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El estallido de un radiador móvil en una de las ocho habitaciones de la Residencia Geriátrica Costa Rica sería la causa del incendio que concluyó el sábado poco antes de la medianoche con la muerte de tres de los 16 ancianos internados. Según datos del gobierno porteño, era uno de los escasos 150 establecimientos en “perfectas” condiciones. La última inspección se hizo el 28 de febrero de 2005 y las anteriores fueron de junio y agosto de 2004. La ley no prohíbe expresamente el uso de los radiadores móviles en estos emprendimientos por lo que “su uso o está permitido o existe un vacío legal para prohibirlo”, explicaron fuentes del gobierno de la ciudad. Hasta anoche tres de los 15 internados en diferentes hospitales permanecían en estado crítico. Según la Defensoría de la ciudad de Buenos Aires, desde enero de 2002 el Ejecutivo tiene pendiente la reglamentación de la nueva ley.
En la ciudad existen 1031 geriátricos habilitados, desde la tragedia de Cromañón se inspeccionaron 729. De ellos, 45 fueron clausurados y hubo 1565 actas de infracción. Los controles empezaron en el mes de marzo y estuvieron a cargo de un área especial para geriátricos. Para el sondeo, se tuvo en cuenta la antigüedad del edificio, la cantidad de moradores alojados y las denuncias de terceros. El geriátrico Costa Rica no entró en la lista de inspecciones urgentes y la comisión no lo inspeccionó. Según explicó un vocero del gobierno porteño, “era uno de los escasísimos sitios que teníamos en buenas condiciones”.
La residencia donde explotó la estufa está ubicada al 4752 de Costa Rica, en pleno corazón de Palermo Viejo. Con una extensión de 263 metros cuadrados y ocho habitaciones, había obtenido la habilitación para funcionar como establecimiento geriátrico de 17 camas en 1998 con el expediente 045314. Hasta el sábado a la noche, tenía su capacidad completa. Pero en el momento del incendio no había 17 abuelos sino 16; uno estaba en casa de su familia.
El fuego se inició a las 22.30 del sábado, en una habitación de la planta baja donde dormían tres ancianas que murieron calcinadas. Si bien se aguarda la pericia definitiva de Bomberos de la Policía Federal para definir las causas y eventuales responsabilidades del incendio, los primeros indicios indican que se habría originado por una falla en un radiador eléctrico de aceite. Aunque el fuego quedó reducido al radio de la habitación, el humo se propagó a otras habitaciones de la casa. Generó quemaduras y principios de asfixia en el resto de los abuelos internados y en dos enfermeras.
El Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) trasladó a 8 de los 15 asfixiados al Hospital Fernández, 5 al Rivadavia y otros 2 al Hospital Durán. Entre ellos, 13 eran abuelos, además de las dos enfermeras que se encontraban en el lugar. Ayer al mediodía cinco habían obtenido el alta médica y por la tarde se dio el alta a otros dos. Tres ancianos internados en el Fernández y en el Durán continuaban, en cambio, con un cuadro de salud delicado. Tienen 76, 84 y 89 años. “La ingestión de monóxido de carbono por vías respiratorias les generó un complicado cuadro pulmonar”, explicó un vocero del gobierno porteño.
La investigación del caso quedó en manos del fiscal de instrucción porteño Pablo Recchini, quien se acercó personalmente al geriátrico la noche del incendio para darle directivas a la policía. En ese momento, el fiscal quería saber si la casa funcionaba con habilitación y con los controles al día de los inspectores del gobierno porteño.
De acuerdo con las consultas hechas por este diario, durante el último año el geriátrico tuvo dos veces inspecciones. En junio de 2004, un equipo de la Dirección de Tercera Edad le pidió una verificación al área de la Dirección General de Fiscalización y Control Comunal que inspeccionó el sitio el 10 de agosto pasado. Los datos en manos del gobierno porteño indican que de acuerdo con el resultado del informe, el geriátrico “funcionaba en perfectas condiciones”. El 28 de febrero de este año otro equipo, esa vez de la Dirección de Higiene y Bromatología de la ciudad, volvió a la casa de la calle Costa Rica. Aunque la tarea específica no eran controles sobre las condiciones de seguridad edilicia, “los inspectores –explicó el vocero– están obligados a requerir todas las certificaciones y si observan inconvenientes deben comunicarlo”. Por los resultados de Bromatología, el lugar seguía funcionando con las condiciones reglamentarias en regla.
Eugenio Semino, ombudsman para la Tercera Edad de la Defensoría de la ciudad, aún espera los resultados oficiales de las causas de la tragedia de Palermo. De todos modos, ayer explicó que el problema central de los geriátricos porteños –habilitados y los “muchos” que funcionan sin habilitación, dice– es la demora en la reglamentación de la ley sancionada por la Legislatura en enero de 2002. “No es el primer accidente que tenemos, ya habíamos tenido otros dos muertos el año pasado en Saavedra y la ley aún no se reglamentó.” La ley intenta crear una comisión especial de inspectores con poder de policía para inspeccionar calidad edilicia, técnica y profesional de las instituciones privadas. “Porque si no tenés calidad de atención los viejos se mueren igual”, dijo.