantes”.
El supermercado Easy Barracas tiene en regla el plano de final de obra, pero “lleva fecha de 1998 y se inauguró en 2002, es decir que puede haber modificaciones no registradas; además, el plano que tiene la Superintendencia de Bomberos es de cuando funcionaba allí la fábrica de chocolates Aguila, de modo que está completamente desactualizado”, puntualizó Alimena.
Otro foco de riesgo que subrayó la Defensoría son las estaciones de servicio. “Sería muy conveniente que la ciudad tome intervención en su control, que comprende la verificación de pérdidas en tanques y cañerías y la colocación de detectores de gases en las estaciones linderas a edificios, para evitar accidentes como el de la calle Soler, donde voló el sótano y falleció una nena. Hasta ahora, el control lo hace la Secretaría de Energía de la Nación mediante auditorías privadas, pero durante las obras de ampliación de subtes en los últimos tiempos se detectaron fugas en tanques subterráneos de estaciones de servicio”, explicó Alimena.
Gustavo Lesbegueris, también secretario adjunto del Pueblo de la Ciudad, le presentó a Alvarez un informe sobre el incumplimiento del registro del personal de los locales bailables, establecido desde 1998 por ley de la ciudad. “En mayo de 2004, menos del 20 por ciento de las discos habían inscripto a su personal de seguridad; entre las que no habían cumplimentado este requisito estaba Cromañón.”
El defensor recordó que “el registro implica que el personal tenga certificado de aptitud psico-física y técnica, que no tenga procesos penales pendientes ni antecedentes de violación a los derechos humanos”. Por eso, “le pedimos a Alvarez que se asuma el hecho de que un local donde concurran centenares de personas tiene personal de seguridad, aunque hayan omitido declararlo, y que sólo se lo habilite si este personal está registrado”.
Según resumió Alicia Pierini, defensora del Pueblo porteña, “le entregamos al secretario de Seguridad un listado con el índice de las actuaciones que se efectúan en la Defensoría, a partir de las denuncias recibidas, y pusimos toda la información a su disposición”, además de los informes específicos, ya mencionados en esta nota, que presentaron Alimena y Lesbegueris. El secretario Alvarez “se manifestó muy interesado en la información”, según la defensora.