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Los curadores públicos son personas designadas para velar por los incapaces e inhábiles, tanto en lo que hace a su bienestar como a su patrimonio. Eso, al menos, dice la ley. La práctica sugiere otra cosa. Una investigación desarrollada a principios de este año en las Curadurías Nacionales, a la que este diario tuvo acceso, sacó a la luz una serie de graves irregularidades en perjuicio de quienes no tienen manera de defenderse. Muchas de las propiedades de esas personas, internadas en geriátricos o instituciones psiquiátricas, son alquiladas a empleados de la propia Curaduría o a sus familiares por montos mínimos. Además, se detectaron extracciones de importantes sumas de dinero de las cuentas de los incapaces cuyo destino se desconoce. Se realizaron compras con sus fondos, desde parcelas en cementerios privados a lavarropas, que no aparecen autorizadas ni justificadas. Algunas de estas personas pasan sus días en los hospitales Borda o Moyano a pesar de que poseen bienes que les permitirían acceder a una mejor situación.
En diciembre pasado, cuando la denuncia de un particular hizo asomar la punta de este iceberg, la Defensoría General determinó la intervención del organismo y nombró para ese rol al defensor de Menores Marcelo Jalil. El interventor inició una investigación, pero dos meses después pidió ser relevado en una dura carta en la que afirma que se le negaron los elementos necesarios para cumplir con su función. Al mismo tiempo presentó una lista de “graves anomalías que nunca se detectaron”. En su reemplazo, el defensor general de la Nación, Miguel Angel Romero –sobre quien pesan numerosas denuncias y dos pedidos de juicio político–, designó a la contadora Rosa Burgos, quien en los últimos dos años se ocupó, precisamente, de controlar las cuentas de las Curadurías Nacionales.
Hasta que se decidió la intervención, las Curadurías estaban a cargo del ex defensor de Menores de Cámara, Alejandro Molina: a él debían reportar los doce curadores. Los indicios de una falta de control en el manejo económico son, sin embargo, tan viejos como la misma institución. “Las Curadurías antes dependían de Bienestar Social y luego pasaron a Justicia: en 1998 las heredó la Defensoría General de la Nación. Pero a esa pobre gente la robaron en todas las instancias”, dice Víctor Hugo Dellarosa, secretario del Ministerio Público de la Unión de Empleados de la Justicia, el gremio que lidera Julio Piumato. Dellarosa estuvo a principios de año en la sede de las Curadurías por una serie de problemas que empezaban por el estado de la propia sede. “República Cromañón era el primer mundo al lado de las vergonzosas condiciones de ese lugar –explica–. Y no sólo hay que tener en cuenta a nuestros compañeros sino a la pobre gente que se va a atender ahí. Algunos llegaron a hacer sus necesidades en un cenicero, por falta de instalaciones.” Al lamentable estado del local (ver recuadro) se sumaban problemas por contratos cancelados, la situación de los meritorios y llamativas irregularidades. “Nos enteramos de que a los contratos basura que existen en la Justicia ahí los habían desdoblado: si tenían ocho contratos de 400 pesos, los habían convertido en dieciséis de 200. Me llamó la atención, porque incluso había abogados en esos cargos. Cuando pregunté, me dijeron ‘es que la diferencia se la pagan los curadores’. Imagino que no ponían dinero de sus bolsillos.”

Sin control:

En el año 2000 una resolución emitida por el defensor general ordenó una auditoría administrativa contable en las Curadurías que debía elevar un informe semanal de lo actuado. Nunca hubo resultados. Más de dos años después, en diciembre de 2003, otra resolución nombró a la contadora Burgos para intervenir “en todos los movimientos de fondos y valores de las Curadurías oficiales”. En esa gestión, Burgos observó irregularidades en algunos movimientos de fondos y elevó notas a sus superiores. No hubo, sin embargo, denuncias ante la Justicia. Las cosas cambiaron el pasado diciembre, cuando un particular presentó una carta donde denunciaba el mal manejo de los ingresos de su tía –internada en un geriátrico– y amenazaba con llevar el tema a los medios. Poco después, la Defensoría General anunció la intervención y nombró a Jalil, quien inició una investigación de las irregularidades.
Apenas dos meses después, el interventor pidió ser relevado del cargo. Este diario tuvo acceso al escrito que le dirigió a Romero en el que detalló cómo se habían ignorado todos sus requerimientos para la tarea: un reemplazo en la Defensoría de Menores a su cargo para no superponer ambas funciones, nombramientos en las Curadurías, gastos de representación y una nueva sede para el organismo por “el estado de emergencia en el que se encontraba el inmueble”. Según su escrito, al entonces interventor ni siquiera le atendían los llamados las personas que debían darle respuesta a sus pedidos. Allí habla de “una cuestión de reserva moral” para la continuidad en la función. A la consulta de Página/12, Jalil no quiso realizar declaraciones.

