El gobierno de Santiago del Estero dio ayer por cerrado el conflicto policial que mantuvo siete días en vilo a la provincia. El gobernador Gerardo Zamora insistió en que los 115 cabecillas del grupo, que fueron pasados a disponibilidad, forman parte de “un grupo minúsculo de una policía que ya no tiene cabida en la provincia” porque “piden a punta de pistola un aumento salarial imposible de dar o desproporcionado al aumento que se les da a los demás empleados públicos”. Los policías que se habían acuartelado en la sede de la Jefatura policial comenzaron a dejar libres las instalaciones en la mañana de ayer y la situación fue normalizándose en forma paulatina. El pedido era de un aumento del 150 por ciento en los salarios básicos. Es decir, pasar de 280 a 700 pesos, más la serie de adicionales que vienen cobrando hasta hoy. De la protesta, según el gobierno, participaron unos 300 efectivos, mientras que los acuartelados elevan la cifra a “dos mil agentes del total de 3500 que tiene la provincia”, según le dijo a Página/12 uno de los policías que se amotinaron. La fuente, que se identificó como “Daniel”, reconoció que habían levantado la medida y que fueron “derrotados porque faltó aguante; había que seguir uno o dos días más para torcerle el brazo al gobierno”.

“Después de volver al trabajo nos quedamos sin ninguna posibilidad de negociar nada, de manera que todo terminó en un fracaso para nosotros”, confirmó Daniel, quien se desempeña en el área de Relaciones Policiales. El gobernador Zamora repitió ayer que los cabecillas de la rebelión son personas vinculadas con el ex gobernador Carlos Juárez y el ex jefe de Inteligencia de la policía provincial Antonio Musa Azar, quien está preso, acusado de ser uno de los responsables del doble crimen de La Dársena. El ex policía Ricardo Gutiérrez, líder de los amotinados, negó tener algún tipo de vínculo con Musa. Los 115 policías pasados a disponibilidad serán acusados por los delitos de “desobediencia judicial, sedición, apología del delito y abandono de funciones”. Nada se sabe acerca de posibles sanciones para el resto de los que participaron en la medida de fuerza.

“Hasta ahora yo sigo en funciones, pero no sabemos qué puede pasar. La medida que habíamos tomado fue levantada a las cuatro y media de la mañana (de ayer), pero muchos nos quedamos hasta después de las 7”, explicó Daniel. El autoacuartelamiento cesó en momentos en los que 600 gendarmes patrullaban las calles céntricas de Santiago del Estero y el gobernador amenazaba con darles la orden de ir a sacar por la fuerza a los policías que se declararon en rebeldía. Pasado el mediodía, el ministro de Gobierno, José Emilio Neder, informó que la situación era “de calma y casi normalidad”. Antes, el funcionario había realizado una visita a la sede de la Jefatura de Policía.

Por orden del jefe de la fuerza, comisario Marcelo Pato, desde las primeras horas de la mañana comenzó el retiro de vehículos que habían sido quemados o destruidos durante los incidentes ocurridos el domingo. Cientos de manifestantes, en apoyo al gobierno, avanzaron sobre el lugar donde se refugiaban los amotinados, que respondieron como en cualquier acto en el cual son ellos los que reprimen: arrojando gases. Zamora dijo que “muchos de los policías” en conflicto estaban retirados por haber formado parte de “los grupos de tarea de Musa Azar” durante la dictadura militar y por varios de los períodos de gobierno del peronista Carlos Juárez.

Según Zamora, el ex policía Gutiérrez tiene vínculos directos con Musa. El gobernador aseguró que el oficial retirado “representa a otra policía, a la que él mismo señala como coimeros y ladrones por necesidad”. Aseguró que el grupo tiene “los cuadros más fuertes” en la rebelión y que ejercieron “una presión muy grande sobre los agentes y suboficiales, a punta de pistola”.

Gutiérrez rechazó toda vinculación con Musa Azar. “Ese hombre (por Musa) nos ha hecho sufrir, especialmente a mí, con sus persecuciones por orden y obra del doctor (Carlos) Juárez.” “Yo no comulgo con ellos ni comulgaré nunca. Tampoco le deseo el mal que ahora está sufriendo, encerrado y con problemas de salud. Lo siento por él, pero yo nunca he sido su amigo”, insistió Gutiérrez.

El policía acusó al vicegobernador de la provincia, Emilio Rached, de haber instigado al grupo que atacó a los autoacuartelados. Aseguró que los manifestantes “participaron junto con el vicegobernador” y dijo que los periodistas pudieron comprobar “que el señor vicegobernador tenía una piedra en la mano”. El juez de turno, Gustavo Herrera, dijo que si la fiscalía lo promueve “se abrirá una causa para investigar los incidentes” ocurridos el domingo. El jefe de la Policía, comisario Marcelo Pato, informó que en la Jefatura “no faltaba ningún arma” y que los amotinados “no habían provocado daños en las instalaciones”. Los datos fueron corroborados luego por el juez Herrera. Se cree que durante los incidentes participaron “barras bravas de algunos equipos de fútbol locales”.