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Salen franceses, entran argentinos. Por una razón u otra, ése resultó el cambio más notable en el campo de los servicios públicos privatizados después de la devaluación. Primero fue France Telecom que vendió su participación en Telecom Argentina al grupo Werthein. Con más ruido y en medio de una pelea, Suez dejó la operación de Aguas de Santa Fe y negocia la transferencia de sus activos con el grupo local Emgasud, de Alejandro Ivanissevich. Además, Suez amenaza con romper el contrato de concesión de Aguas Argentinas. La que no quería irse pero tuvo que hacerlo por la fuerza fue Thales Spectrum, y en ese caso el Estado asumió el control del espacio radioeléctrico. El último movimiento fue el de Electricité de France, que entregó el control de Edenor al fondo de inversión Dolphin.
Todo lo contrario ocurre con las compañías españolas, que a través de Repsol-YPF, Endesa (Edesur) y Telefónica lograron acuerdos convenientes con el Gobierno que consolidan su presencia en el país. “Son distintos conceptos de hacer negocios”, interpretó un funcionario que conoce de cerca a unos y otros. Mientras los franceses resolvieron entregar sus activos junto con sus deudas y no esperar a la finalización de la renegociación de los contratos, los españoles apostaron por la continuidad y la expansión. “Tienen distintas perspectivas de cómo evolucionará el país en el mediano plazo”, agregó el hombre del Gobierno.
Una situación similar se dio en el terreno bancario. Los primeros en levantar campamento tras el estallido de la convertibilidad fueron los franceses. El Banco Nación tuvo que hacerse cargo de la noche a la mañana de los bancos Suquía, Bersa y Bisel, abandonados a su suerte por el Credit Agricole. Los compradores fueron el Macro Bansud y el Banco de Santa Fe, respectivamente, en tanto que el Bisel continúa bajo administración pública. Recientemente, el Société Générale concretó su transferencia a la familia argentina Supervielle.
Durante los ‘90, los capitales franceses llegaron a ocupar el tercer puesto en el ranking de inversiones directas en Argentina, con algo más de 10.000 millones de dólares. Ahora hay un proceso de desinversión, aunque la presencia de ese país sigue siendo importante. Compañías como Total, Alstom o Renault ratificaron su continuidad.
“Un aspecto que influye en la retirada de Argentina es que existe cierta desconfianza hacia el Gobierno”, manifestó un ex directivo de una de las privatizadas que se retiraron. El mismo acuerdo que el Gobierno les ofreció a las distribuidoras eléctricas y a las telefónicas fue aceptado por las españolas Endesa y Telefónica y rechazado por las francesas Electricité de France y Telecom.
El hecho de que el espacio libre sea ocupado por argentinos tiene que ver con que las ganancias de las privatizadas en moneda dura –dólar o euro– ya no son lo que eran. Si bien la explotación de los servicios sigue siendo rentable, la masa de dividendos no resulta lo suficientemente atractiva como para que desembarquen otras empresas extranjeras. Al menos por ahora, según parece indicar la lógica de los fondos de inversión locales que están tomando posesión de las compañías.