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Casi ocho meses después de su presentación, el proyecto de unión civil de gay o lesbianas en la Legislatura de Buenos Aires avanza finalmente hacia la aprobación. Más en observación que ningún otro, polémico por las reacciones cantadas de los diputados más conservadores y las operaciones de la Iglesia, la unión civil de personas del mismo sexo, similar a la que existe en varias ciudades francesas, llega hoy a la Comisión de Asuntos Constitucionales tras haber conseguido aval de todos los colores en la Comisión de Derechos Humanos y de juristas especializados. El Colegio Público de Abogados de la Capital, la Cátedra de Derecho de Familia de la UBA, y la Clínica de Abogados de la Universidad de Palermo enviaron a la Legislatura informes técnicos a favor de que los homosexuales puedan tener un registro de sus uniones en la ciudad y ganar así los mismos derechos que cualquier pareja de concubinos.
Nadie se ha opuesto, entre los juristas consultados, a la sanción de una ley como la propuesta por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). Esa sería la principal argumentación de la organización que llevó en agosto la norma hasta la Comisión de Derechos Humanos. Desde aquella reunión, en la que hubo un inmediato consenso desde el Frepaso al PJ, pasando por Nueva Dirigencia y la izquierda, la comisión solicitó “informes técnicos” para “ilustrar sobre la viabilidad del proyecto, ventajas, inconvenientes o sugerencias de cambios”. Las opiniones resultaron ser todas a favor, excepto la del Tribunal Superior de la Ciudad que no se manifestó en contra sino que prefirió no opinar “por fuera de su función específica”. Hoy a las 14 la CHA, junto a la camarista en lo civil y comercial de San Isidro, Graciela Medina, redactora del proyecto, tendrán media hora ante los diputados de Asuntos Constitucionales para volver a defender su posición.
Cuando los gays y lesbianas llegaron con la idea de unirse ante la ley, el primero que elevó la mano y la voz para avalar la idea con su firma fue el frepasista Roque Bellomo. Claro que pronto se le sumaron como coautores no sólo la izquierda, el Frepaso, y el ARI casi completos, sino los peronistas Víctor Santa María, Irma Roy, Enrique Rodríguez (del bloque Forja 2001) y los radicales Irma Gerch, y Héctor Constanzo. En total lo firmaron 18 legisladores. Hasta Pablo Caullier, de Nueva Dirigencia, dijo estar de acuerdo, “en principio porque soy liberal”. Sobre el resultado de las consultas a los juristas, Bellomo sostuvo ante este diario que “creíamos que habría objeciones porque desde la ciudad no podemos incursionar en los derechos civiles, materia reservada a la Nación. Pero todos coinciden en que el hecho de tener un registro para las uniones homosexuales no implicaría ninguna violación al Código Civil ni a la Constitución. En realidad hay mayoría para que salga adelante porque además esto tiene consenso social: los porteños son progresistas y esperan cambios culturales como éste”.
La que sin llegar al pesimismo se cuida al evaluar el futuro es Alicia Pierini, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quien nunca suscribió el proyecto de la CHA. “Las consultas (al Colegio de Abogados y las universidades) las respondieron personas que ya previamente adherían al tema. La única consulta independiente fue al Tribunal Superior, firmada por Julio Maier, quien dijo que es muy difícil que desde un distrito se resuelvan cuestiones civiles”, expuso Pierini ante Página/12. La diputada se dice preocupada por la cuestión jurídico-técnica del proyecto. Pero sin embargo escribió un despacho borrador en el que entiende a la unión civil como el “vínculo legal que adoptan libremente dos personas mayores de edad, que conviven en una relación de afectividad estable pública y análoga a la familiar”. Preocupada y “prudente” porque “al estar (el proyecto) liderado desde la CHA se genera otro tipo de reacciones”, Pierini le quitó en su despacho al texto la frase “con independencia de su sexo y orientación sexual”. Flavio Rapisardi, vicepresidente de la CHA, salió a aclarar que “esta manera de borrar la orientación sexual dejando librada la decisión de incluirnos a la ideología de los jueces no la vamos a negociar”. “Vamos a interpretar cualquier maniobra de dilación o de atraso en mandar el proyecto a la Cámara como un modo de discriminación y actuaremos en consecuencia”, advirtió.