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Con el reciclaje de edificios deshabitados propiedad del Ministerio de Seguridad y Justicia Juan Pablo Cafiero pretende terminar con el hacinamiento de menores en comisarías bonaerenses. Así lo reveló ayer Cafiero, sin dar precisiones, y lo confirmó por la tarde en una entrevista exclusiva con Página/12 la nueva subsecretaria del Menor y la Familia, Cristina Tabolaro. Con la apertura de centros para menores en conflicto con la ley penal en varios puntos del Gran Buenos Aires, en Bahía Blanca y en Mar del Plata, el gobierno de Felipe Solá piensa en ponerle un punto final a una de las fuertes violaciones a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y desagotar el sistema de menores en permanente peligro de estallido. A la necesidad inmobiliaria del sistema de minoridad Tabolaro le sumó la de una ley que inaugure la justicia penal de menores y la preparación de expertos en el trabajo con chicos. “Si el personal no está capacitado, como pasa en las comisarías, el cercenamiento de derechos es la única respuesta que se puede dar”, advirtió la funcionaria.
–¿Cómo es la situación de hacinamiento actual?
–La falta de vacantes es histórica. El alojamiento de menores en comisarías proviene de la década del ochenta con un pico a mediados de los noventa. Hoy por ejemplo hay 130 chicos en comisarías. Se llegó a tener picos de 210, ahora ha disminuido porque hay un Centro de Recepción de La Matanza que está a cargo de asistentes de minoridad. Para resolver la falta de lugar firmaremos un convenio que tiene como objetivo la sesión de inmuebles del Ministerio de Justicia y Seguridad a la Subsecretaría de Minoridad para la instalación de centros de recepción, evaluación y ubicación. El objetivo es terminar con el alojamiento de menores en comisarías.
–¿Qué pensó cuando vio en directo la escena de la toma de rehenes que volvió a disparar el debate sobre los menores que delinquen?
–Lo primero que uno se plantea es qué estamos haciendo. El tema es que ante el hecho más o menos se perciben las causas, lo que no está claro es la porción de responsabilidad que a cada uno le cabe.
–¿Qué pasa con los institutos donde la violencia es la de la calle multiplicada y reafirmada muchas veces por la institución?
–Sucede que a la carga de violencia que el chico trae de la calle se suman varios factores, entre los que está la falta de capacitación del personal que los tiene a cargo. Muchas veces puede ser que la respuesta violenta sea la única que surja. Conocemos situaciones puntuales, y es más, uno de los motines más violentos en febrero se dio en el marco de un instituto que se volvió a activar con personal sin capacitación. Los mismos sindicatos reconocen que esto es así. Por eso hay que reconocer las propias carencias y que necesitamos de otras instituciones del afuera para capacitarnos.
–¿Qué han hecho para mejorar o prevenir esto?
–Es un monitoreo solicitado por nosotros. Es la primera vez que se instala un control permanente. No se puede abordar esto sin el respeto de los derechos humanos. En este momento visitan los institutos una comisión no sólo integrada por personal y profesionales de la Secretaría sino personas de ONG de reconocida trayectoria. En los informes se da cuenta de violaciones a derechos humanos sobre todo en cuanto a condiciones de alojamiento, la necesidad de reformas edilicias y de replantear determinadas conductas por haber, a lo mejor, priorizado la seguridad hasta por sobre la dignidad. No puede ser que se les lea toda la correspondencia que reciben y que emiten, no poder tener ni siquiera fotografías de seres queridos. Desde aquí intentamos un abordaje distinto, no desde el temor al chico, desde otra perspectiva.
–Este es un proceso de demonización que hace que haya controles superiores para los menores que para los propios adultos.
–Esto no es demonización sino el temor a lo desconocido o no estar preparado para dar una respuesta, fundamental por eso la capacitación.
–¿Por qué habla del miedo a los chicos?
–No es el miedo, sino que por ejemplo hubo un motín muy violento y personas heridas que renunciaron al cargo. Si el personal no está capacitado, como pasa en las comisarías, el cercenamiento de derechos es la única respuesta que puede dar. La incapacidad genera el peligro de la violación de los derechos humanos del otro temido.
–¿El estado provincial piensa en la necesidad de una ley que cree la justicia penal de menores alternativa a la que sigue vetada por la Corte?
–La subsecretaría tiene dos niveles de trabajo. Uno es la emergencia, un trabajo inmediato que requiere respuestas de situaciones muy variables, desde cuestiones urgentes de salud, hasta vacantes internativas o recursos específicos para cuestiones que el Estado no prevé cubrir. Y tiene un ámbito de planificación donde está incluida la preocupación por la ley y la necesidad de tener una participación activa en ese ámbito. Durante estos 60 días está el Consejo Asesor del ministro Mariano West, que es de donde surgirán los lineamientos generales de una propuesta para la legislación. Vamos hacia allá. La baja de la edad de imputabilidad no es una solución. Esto requiere una respuesta mucho más amplia.
–¿De qué pecó el Estado para llegar a esta situación?
–Pecó de no haberle dado a los problemas de infancia la jerarquía de un problema de Estado. En eso se resume. Una política tiene que tener lineamiento, presupuesto y fin, hacer real la convención internacional. A veces para que se le atienda la salud a un niño hay que promocionar un juicio de amparo. Eso no debería pasar.