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La reforma de la ley de excarcelaciones para por lo menos frenar la acumulación inhumana de presos en comisarías y cárceles bonaerenses tiene ya forma y votos a favor. El gobierno de Felipe Solá tiene en sus manos un proyecto en el que se aflojan las esposas que hace dos años se les puso a los jueces para que ya no pudieran excarcelar a la mayoría de los que cometen delitos menores. La idea del Ejecutivo es una ley que en lugar de decir que el magistrado “denegará” la excarcelación en una lista de casos especiales –como cometer el delito de hurto en compañía de menores o en grupo– diga “podrá denegar”. Los más progresistas lo ven como una manera de parar las violaciones a los derechos humanos en el encierro del Estado. Los históricamente proclives a la mano dura opinan que hay que resolver el caos carcelario y el riesgo de explosión volviéndole a dar a los jueces la posibilidad de excarcelar a quienes, por ejemplo, han llegado a estar un año presos por robar con un trozo de madera apoyado en la espalda de la víctima. Todos reconocen que haber endurecido por unanimidad el Código Penal apenas asumió Carlos Ruckauf, montados en la ola de endurecimiento que marcaban las encuestas, fue un error que salió caro.
Tan caro como el hecho de que se haya duplicado la población encerrada en lo que la ley lleva sancionada. Tan caro como que si no se reforma en breve, sin la menor posibilidad de construir cárceles, no habrá dónde depositar a las 2500 personas que ingresarían hasta fin de año al sistema penitenciario bonaerense. Los funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad le dieron todas las vueltas posibles al asunto durante los últimos meses, y aunque hay algunos paliativos como el traslado de presos a cárceles federales, siguen con el colapso carcelario como negro fantasma. Así es que, arremangados finalmente, se pusieron a conversar formal e informalmente con diputados y senadores. Allá fueron emisarios a intentar un contacto productivo con la idea de ablandar, sin que se note mucho pero eficientemente, la ley que imaginó algún día el ministro Osvaldo Lorenzo, ése que se fue cuando descubrieron que había defendido a Luis “el Gordo” Valor. Ahora, resulta, según las fuentes consultadas por este diario en los bloques de senadores y diputados justicialistas, que hay “cierto consenso para hablar de una reforma que sea realista con la situación carcelaria”, en palabras de un vocero.
“El tema ha sido discutido en el bloque del PJ y hay acuerdo para su aprobación en el Senado”, le dijo a Página/12 un vocero de la Comisión de Legislación General. “Lo central es darle más atribuciones a los jueces para que decidan sobre las excarcelaciones en delitos menores que se han transformado en fuente de horrores judiciales”, explicó. Al consultar en Diputados la opinión parece menos tajante. “Estamos discutiéndolo, ha habido conversaciones con el Ejecutivo y lo que se comprende es que se hace imperiosa una salida al tema carcelario”, opinó ante este diario una fuente de la Comisión de Seguridad. “Si robás una bicicleta y le pegás un empujón a la víctima entonces inmediatamente no es excarcelable –dijo–. Esto significa que hay siete mil quinientos presos que deberían ser cuidados por guardiacárceles y que están siendo vigilados por policías que faltan en la calle”.
Esa lectura es la que prefirieron ayer los funcionarios de Felipe Solá, quien tiene “a la firma” un proyecto para que el propio Ejecutivo le proponga al Congreso el cambio en la ley 12.405. “Hay que asignarle los recursos a la seguridad y no a la custodia de presos, es un disparate que los policías se dediquen a cuidar detenidos” es el argumento central de Marcelo Lapargo, el secretario de Política Penitenciaria bonaerense que sacó de la cúpula de su área a la vieja escuela dura de Esteban Mazzante. Para Lapargo es importante que los legisladores entiendan qué es lo económicamente sustentable. “Si desde que se firmó la ley el país hubiera crecido y se hubieran construido las cárceles necesarias, sería diferente –le dijo a este diario Lapargo–. Pero hoy para sostener esta ley quesuma a 2500 personas por año al sistema habría que quitarle a educación, salud y seguridad una cantidad de recursos importantes. Cada día un policía más entra a cuidar presos.”
Este llamado a la “racionalidad” del oficialismo encuentra su perfecto eco en las bancadas del Frepaso y el radicalismo ante la histórica posibilidad de resarcirse por aquella votación en la aunque advirtieron de las nefastas consecuencias del endurecimiento en boga, pusieron la firma en la ley nueva. “Es cierto que lo votamos, es innegable, lo votamos haciendo la advertencia de lo que iba a ocurrir –dice el radical Gustavo Ferrari–. La consecuencia estaba escrita. Contrariamente a lo que se sigue pensando, acá desgraciadamente hubo una reforma con la que no solucionamos el problema, llenamos las cárceles y la gente sigue pensando que la puerta para los delincuentes es giratoria.” En palabras del senador del Frepaso Eduardo Sigal hubo errores. “Nos equivocamos, tendríamos que haber mantenido una posición diferenciada aunque sea en minoría. Pero en los alertas que hicimos teníamos razón. Nos equivocamos al no querer poner palos en la rueda de lo que había sido una propuesta electoral de Ruckauf avalada por la sociedad”, le dijo a Página/12. Sonó casi cruel la crítica de Lapargo: “Por más que una idea parezca buena en las primeras 24 horas, en el largo plazo puede equivaler a un suicidio institucional”. “Nosotros acordamos. Creo que con el peronismo hablaremos en otros términos, lo van a tener que entender”, arriesgó Ferrari sobre la ley que se viene.