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Nilda del Valle Dojorti quiere ser David. ¿Quién es su Goliat? Microsoft Corporation, nada menos, la del mismísimo Bill Gates. Es que la mujer, de 51 años, viuda y oriunda de San Juan, ya le ganó al gigante informático el juicio penal que le había iniciado por supuesta piratería y ahora va por más: le inició una demanda civil por casi un millón de pesos en concepto de “daños y perjuicios” y “daño moral”. “Fui injustamente procesada acusada de plagiar programas ajenos y venderlos. Ahora la que acusa soy yo, por los perjuicios que me causaron”, dice Nilda a Página/12. Lleno de irregularidades que incluyeron la mezcla de sus materiales con otros secuestrados de comercios ajenos, el pleito finalizó hace 3 años con la mujer absuelta por falta de pruebas, aunque muy lejos de la posición social que otrora le diera su negocio. El próximo 10 de junio tendrá una segunda audiencia conciliatoria pedida por el juez que interviene en la causa.
El negocio de la informática recién se establecía en el país cuando Dojorti, con conocimientos en sistemas y marketing, invertía su capital en el alquiler de un local de computación en la Galería Jardín, de la calle Florida. Lleno de las viejas computadoras Commodore 64, 128 y Amiga, el negocio marchaba viento en popa. Tan bien les iba a Nilda y a su empleado Julio Oliveira –analista de sistemas–, que pasados unos años la mujer se animó a comprar el espacio y alquilar otro dentro de la misma galería. Además, aunque la época de la plata dulce ya no corría, Nilda pudo darse el lujo de recorrer Europa y comprarse una casa, un auto y un departamento, los mismos que después tendría que vender para sobrevivir. “El primer local lo alquilé a fines del ‘82 y los allanamientos por la denuncia fueron a principios del ‘88, así que la buena vida me duró unos 5 años”, comenta ella con un tono que mezcla nostalgia y bronca.
“9 de febrero de 1988.” La fecha se intercala a cada momento en su relato. Aquel día, todo el software con que contaba y parte del hardware le fue secuestrado a raíz de la denuncia realizada en diciembre del ‘87 contra ella y otros dos dueños de comercios del microcentro por Estudios Bejerman –que comercializaba programas contables propios y productos de Microsoft– y otras cinco empresas hoy desaparecidas. La acusaban de “infringir la Ley de Propiedad Intelectual”, o sea, de plagiar software. “Lo increíble –dice Nilda–, es que en mi local no había programas contables como los que vendía Bejerman y los que tenía eran sólo para Commodore, incompatibles con las PCs de Microsoft, que se importaban.”
Aquel dato no fue considerado en su momento por la Justicia y Dojorti se vio obligada a cerrar el local que poseía y a trabajar en el alquilado. “Pero apenas duramos unos meses. Entre que nos secuestraron todos los diskettes y parte de las máquinas, y que fuimos perdiendo los clientes porque empezamos a ser mal vistos por la gente, el negocio se desbarrancó y terminamos cerrando también el otro local.” Un proceso casi interminable comenzó entonces para ella: mientras la fecha del juicio se retrasaba y los abogados de Dojorti preferían abandonar el caso, en 1992 Microsoft Corporation se incorporó directamente a la querella y en el ‘93 se le dictó prisión preventiva con el beneficio de la excarcelación bajo palabra. En los años que siguieron al procesamiento, debió cambiar varias veces de trabajo y vender una a una las propiedades adquiridas “para que mis hijos vivieran dignamente”.
Así, en medio de un estado depresivo que aún hoy la aqueja, Nilda enfrentó el juicio oral en noviembre de 1999. Pero para su sorpresa, sus querellantes decidieron no presentarse y resultó absuelta junto con Oliveira de todos los cargos y “sin costas”. “Por un lado, estaba feliz porque se hizo justicia, y por otro, llena de bronca por los doce años de martirio que me hicieron vivir”, admite la mujer. “Por eso, lo que busco ahora es un resarcimiento económico. A mí el daño moral que me causaron no me lo paga nadie, pero al menos quiero que mis hijos sean recompensados por lo que a mí me quitaron.” En concreto, la demanda es por 995 mil pesos, “725 mil por daños y perjuicios, que tienen en cuenta su nivel devida en aquel momento y sus potenciales ganancias de no haber sido perjudicada, y 270 mil por daño moral”.

Producción: Darío Nudler.