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“Si se hubiese conseguido a tiempo la orden de allanamiento, Santiago estaría con vida, esto es lo que intentamos demostrar”, le dijo a Página/12 Rolando Quinteros, abogado de los padres del nene de seis años asesinado el fin de semana en Canning. Para hacer esa afirmación, la familia Miralles tienen entre sus manos los resultados de la autopsia de la policía científica, donde dice que Santiago murió casi un día después del pedido de rescate. Durante ese lapso permaneció vivo, oculto en la finca lindera. Un perro de la policía había detectado el lugar que no se inspeccionó por la negativa de uno de los caseros. De ahí, los reproches contra las demoras judiciales. Por eso, la familia convocó ayer a una marcha de silencio para el martes próximo, a las 18, en reclamo de justicia, en la plaza central de Lomas de Zamora.
“Yo sé que con esto no voy a conseguir nada para Santiago”, dijo Silvia, la madre de Santiago, a Página/12. “Pero lo que pretendemos es que al menos se modifique algo, que se aceleren los tiempos con los que trabaja la Justicia para que no haya otros casos más.”
Desde hace días, los Miralles sostienen una posición crítica sobre la instrucción del caso. Cuestionan el tiempo que demoró la policía y la Justicia provincial y federal para llegar hasta la finca de los Coito Machado donde, finalmente, el sábado encontraron a Santiago sin vida.
Santiago desapareció de la esquina de su casa el miércoles 13 a las 15.30 horas. El jueves a las 11.10 su abuela recibió un llamado con el pedido de rescate. Hasta ese momento la investigación estaba en manos de la Justicia ordinaria, en la Unidad de Investigación Fiscal 13 de Lomas de Zamora. Con el llamado, el caso pasó a manos de la Justicia Federal como supuesto “secuestro extorsivo”.
¿La causa quedó a la deriva por el cambio de jurisdicción? Ese es uno de los interrogantes que sostiene la familia. Según Quinteros, cuando la abuela de Santiago recibió el pedido de rescate la policía estaba haciendo “el rastrillaje que salió en televisión, un perro se paró en la puerta de la casaquinta de Canning donde tenían a Santiago, pero el casero no le permitió la entrada a la policía. ¿Por qué no trajeron una orden de allanamiento rápido?”, se pregunta el abogado.
Habrían pasado al menos veinte horas desde ese momento hasta la hora de la muerte. “La autopsia tiene un margen de error de doce horas –sigue el abogado–, pero dice que Santiaguito murió el viernes entre las diez de la mañana y las diez de la noche, si hubiesen entrado a tiempo el chico estaría con vida.”
La familia sigue tres caminos procesales. “Por un lado, y antes que nada, queremos dar con los autores materiales, partícipes y eventuales encubridores”, dice Quinteros. En segundo término, intentarán abrir una investigación sobre quiénes pudieron contribuir con el silencio, la negligencia o la complicidad con los asesinos. Y, finalmente, apuntarán contra la instrucción: “Hubo desidia, negligencia de parte de la policía y de la Justicia”.
Durante el día de ayer los padres de Santiago terminaron de organizar una marcha para la semana que viene. Será la primera con la que la familia intentará canalizar un reclamo colectivo de justicia. Para hacerlo, se pusieron en contacto con Juan Carlos Blumberg que les aseguró su presencia. Ayer el fiscal federal Carlos Daneri le tomó declaración a un vecino de Canning que habría declarado por segunda vez en la causa. Como el expediente se encuentra bajo secreto de sumario, el abogado de los Miralles se limitó a explicar que el testimonio resultó “muy productivo” porque les permitió confirmar el reconocimiento sobre dos de los seis detenidos. Por estas horas se aguarda la resolución de la situación procesal de los seis detenidos.