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El caso Schiavo, de los Estados Unidos, trasladó al país el debate en torno de los pacientes en estado vegetativo permanente. Especialistas en bioética consultados por Página/12 coincidieron en aclarar que lo que está en juego no es eutanasia: no se plantea la aplicación de una medida activa para que una persona deje de vivir, sino la suspensión de la alimentación y la hidratación artificial para permitir que se muera, explicaron. Los expertos vaticinan que este tipo de cuadros serán cada vez más frecuentes como una consecuencia paradójica del avance científico. En la Argentina, se busca que no se judicialicen: hay consenso entre los médicos de retirar los medios que mantienen con vida a este tipo de pacientes en acuerdo con los parientes directos. Eso es lo que ocurre habitualmente. El problema surge cuando hay disidencias en la familia. En un polémico fallo, la Suprema Corte Bonaerense se expidió días atrás en un caso idéntico al norteamericano: el superior tribunal rechazó el pedido de un hombre para interrumpir la alimentación forzada de su esposa, en estado vegetativo desde hace cinco años, a pesar del dictamen favorable del Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y hasta del obispo de San Isidro, monseñor Jorge Casaretto; sus padres y hermanos se oponían.
“Están alimentando e hidratando a un cadáver”, consideró el abogado del Hospital Muñiz y la Fundación Huésped, Ignacio Maglio, especializado en Bioética en relación al caso de Terri Schiavo. “Hay que ver cada caso en particular, porque cada uno es diferente”, apuntó Juan Carlos Tealdi, director del Programa de Bioética del Hospital de Clínicas. Tealdi explicó que en los casos de estado vegetativo permanente hay un daño en la corteza cerebral que afecta la conciencia del paciente, pero no las funciones respiratorias y cardiovasculares. “Las chances de que se recupere son muy bajas. No hay que pensar que va a salir caminando. A lo sumo podrá llegar a hacer una seña o tener algún tipo de reacción frente a un familiar, a la televisión o a algún estímulo del medio ambiente. Esto es lo máximo que puede llegar a suceder, pero puede ser suficiente para los que lo rodean”, analizó el especialista. Hoy, Tealdi participará a partir de las 11 de un ateneo médico en el Clínicas para evaluar el caso de una mujer de alrededor de 70 años que está internada en el hospital en estado vegetativo permanente desde hace alrededor de cinco años.
Un caso similar
“No hay en el país ninguna ley que apruebe ni que prohíba el retiro de la hidratación y la alimentación. Yo acompaño siempre la decisión de la familia y estoy del lado del retiro, de dejar morir”, señaló Carlos Gherardi, director del Comité de Bioética de la SATI.
Los expertos explicaron que no hay dilema cuando la persona en cuestión dejó una directiva anticipada. El problema surge cuando es otro el que debe tomar la decisión.
A Gherardi le tocó recientemente opinar en un caso muy parecido al de Schiavo, que terminó en un polémico fallo de la Suprema Corte bonaerense de mediados de febrero. La sentencia del tribunal superior rechazó por unanimidad el pedido de un hombre de retirar la alimentación y la hidratación a su esposa, de 38 años, que permanece en estado vegetativo permanente desde julio de 1998. Fue después de dar a luz a su cuarto hijo. Entonces, tenía 32. La pareja es de San Isidro. El marido es católico practicante. A los cinco meses del accidente cerebral inició una causa en el Tribunal de Familia de San Isidro para que se declare la insania y para hacerse cargo de la curatela. En ese caso, el fallo fue favorable. Pero en 2002, el mismo tribunal rechazó el pedido para interrumpir la alimentación y la hidratación porque los padres y hermanos de la mujer no estaban de acuerdo con esa decisión.
Entre los argumentos a favor de dejarla morir, el esposo presentó declaraciones de amigos y allegados que aseguran que “S. M. d. C. (sus iniciales, para preservar su identidad) nunca hubiera querido vivir así”. También adjuntó la opinión en el mismo sentido del obispo Casaretto y del sacerdote Rafael Brown, conocedor de cuestiones de bioética.
El Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que encabeza Gherardi, también opinó. “Decidimos que era procedente el retiro de la alimentación y la hidratación y que el marido tenía autoridad moral para solicitarla porque es quien la cuida. Los padres y los hermanos viven en Rosario”, explicó Gherardi. Pero los jueces de la Suprema Corte no tuvieron en cuenta el dictamen de este cuerpo de especialistas. “Ni siquiera conocieron a la paciente, tampoco lo hicieron los miembros del Tribunal de Familia”, objetó Gherardi. El máximo tribunal provincial –a cuyo fallo accedió Página/12– consideró que el esposo no estaba en condiciones de sustituir la voluntad de la paciente para decidir sobre su vida. “Es un fallo absolutamente cuestionable. Nunca aceptaron el testimonio del marido ni de los hijos”, opinó Gherardi. A su entender, al familiar que se le debe reconocer derecho moral para decidir es al que se ocupa del paciente. “En estos casos pueden aparecer hijos que hacía años que no veían a su madre. No se debe hacer una votación entre familiares”, señaló. S.M.d.C. está internada en un hogar de rehabilitación. “Abre los ojos, pero no reconoce a nadie”, confió un allegado.
Acuerdo internacional
Los especialistas consultados son partidarios de que estos casos no se judicialicen. “Uno entiende que tiene muy poco sentido mantener con vida a una persona en estado vegetativo, pero desde el punto de vista jurídico hay una frontera casi insalvable: ¿cómo puede decidir el Estado retirar la alimentación y la hidratación? Es su obligación proteger la vida. Son casos que están rompiendo los límites jurídicos morales. Los que deben tomar la decisión son los familiares”, evaluó Tealdi.
Según explicó, hay consenso médico internacional en seguir el siguiente procedimiento ante casos de estado vegetativo permanente: “Entre los primeros tres y seis meses se le deben dar (al paciente) todos los recursos médicos. Al finalizar ese período hay que evaluarlo. Si no ha tenido ningún resultado de mejoría, en acuerdo con la familia, se retiran los tratamientos”, detalló.
En el Hospital Muñiz, el Comité de Etica emitió hace unos dos años las “Pautas para la abstención o retiro de medidas de soporte vital en el paciente crítico”, que pueden aplicarse a las personas en estado vegetativo permanente. “Se transformaron en una guía oficial de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva”, apuntó Maglio. De acuerdo con este documento, en los casos en que la familia se niega a interrumpir la alimentación, el paciente se pone a consideración del servicio de Terapia Intensiva. “Si da una opinión favorable (a la suspensión del tratamiento) y la familia persiste en su posición, se consulta al Comité de Etica. Finalmente se le avisa a la familia que si llega e ingresar otro paciente que necesite un respirador artificial o la cama que está ocupando, se resolverá quién la debe usar teniendo en cuenta los criterios ciertos de recuperabilidad”, indicó Maglio.