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Cuando el año pasado un grupo de ambientalistas se reunió con Néstor Kirchner le planteó que en el norte existía una nueva ESMA. Hoy vuelven a decirlo: “El desmonte es la bomba socioambiental que va a estallar en las provincias más pobres”. Ayer unas pocas líneas de información daban cuenta de un nuevo enfrentamiento por un desmonte en la provincia de Salta. Ocurrió entre los pobladores wichis de la comunidad de Tonono y una empresa privada dispuesta a comenzar el trabajo de alambrado de cinco mil hectáreas para desmontar tierras de uso comunitario y tradicional. Los wichis desalambraron seis kilómetros del cerco, echaron al capataz y armaron un campamento de protesta. El capataz los denunció por privación ilegítima de la libertad. Ellos dicen que la ocupación como acción directa es una respuesta a la inacción del Poder Judicial.
John Palmer es un antropólogo inglés. Es blanco, pero forma parte de la comunidad wichi de Salta desde hace años. “Mañana (por hoy) vamos a ir al Juzgado Civil y Comercial de Tartagal –le explicó a Página/12– para presentar una medida autosatisfactoria que es una figura nueva, de tipo cautelar pero sumarísima, para lograr un efecto más rápido y detener la obra que está en marcha.”
La obra en marcha es un alambrado sobre 5600 hectáreas ubicadas alrededor de la cuenca del río Itiyuro, una zona donde conviven unas seis comunidades wichis integradas por unas dos mil personas. El río Itiyuro está entre el Pilcomayo y el Bermejo, pozos de agua que ancestralmente sirvieron de asentamiento de otras comunidades originarias. Todas esas tierras formaban parte antiguamente del territorio boliviano, luego quedaron bajo el legado argentino y a nombre de Robustiano Patrón Costa. Desde aquella época hasta ahora, sus propietarios fueron cambiando pero pocos hicieron uso efectivo de las tierras hasta el boom del cultivo intensivo de transgénicos como la soja.
“Ocurre desde hace unos años –explicó Palmer–: hay un avance muy fuerte de las empresas agroindustriales de todos lados con cultivo intensivo de todo, pero ahora de la soja que está de moda.”
La Cuenca de Itiyuro es especialmente atractiva para los depredadores de monte, como llaman los wichis a las compañías productoras. Es una tierra tropical, con temperaturas de 60 grados en verano, ubicada entre las Yungas y el Chaco seco con extensiones ideales para plantaciones de porotos, algodón y también de soja.
La defensa que comenzaron estos días sus habitantes tuvo un punto de inflexión el año pasado, cuando otras dos compañías encabezaron proyectos de desmonte semejantes sobre terrenos de diez mil hectáreas cada uno. Aquella vez, las comunidades acudieron a la Justicia antes de iniciar una acción. “La respuesta fue absolutamente positiva –apunta nuevamente el antropólogo–: la Justicia ordenó paralizar la obra, pero esa decisión nunca se llevó a la práctica.”
Por esa razón, la reacción esta vez fue distinta. El último 25 de mayo, la comunidad wichi de Tonona decidió desalambrar seis kilómetros de cerco colocados por sobre la parcela conocida históricamente como La Maderera, que ahora habría cambiado de dueños. La decisión generó un conflicto con el capataz del lugar. Denunció a los wichis por privación ilegítima de la libertad y coacción, una denuncia desmentida por los miembros de la comunidad: “La gente siempre poseyó y vivió ahí”, precisó América Alemán, abogada de la comunidad. Según la abogada, esa situación es conocida por el gobierno provincial y por el municipal, dado que “después de un largo trámite construyeron un pozo de agua” para la comunidad.
El pozo de agua está en medio del terreno disputado, un desprendimiento de Tonono en la margen norte de la cuenca del río Itiyuro. Ese es el sitio donde la comunidad ayer improvisó un pequeño campamento base como medida de protesta para evitar la expropiación. “Acá se está diciendo que ocuparon las tierras, como si fuera un corte de rutas, pero en realidad –corrigió Palmer– no ocuparon nada, están al lado de su pozo de agua en un terreno que les pertenece.”Durante estos días no habrá ningún otro movimiento más que “rechazar el ingreso de extraños a las tierras que ellos usan tradicionalmente”, indicó en este caso la abogada preocupada porque los ancianos, mujeres y los niños del campamento se encuentran sin comida ni forma de obtenerla. “Aún no tengo vista del expediente en el que hay una denuncia penal –continuó–. De este modo los indígenas no tiene derecho a defensa.”
Los argumentos de la comunidad para defender el espacio de uso ancestral están respaldados por una garantía constitucional, dice Palmer. “Lo que ellos piden ahora es formar parte de un comité de consulta como está establecido.”
Los desalojos masivos, el éxodo y el desmonte no son los únicos problemas que preocupan a las comunidades salteñas. Durante los últimos tiempos, al compás de las topadoras han crecido aserraderos legales e ilegales. Los wichis denunciaron el paso de camiones que entran a robar madera y talar árboles en sus tierras.