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El director gerente del Fondo Monetario, Rodrigo Rato, confirmó que la administración Kirchner le manifestó oficialmente su decisión de iniciar discusiones para la firma de un nuevo acuerdo y que éstas se llevarán a cabo a partir de julio. “El programa acordado en septiembre del 2003 no se implementó totalmente a causa de la decisión de las autoridades argentinas de postergar elementos estructurales clave del programa hasta completar la reestructuración de la deuda”, señaló Rato, a través de un comunicado de prensa. Así, dejó en claro también que hasta tanto el Gobierno no se comprometa a cumplir esos “elementos estructurales clave” no habrá nuevo acuerdo. Entre esas condiciones se encuentran la exigencia de un mayor superávit fiscal, el descongelamiento total de las tarifas de servicios públicos, una política antiinflacionaria más estricta aun a costa de dejar caer el dólar y una nueva oferta para los acreedores que no aceptaron el canje. En el Ministerio de Economía tomaron el anuncio con cautela. “Con el FMI no es cuestión de arreglar, sino de cómo arreglar. No sirve comprometerse a cualquier cosa que uno no está dispuesto a hacer”, sostuvo el director de Política Macroeconómica, José Luis Maia.
El titular del Fondo precisó que convocará al Directorio de la entidad durante julio para discutir los lineamientos del nuevo acuerdo con la Argentina y opinó que ese encuentro “será también una excelente oportunidad para que las autoridades argentinas les expongan a los directores ejecutivos su propia visión sobre los contenidos y los tiempos de las medidas claves de un futuro programa”.
Tras esa reunión del Board –dominado por los directores del Grupo de los Siete–, el staff del Fondo (los cuadros técnicos liderados por el indio Anoop Singh) espera “comenzar las discusiones con las autoridades argentinas” con miras a un nuevo entendimiento. Rato dijo además que esa reunión con el Directorio tendría lugar “en un futuro muy cercano”.
El anuncio formal de Rato surge después de que Roberto Lavagna afirmara el lunes pasado que “cuando el FMI diga que está listo (para reanudar el diálogo), el gobierno argentino estará listo para que viaje una misión de técnicos a Washington” y fijará la fecha para el inicio de las conversaciones el 16 de julio próximo.
El comunicado del Fondo contiene varios puntos que confirman que no será fácil para el Gobierno acceder a un nuevo acuerdo, a menos que esté dispuesto a ceder frente a las duras condiciones que pondrá sobre la mesa el organismo. Por un lado, porque hace mención a la necesidad de consultar al Directorio desde el comienzo mismo de las negociaciones porque cualquier acuerdo al que se llegue implicaría una utilización de los “recursos extraordinarios” del Fondo, cuando en realidad la administración Kirchner sólo solicitará la refinanciación de los vencimientos de la deuda de los próximos tres años.
De hecho, ése es el único interés del Gobierno en un nuevo pacto: refinanciar unos 2200 millones de dólares que vencen hasta fin de año y otros 10.000 millones en los dos años subsiguientes para después del 2008. Como es sabido, en el Board del organismo hay una posición muy hostil a la Argentina por parte de los representantes de países tales como Italia y Japón, que defienden los intereses de los acreedores privados de ese orígen damnificados por el default. En tanto que la administración Bush, que allá por el 2003 defendió la necesidad de llegar a un acuerdo, hoy no estaría dispuesta a liderar una posición favorable a la Argentina y correr el riesgo de fracturar al G-7.
Por otro lado, el comunicado de Rato dice que un futuro acuerdo podría basarse en las conclusiones de la revisión de la economía argentina realizada por el staff recientemente y aprobada por el directorio el 20 de junio último. Como reveló Página/12, dicho documento (llamado Artículo IV), cuyas “recomendaciones” serían difundidas “en breve”, presenta una serie de objeciones a la política económica oficial y expresa una serie dereclamos que el Gobierno no estaría dispuesto a satisfacer, al menos antes de las elecciones de octubres. Entre ellos se cuentan los siguientes:
- Elevar el superávit fiscal del 3,5 por ciento del PBI que figura este año como meta presupuestaria al 4,5 por ciento. Según los burócratas de Washington, sólo con más ajuste fiscal podría garantizarse el pago de los compromisos financieros en el futuro (la llamada sustentabilidad de la deuda).
- Descongelar las tarifas de los servicios públicos privatizados. Para el staff del Fondo, sin este ajuste no podrían garantizarse las inversiones en este sector ni la renegociación de la deuda de las empresas, altamente endeudadas en dólares. Además, acusa al gobierno de Kirchner de mostrar una actitud hostil con las privatizadas y el capital extranjero con el fin de ganar popularidad.
- Limitar la compra de dólares por parte del Banco Central, para endurecer la política antiinflacionaria, y dejar caer la cotización de la divisa de ser necesario.
- Para colmo, en el informe del Artículo IV el staff del organismo pronostica que, de no efectuarse estas correcciones en la política económica, la tasa de crecimiento de la economía para los próximos años caería a un 2 por ciento anual en promedio.
En este contexto, es lógico que desde Economía no alienten las expectativas sobre la posibilidad de acordar antes de las elecciones. Primero, porque el Gobierno no estaría dispuesto a ceder, al menos por ahora, a la pretensión de elevar la meta de superávit fiscal, y mucho menos a la recomendación de dejar caer el dólar, como quedó en evidencia con los esfuerzos para sostenerlo durante junio. Segundo, porque los tiempos son demasiado cortos: en agosto, Washington se toma vacaciones, por lo que habría que cerrar trato en julio o postergar las cosas para septiembre, cuando todo el Gobierno estará sumergido en la campaña electoral.
Si el Gobierno insiste con el pedido de negociar un acuerdo a 3 años, todo indica que el FMI no se moverá ni un centímetro de las condiciones que ya trascendieron y que incluso buscará garantías para su cumplimiento. Por eso, una alternativa con la que especulan algunos es la posibilidad de conseguir un nuevo “acuerdo corto”, de un año, que le permitiera al Gobierno refinanciar sólo vencimientos de este año y patear las condiciones más pesadas para adelante.