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La Secretaría de Seguridad porteña investiga si la estación de servicio que funciona desde hace más de diez años la Avenida 9 de Julio y Libertador, bajo la autopista Illia, funciona sin los planos requeridos para la habilitación, entre ellos, los de prevención de incendios. La expendedora de combustibles es tal vez una de las más grandes de la ciudad pero, sin dudas, la ubicada en la zona más privilegiada, rodeada por quince locales, entre ellos, media docena de exclusivos restaurantes que tampoco contarían con planos aprobados. La denuncia fue realizada hace más de un año por un ex legislador porteño ante las autoridades de la ciudad, y fue corroborada por los inspectores de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, según confirmaron a este diario fuentes de esa dependencia. El caso fue reflotado por el propio denunciante después del incendio de República Cromañón.
La denuncia fue presentada el 24 de noviembre de 2003 por Marcelo Gey, ex legislador porteño entre 1973 y 1976, mediante una nota dirigida al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. Desde allí se giró el expediente a la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro (Dgfoc), que tiempo después realizó una inspección en el lugar: “Allí se comprobó que el lugar no cuenta con los planos aprobados por la Dgfoc, que incluyen los de prevención de incendios, que son obligatorios, según la ordenanza 36.973, de 1982”, confirmó a este diario una fuente del organismo de contralor. Los mencionados planos tampoco están en los archivos de esa dirección.
Después del incendio en República Cromañón, Gey intentó reactivar su denuncia: el 3 de enero último envió una carta documento al jefe de gobierno “a los efectos de que se realizara una inspección urgente”; y el lunes último presentó un escrito ante la procuradora general de la ciudad, Alejandra Taddei, en la que pone a la funcionaria al tanto de la situación y reclama que “adopte de inmediato las medidas preventivas y cautelares” correspondientes.
La inspección se realizó la semana pasada: los inspectores sólo encontraron faltas menores y la estación de servicio pudo seguir funcionando, pero fue clausurado un restaurante. En cuanto a las presuntas irregularidades en el trámite de habilitación, el expediente ya está en manos del flamante subsecretario de Control Comunal, Pedro Fioretti.
Según la denuncia de Gey, “cabe preguntarse con qué habilitación trabajan los locales comerciales, la estación de servicio y las playas de estacionamiento del primero y segundo entrepisos, si para la habilitación es necesario tener los planos habilitados por la Dgfoc”.
Antes de formular su presentación, Gey rastreó los expedientes de la concesión del predio bajo la autopista, otorgada por el ex intendente Carlos Grosso en 1992. Advirtió allí que parte de esa documentación había sido “sugestivamente robada”, por lo que procedió a microfilmar la parte que sí estaba en el archivo.
En lo que hace a las presuntas irregularidades en la concesión, el denunciante destaca:
- Que se otorgó una concesión por 30 años, sin la intervención del entonces Concejo Deliberante.
- Que la licitación se llamó para construir playas de estacionamiento para automóviles. Sin embargo, la actividad principal son los locales comerciales y “para no desvirtuar la convocatoria, se construyeron dos entrepisos” donde funcionan las playas.
- El emprendimiento fue adjudicado al consorcio formado por las empresas Servente Construcciones SA, Lanusse Construcciones SA y Mérida SA. Esas empresas vendieron parte de sus acciones e incorporaron nuevos socios, por lo que “hoy no está claro quiénes son sus dueños”.
- Según el contrato de concesión, las construcciones adicionales tenían que tener planos presentados en la Dgfoc. “La inspección ordenada por el director de Fiscalizaciones de Obras y Catastro, Pedro Parra, constató que dichos planos no existen en el organismo a su cargo, y en la inspección que efectuaran en el lugar (en octubre último) no les fueron exhibidos por los responsables de los locales.”