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Kioto está en la Argentina. Esto es: las consecuencias de la entrada en vigencia del Protocolo de Kioto –normativa para reducir la emisión de gases de efecto invernadero– empiezan a hacerse sentir. Una de ellas es la posibilidad de que municipios, universidades, ONG o empresas diseñen proyectos que, además de tener efectos ambientales positivos, puedan ser canjeados por los “créditos de carbono”, cotizables en el mercado internacional que la entrada en acción del Protocolo, el 16 de febrero, puso en movimiento. En Olavarría, la municipalidad, con el apoyo de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, consiguió que el organismo internacional de control, llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), dé luz verde para su proyecto de recuperación de gases provenientes de la basura, que permitirán reducir emisiones a la atmósfera equivalentes a más de 17.000 toneladas de dióxido de carbono por año: con el ingreso proveniente de los “créditos de carbono” resultantes, el municipio podrá proveer agua potable a un barrio que carecía de ella.
“Nuestro proyecto es el primero en importancia en la Argentina y el segundo en América latina, en cuanto al tratamiento de los gases generados en los rellenos sanitarios”, se enorgullece Estela Santalla quien, junto con Gabriel Blanco, es responsable del área en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. El proyecto está destinado a recuperar el biogás generado en el relleno sanitario de la ciudad de Olavarría.
El biogás es una mezcla de metano, dióxido de carbono y otros gases, que habitualmente se produce en los rellenos sanitarios donde se depositan los residuos urbanos. A menos que reciba un tratamiento especial, termina por ir a parar a la atmósfera, donde se suma a los gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático global. Además, en el basural mismo presenta peligro de causar explosiones, en la medida en que se ponga en contacto con el oxígeno.
“En distintos lugares del mundo, la tecnología de recuperación de biogás está plenamente instalada –observó Santalla–: así sucede en Estados Unidos y Europa, notablemente en Barcelona. No sólo se evita la emisión de gases sino que se procesa el biogás para poder usarlo como combustible no contaminante en la producción de electricidad. La tecnología no es complicada, pero una de las principales dificultades que encontramos en nuestro país es la falta de empresas con experiencia en la materia.”
El sistema que los ingenieros de la Universidad del Centro diseñaron para Olavarría consiste en una red de tuberías que recorren el relleno sanitario, conectadas con bombeadoras que succionan los gases. Las tuberías pueden estar a 20 o 30 metros bajo nivel, en las profundidades de una acumulación de basura que puede llegar a los 50 metros. Los gases así obtenidos son acondicionados y conducidos a su destino final, que por ahora, en Olavarría, es una “antorcha de combustión cerrada y controlada, en forma tal de asegurar que los gases cumplan los estándares de calidad de aire requeridos ambientalmente”, explicó Santalla.
Para hacerse idea de la importancia ambiental de estos proyectos, alcanza con señalar que sólo el de Olavarría permitirá reducir la emisión a la atmósfera del equivalente a 17.300 toneladas anuales de dióxido de carbono. Por esta capacidad, la iniciativa de Olavarría calificó para el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) establecido en el Protocolo de Kioto.
Este acuerdo, al que adhirieron más de 80 países –con la destacada ausencia de Estados Unidos–, entró en vigencia en febrero pasado y fija para los países industriales el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Parte de la reducción debe efectuarse en el país respectivo, pero el Protocolo ofrece también la posibilidad de que el país industrial cumplimente parte de su cuota de reducción financiando emprendimientos en otros países, a través del MDL. Así, la reducción de emisiones obtenida por un proyecto como el de Olavarría se traduce en un valor económico en el flamante “mercado de carbono”, creado por la puesta en vigencia del Protocolo de Kioto. Esas 17.300 toneladas anuales de reducción, certificadas por el MDL, equivalen a una cantidad de “créditos de carbono” por los cuales la Municipalidad de Olavarría, titular del proyecto, cobrará en dólares.
El primer paso para conseguir la certificación del MDL es la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación –que se gestiona en la Unidad de Cambio Climático dependiente de ese organismo–. En noviembre pasado, el proyecto de Olavarría fue elevado a la Junta Ejecutiva del MDL para su aprobación. A partir de esta certificación, la Municipalidad de Olavarría vendió los correspondientes créditos de carbono, que en este caso fueron adquiridos por el Fondo de Carbono para el Desarrollo de Comunidades, que depende del Banco Mundial.
Parte de los fondos así obtenidos serán utilizados para crear una red de agua potable en la localidad de Espigas, del partido de Olavarría, cuyos habitantes padecen frecuentes problemas gastrointestinales por la contaminación del agua de las napas.
Todo había empezado cuando la Municipalidad de Olavarría, en 1998, pidió asesoramiento a la Universidad del Centro de la Provincia para resolver el problema de los residuos urbanos: “La Universidad sugirió al municipio desarrollar un proyecto de estas características, que sólo puede hacerse sobre la base de un sistema de gestión de residuos urbanos controlado, que en Olavarría funciona desde 1999”, contó Santalla.