Puntos oscuros:

Al irse, el interventor presentó los resultados parciales de las investigaciones conducidas en ese breve lapso. Dos auditores contratados para ese fin, Pablo Fudim y Felipe Casterán, realizaron un diagnóstico del funcionamiento de las distintas áreas, en las que detectaron fallas operativas de todo tipo, pero sobre todo llamativas irregularidades. Estas son algunas:

- Extracciones de dinero sin justificación. Los auditores mencionaron una nota de la contadora Burgos a la curadora Armas en la que manifiesta que en la cuenta bancaria del señor David Gigena “se observa un débito con fecha 16/12/02 por $ 50.000 cuyo destino no es posible determinar”. Notas similares aparecen al menos en dos casos más, dirigidas a las curadoras Borda y Fontal, con montos de 5200 y 9999 pesos. Ninguna de las notas había sido respondida.

- Propiedades alquiladas. Muchas de las propiedades de las personas incapaces son alquiladas por empleados de la Curaduría o sus familiares. Al evidente conflicto ético que plantea esta situación, se suma el monto de los alquileres, que parece responder al mercado inmobiliario de otro país. El caso más notorio es el de la tesorera Nora Machicote, que tiene tanto a su hijo como a su madre en esta situación. El hijo alquila un departamento en la calle Aguilar al 2100, por el que pagaba a diciembre pasado un alquiler de 290 pesos. La madre de Machicote ocupa una propiedad en Entre Ríos al 600, por la que paga una renta de 280 pesos. En este caso los auditores observaron que había un depósito en la cuenta del propietario del departamento, Carlos Chocron, por 5040 pesos en concepto de depósito en garantía y alquileres desde enero de 2002 hasta mayo de 2003. Pero en la misma fecha había un reintegro de 4114 pesos en concepto de pagos de expensas extraordinarias y otros gastos de la inquilina. Nora Machicote es la ex secretaria del defensor general Miguel Angel Romero.
Otros empleados de la Curaduría también viven en propiedades de los curados. Quien maneja la camioneta y cumple funciones de custodio alquila un departamento en San Juan al 3200, propiedad de Griselda Loiacono. Se le otorgó un plazo de gracia de un año, y a partir de abril de 2004 debía abonar una suma de 200 pesos mensuales.

- Compras. Algunas de las compras hechas por los curadores llamaron la atención de los auditores. Por ejemplo la Curaduría 5 compró dos lavarropas de uso comercial para el Hospital Moyano a cargo de la pacienteElide Aversano, “no existiendo ningún comprobante que acredite la recepción en el Hospital Moyano, no habiendo sido la factura extendida a ningún nombre”. Cada uno de los lavarropas costó 1490 pesos. La paciente estuvo hasta marzo de 2003 en el Moyano y luego fue trasladada a una clínica. No hay ninguna documentación sobre el destino de los lavarropas.
La misma Curaduría compró para la señora Beatriz Boris un televisor y un lavarropas, también para entregar al Hospital Moyano. El lavarropas “reacondicionado” costó 2662 pesos y fue comprado en el mismo lugar que el caso anterior: “Servicios Rápidos S.R.L.”. El televisor usado más un conversor igualmente usado costaron 750 pesos.

- Parcelas en el cementerio. También la Curaduría 5 compró para dos personas distintas parcelas en el cementerio privado Campo Dorado, de Quilmes. El primero, en diciembre de 2002, para Elide Aversano. La paciente estaba viviendo en ese momento en el Hospital Público Moyano, con las privaciones que eso significa, y se gastaron 4970 pesos en un sitio para su muerte. La única documentación es un recibo provisorio. El segundo, en abril de 2003, fue para Leticia Santi, por 3800 pesos. En ninguno de los dos casos había constancia de la autorización del juzgado. El cementerio Campo Dorado ha sido objeto de numerosas denuncias y fue recientemente clausurado para nuevas inhumaciones porque nunca cumplió con los requisitos de habilitación.

- Propiedades vacías: en muchos casos, los curados tienen departamentos pero no perciben ningún alquiler por ellos. Por el contrario, se les suelen deducir algunos gastos, como expensas, de sus cuentas bancarias. Resulta particularmente chocante en casos como el de Dora Anselmi, quien al momento de la investigación se encontraba internada en el Hospital Moyano, pese a que tiene un departamento en Alvarez Thomas al 500, por el cual no recibe ningún ingreso por alquileres.

Al conocer algunos puntos de la investigación que llevaba adelante la intervención, en el gremio judicial discutieron la actitud a asumir. “La posición planteada por Piumato es que el gremio no va a proteger ningún acto mafioso o hecho de corrupción –cuenta Dellarosa–. En una asamblea lo planteamos. Dijimos que sabíamos que la intervención estaba investigando posibles hechos de corrupción e invitábamos a quien supiera algo que se presentase en el sumario y lo dijese.” El clima, dice Dellarosa, fue tenso y algunas mujeres lo increparon agresivamente. Nadie se presentó a hablar.
El 14 de febrero Jalil presentó un escrito en el que pidió su apartamiento en duros términos. Pocos días después, el defensor general Miguel Angel Romero emitió una resolución donde lo relevó sin responder a ninguna de las cuestiones planteadas. En el mismo acto designó a la contadora Rosa Burgos a cargo de la intervención.
Durante sus primeros días en el cargo, la nueva interventora envió una carta a todos los curadores donde les solicita información sobre las personas por ellos representadas y les recuerda con todo detalle cuáles son sus tareas de acuerdo con la ley. Parece llamativo recordarle a un funcionario las bases del rol que desempeña, pero en este caso es probable que algunos lo hubieran olvidado.