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Los cartones de cigarrillos, multiplicados por cien mil, habían sido secuestrados luego de que una investigación determinara que su entrada al país olía a contrabando. Tiempo después, la orden judicial establecía que su destino debía ser la incineración a manos de la Gendarmería Nacional. Sin embargo, lejos de ser destruido, el cargamento, valuado en un millón de pesos, terminó siendo distribuido a lo largo y ancho de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, más precisamente vendido en quioscos para su consumo directo. Por la causa ya fueron detenidos cinco funcionarios de la Gendarmería y un agente de la Aduana. El denunciante, un comandante de la fuerza, fue pasado extrañamente a disponibilidad “por razones disciplinarias”, según aseguró el director general Hugo Miranda, también salpicado por las acusaciones.
“Se puede decir que descubrimos la punta del iceberg”, aseguraba ayer con cierta satisfacción uno de los investigadores, al tiempo que auguraba “probables nuevas detenciones” para las próximas horas. Por ahora, quienes se encuentran detenidos son el comandante mayor Jorge Villalba, los comandantes Darío Ester y Fabián Barrandegui, el primer alférez Carlos Villalba –hijo del comandante mayor– y el subalférez Carlos Lazzarini; todos ellos permanecen detenidos en unidades de la fuerza de seguridad nacional. Además, fue apresado el agente de aduanas Jorge Arcediglio, quien, al igual que sus compañeros de causa, deberá declarar ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Los detenidos están acusados del delito de “encubrimiento agravado”, que prevé penas de entre cinco y diez años de prisión de cumplimiento efectivo.
La investigación se originó a partir de una denuncia radicada por el comandante Pablo Silveyra, quien relató ante Canicoba Corral que el 3 de abril último habían ingresado a Campo de Mayo cien mil cartones de cigarrillos para ser destruidos, tal como lo estipulaba una orden del juez Penal Económico Jorge Brugo, luego de haberse determinado el carácter ilegal de la mercadería. Sin embargo, según señaló Silveyra, el objetivo se incumplió con creces: el material fue destinado a comercios de Capital Federal y Gran Buenos Aires. La maniobra, de acuerdo con lo que habría afirmado el propio Silveyra, se habría llevado a cabo con conocimiento de Miranda, máxima autoridad de la Gendarmería.
“Nunca estuve imputado en esto. No tengo nada que ver. He sido mencionado por alguien que pretendió descalificarme”, respondió con tono firme Miranda, al ser consultado sobre su responsabilidad en el caso. Tras asegurar su inocencia, el comandante general se encargó de justificar el polémico paso a disponibilidad del denunciante, quien hoy no trabajaría “por razones disciplinarias que serán evaluadas por otros organismos”, según concluyó Miranda.