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El proceso de regularización de trabajadores inmigrantes ilegales en España cerró el sábado con unos 23.848 argentinos que iniciaron sus trámites, el 3,5 del total de extranjeros. Pero quedó abierta otra cuestión: ¿qué va a ocurrir con los que quedaron afuera de ese proceso que duró tres meses? Algunas ONG estiman que unos 60 mil argentinos seguirán siendo “ilegales”; sin embargo, para el Gobierno esa cifra es exagerada y se estima que el total de compatriotas en ese país es de 40 mil, sin contar a los que entraron en el proceso de “blanqueo”. Lo cierto es que el Estado español no extendió los plazos del beneficio ni dio indicios de reabrir un proceso de regularización como el que culminó y al que calificaron de “un éxito”. Para las ONG comienza una etapa de “persecuciones”.
El total de inmigrantes que iniciaron los papeles para “legalizar” su situación fue de 690.679. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales español, Jesús Caldera, consideró que el proceso fue un “éxito” y se estima que entre 63.108 y 179.076 personas seguirán siendo “irregulares”.
“La sensación que queda es que con los que no regularizaron no va a pasar nada, el gobierno es inflexible”, no obstante “vamos a seguir peleando”, afirmó a Página/12 Lorena Lores, titular en Galicia de Argentinos en el Extranjero. De ahora en más, los trámites que deberán que cumplir los que quedaron sin el beneficio son: la presentación de un contrato de trabajo, certificado de antecedentes penales y constancia de empadronamiento mínimamente anterior al 7 de agosto de 2004. Es decir, los mismos que durante el proceso que cerró, con la diferencia de que el Estado español se reservará el derecho de aceptar o no el pedido. Las oficinas españolas especialmente abiertas se cerrarán. No así las del gobierno argentino que reabrió el Consulado de Cádiz para sumarlo a los de Barcelona, Vigo y Madrid. Además, duplicó la cantidad de empleados y aplicó un sistema de consulados itinerantes para quienes viven lejos de las ciudades.
Del proceso quedaron afuera los trabajadores autónomos; hijos y cónyuges de los que sí regularizaron; quienes no se empadronaron antes de agosto de 2004 y los que no obtuvieron un contrato de trabajo. Ahora, sólo podrán regularizarse aquellos que estén en el país durante los tres meses que se permiten al turista y tengan un empresario que quiera contratarlos; los que estén en situación de “arraigo laboral” (con dos años de trabajo en negro y voluntad de denunciar por ello a su empleador) o en “arraigo social” (que llevan tres años ininterrumpidos de trabajo, tienen informes favorables del Ayuntamiento o vínculos familiares en ese país). El resto seguirá a la deriva.
Para Néstor Pedrero, de Argentinos en el Extranjero de Vigo, hay dos problemas por los cuales los “ilegales” seguirán en esa situación: “El error fue que uno de los trámites dependa de los empleadores, hay muchos que no quieren legalizar al inmigrante. Eso sí, hay toda una economía basada en ‘ilegales’. El empresario que puede negrear, negrea. Esto es así aquí y en cualquier parte. Y no se nota la intencionalidad de la economía estructural española para cambiar esto”.
“Pensábamos que esto sería más integrador. El gobierno avisó que enviará 500 inspecciones a lugares de trabajo para ver si hay ‘ilegales’. Se prevé una actitud represiva y viene una batalla importante: vamos a pedir es el cumplimiento de tratados bilaterales para que los argentinos en España tengan el mismo trato que los españoles en Argentina”, anticipó Carlos Slepoy, abogado de la Casa argentina en Madrid. Esos acuerdos son cuatro –el más viejo data de 1863– que pautaron favoritismos a la inmigración española en Argentina. “Nos indigna que si la Argentina recibió inmigrantes españoles, se tenga una actitud represiva hacia nosotros”, concluyó.

Informe: Adrián Figueroa Díaz.