La muerte de Martín Castellucci, golpeado por patovicas en el boliche La Casona de Lanús, tuvo eco en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. El Senado bonaerense dio media sanción a un proyecto de ley que propicia que “cuando se trate del control de admisión de personas y permanencia de clientes en locales bailables o de entretenimiento en general, el servicio de seguridad privada será prestado por empresas constituidas a tal fin”. La norma plantea un enroque: el lugar de los patovicas lo ocuparán los vigiladores privados. Con esto se busca un mayor control sobre las personas que cumplan esa misión, dado que los custodios privados tienen que pasar varios filtros para ser habilitados. Otro objetivo es evitar los reiterados casos de discriminación que se cometen en nombre del “derecho de admisión”. Se deja sentado que sólo se podrá impedir el acceso de personas que “manifiesten actitudes violentas, se comporten en forma agresiva o provoquen molestias” o de los que “porten armas u objetos susceptibles de ser utilizados como tales” o que exhiban “símbolos de carácter racista, xenófobo o discriminatorio”.

En La Casona, como se denunció en reiteradas ocasiones, antes del caso Castellucci eran discriminados los morochos o aquellos que usaran alguna indumentaria en especial, como buzos con capucha o gorras. La norma aprobada en el Senado no sólo saca a los patovicas de las puertas de los lugares bailables sino que también prohíbe que el lugar sea ocupado por los guardias vecinales que dependen de los municipios bonaerenses. La iniciativa, que fue impulsada por el Poder Ejecutivo bonaerense, prevé duras sanciones administrativas y económicas para las agencias de seguridad, para el personal de esas empresas y para quienes contraten los servicios sin hacer cumplir los requisitos de habilitación exigidos.

El proyecto de ley también regula, en un contexto más amplio, el trabajo de los detectives privados, a los que se prohíbe “realizar averiguaciones o reunir evidencias en la esfera de la intimidad de las personas”. El proyecto aprobado por el Senado dispone, en otro de sus artículos, que las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada y los guardias vecinales “tendrán la obligación especial de auxiliar a las fuerzas de seguridad y policiales en el ejercicio de sus funciones”.

En ese marco, sólo podrán portar armas –que no superen el calibre 38–, el jefe de seguridad, el personal de vigilancia, los escoltas privados y el personal que custodie mercadería en tránsito. Se estima que en la provincia de Buenos Aires hay más de 70 mil vigiladores privados, muchos de ellos no registrados en forma debida. Se sabe que hay 840 agencias de seguridad privada, en las que trabajan 42 mil vigiladores, pero se presume que otros 20 mil se desempeñan de manera clandestina.

A esa cifra deben sumarse unas diez mil personas que trabajan en forma independiente como guardias vecinales. La iniciativa obliga a los municipios a llevar un registro de guardias vecinales que presten servicios en su jurisdicción y un mapa de ubicación de los mismos, con actualización permanente de las altas y las bajas.

En el caso de los guardias vecinales, las infracciones “muy graves” serán sancionadas con “inhabilitación de uno a diez años para ejercer la actividad y/o multa que será equivalente a diez sueldos” del personal que realice estas tareas. Las faltas “graves” serán sancionadas con la “suspensión de la actividad de 15 a 60 días y/o multa que no podrá exceder del monto de cinco sueldos” y para las faltas “leves” se prevé “la suspensión de la actividad de tres a 15 días”.

Las infracciones cometidas por las empresas de seguridad privada, su personal y los usuarios de este servicio serán sancionadas con multas que van de 20 mil a 200 mil pesos. Del mismo modo, las empresas no sólo serán auxiliares de las fuerzas de seguridad y policiales sino que deberán comunicar a las mismas “en forma inmediata, toda situación que implique algún riesgo para las personas”.