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La causa de Florencia Rombolá avanza sobre un camino de arena que se disuelve a cada paso, especialmente cuando se trata de la habilitación municipal de la pileta. Durante cuatro años, la fiscalía no tomó medidas procesales al respecto. La parte querellante pudo descubrir una pista clave: en noviembre del 2000, un mes y medio antes de la muerte de Florencia, el gobierno porteño intimó a All Boys para que cumpliera con las medidas de seguridad indicadas en la ordenanza 41.718. El 12 de febrero de 2001 murió Florencia. Días después, el club pidió la habilitación sin haber realizado las reformas porque la pileta tenía faja de clausura de la Justicia penal. Lo curioso es que el mismo funcionario municipal que antes había intimado a All Boys a cumplir con la 41.718, ahora sostenía que la ordenanza no estaba vigente, y concedió una habilitación precaria.
El 14 de noviembre de 2000, anticipando el verano y las colonias de vacaciones, All Boys 2000 SA solicitó la habilitación municipal del natatorio, sosteniendo que cumplía con las condiciones de seguridad requeridas. Dos semanas más tarde, Horacio Spandonari, director general de Verificaciones y Habilitaciones del gobierno porteño, respondió intimando a que se cumpliera con la ordenanza 41.718 bajo apercibimiento de las penalidades previstas. Hasta el 12 de febrero de 2001, fecha en que falleció Florencia, en el expediente municipal no aparece ninguna novedad, por lo que se deduce que no se realizaron las obras (de otro modo, al club le hubiera urgido pedir la habilitación). Pero el 20 de febrero, ocho días después del escándalo, un apoderado de All Boys 2000 SA pide una prórroga de 15 días para cumplir con la intimación. A esa altura, el natatorio estaba con faja de clausura. El 26 de febrero aparece la visita de una funcionaria que habría realizado una inspección. El 27 de febrero, el juez Mariano Bergés allana el club buscando el permiso de habilitación, que no encuentra. Y el 28 de febrero, sin que se hubieran realizado obras (recordar la faja judicial), el funcionario Spandonari dispuso habilitar el natatorio en forma precaria, aludiendo que la 41.718 (que antes consideró incumplida) no estaba reglamentada y por lo tanto era inservible.
Un detalle anecdótico de cómo se lleva la causa sobre los funcionarios públicos: un testigo en la investigación a Spandonari fue citado el 8 de julio, para presentarse en “carácter de urgente” el 7 de julio. La notificación fue entregada en mano el 11 del mismo mes.