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Con camas, mesitas de luz y una olla humeante con guiso de arroz y sillas, en medio de una estruendosa concentración, un grupo de vecinos de villas de la ciudad de Buenos Aires decidió “mudarse” frente a las oficinas de un juez porteño que suspendió la construcción de viviendas para personas de bajos recursos económicos en el barrio de Lugano. La teatralización de la casa instalada en medio de la calle simbolizó la condición en que podrían quedar miles de familias a causa de un amparo presentado por vecinos de ese barrio, que reclaman tener frente a sus casas espacios verdes en lugar de departamentos con gente de barrios pobres. El enfrentamiento vecinal, sostienen, incluye intereses políticos. “Hay quienes hablan de conflictos porque les interesa confundir a la gente”, opinó el juez Roberto Gallardo, quien aseguró a este diario que su decisión sigue “firme”.
La movilización que ayer cortó Avenida de Mayo al 700, donde la policía instaló un vallado frente al Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario, fue organizada por la Coordinadora de Villas y Núcleos Habitacionales (CVNH) que representa a 16 barrios pobres de la ciudad. Marcharon en solidaridad con las familias que esperan su traslado al Parque de las Victorias, ubicado en Larrazábal y avenida Cruz, donde se construirán torres para 1700 de las 2600 viviendas previstas en la zona. El proyecto se enmarca en el Plan Federal de Viviendas del gobierno nacional que dispuso la construcción de 5 mil departamentos en la Capital.
El amparo que frenó las obras ya iniciadas en el sitio de la disputa fue presentado por un grupo de vecinos de Lugano sobre la base de tres ejes argumentativos: “Reclamaron porque las obras se están haciendo en un espacio verde que ellos quieren mantener, que no se hizo un estudio de impacto ambiental y no se llamó a audiencia pública”, sintetizó a Página/12 el juez Gallardo, que hizo lugar al pedido el 14 de junio debido “a la complejidad del asunto a resolver y la eventualidad de que pudieran afectarse en forma irreversible derechos constitucionales”.
Como respuesta a esas quejas, el titular del Instituto de la Vivienda porteño, Ernesto Selzer, explicó a este diario que no se hizo el estudio de impacto ambiental porque la ley “dice que la construcción de viviendas siempre es beneficiosa y no produce efectos relevantes en contra de la población”, y que por ello “tampoco correspondía llamar a audiencia pública”. Asimismo afirmó que “en la ciudad jamás se hizo un estudio de ese tipo” y que “habría que ver si algún juez lo ordenó cuando se construyeron torres (de departamentos) en los barrios más caros, siendo que la proporción de suelo que ellos ocupan es más alta que la de las viviendas populares”.
La decisión judicial suspende las obras de “urbanización, construcción de viviendas o instalación de polos industriales, tecnológicos u homólogos”, con lo cual quedaron frenadas las obras de pavimentación y tendido de agua potable en la Villa 20, además de la instalación de redes cloacales en la zona, la construcción del hospital de Lugano (al lado de donde se pretende construir las torres) y del controvertido polo farmacéutico.
“Nos vamos con el alma llena de medias suelas”, fue la metáfora utilizada por el secretario general de la Coordinadora, Guillermo Villar, para quien la determinación de Gallardo “genera una situación de pobres contra menos pobres”. Para el dirigente, el costado político del tema tiene que ver con que “hay sectores políticos que influyeron; si no, no tiene sentido que se suspendan obras de mejoramiento”. Según Marcelo Chancalay, “por lo menos 300 familias de la Villa 20 irían a esos departamentos”; el resultado de ello sería “descomprimir el hacinamiento en el que vivimos. Sin embargo, con esta decisión vamos a seguir viviendo como hace 45 años, con calles de barro en pleno siglo XXI”.
Durante la protesta de ayer que aturdió con pirotecnia de tres tiros a los 500 manifestantes y transeúntes, y luego de la teatralización que parodió a Gallardo diciendo “no voy a hacer justicia”, miembros de la CVHN intentaron presentarle al juez una carta en la que le pidieron “rever” el dictamen explicándole que “la transformación de villas en barrios dignos” se encontró con el “escollo” de una decisión de “parar todas las obras por un pedido de un sector minoritario manejado en forma ‘politiquera’”. Gallardo aseguró que la carta no fue recibida porque “el tribunal estaba cerrado” y “la entrega de un petitorio corresponde a la Legislatura o al gobierno, no a un juez que se maneja con pedidos de audiencia”. El magistrado se quejó de que “por los carteles que vi, algunos de los que estaban allí no tenían nada que ver con los afectados que son quienes viven en la Villa 20”, un lugar que según él “caminé de punta a punta como pocos jueces”.

Informe: Adrián Figueroa Díaz.