[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

A horas del cierre de los trámites para que los trabajadores inmigrantes e “ilegales” en España regularicen su situación, se estima que sólo el 20 por ciento de los argentinos que viven en esas condiciones blanquearán su relación con el Estado español; el porcentaje implica que unos 60 mil quedarán fuera del beneficio. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de ese país, Jesús Caldera, vaticinó que unos 100 mil inmigrantes no lograrán regularizar sus papeles para hoy, fecha en que vence el plazo para la realización de ese trámite. El gobierno prevé mantener sus oficinas abiertas hasta altas horas de la noche, pero negó la posibilidad de alguna prórroga. La oposición y hasta la Iglesia criticaron la forma en que fue armada la burocracia para esos trámites.
Según datos oficiales, se tramitaron unas 630 mil solicitudes, de las cuales unas 200 mil ya fueron admitidas. “La bolsa de extranjeros sin papeles quedará reducida a unas 100 mil personas”, lo cual resulta un “porcentaje muy pequeño”, declaró Caldera. Lo que ocurre, agregó, es que muchos “no tienen oferta de trabajo o no reúnen los otros requisitos, como residir en España desde antes del 8 de agosto de 2004 y carecer de antecedentes penales”. Ante esta situación, Caldera fue tajante: “Algunos de los inmigrantes podrán acogerse a este mecanismo, otros no; a éstos, intentaremos repatriarlos a sus países, porque la inmigración tiene que ser legal”. Desde la asunción de José Luis Rodríguez Zapatero, se estima que unas 120 mil personas fueron repatriadas por entrar ilegalmente a España.
Las críticas se multiplicaron. El presidente del área de Migraciones de la Conferencia Episcopal española, José Sánchez, afirmó que el gobierno socialista tuvo “mejor voluntad que rigor”. El proceso de regularización, sostuvo, “produjo una tremenda desorientación (en los inmigrantes) que se quiso atajar con la ampliación del ámbito de la documentación, mediante la fórmula del empadronamiento por omisión, pero que no se clarificó cuáles eran los documentos válidos”.
“Es necesario que exista un organismo con capacidad de coordinar y ejecutar la política inmigratoria que se defina desde el Gobierno”, fue el comentario hecho por David Garrofé, titular de Cecot, una confederación empresarial. Según el empresario, “no se pusieron los medios suficientes para regularizar a los inmigrantes”, ya que “el número de expedientes (de inscriptos) es un 40 por ciento menor de lo previsto”.
Desde el opositor Partido Popular (PP) fueron menos piadosos. Una de sus representantes, Ana Pastor, calificó al proceso de “absoluto fracaso”. Y anticipó que su partido pedirá al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales que explique “cuánto va a costar esta regularización a los españoles”.
Según los medios de comunicación locales, miles de extranjeros formaron largas colas frente a las 193 oficinas de Inmigración y los consulados de varios países, que estarán abiertas hasta esta medianoche. Paralelamente, en oficinas municipales de varios puntos del país, otros miles aguardaban una orden de último momento que les permita regularizar su situación con documentación que la autoridad no considera válida.