Desde hace años, el ex diputado justicialista de la provincia de Salta Ernesto José Aparicio, es investigado en tres causas paralelas por su presunta participación en el tráfico de droga a gran escala. La novedad ahora es que el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, a cargo de uno de los expedientes, le confirmó a Página/12 que ha solicitado la detención del ex legislador –tal como había anticipado ayer el matutino Nuevo Diario de Salta– porque existen elementos que señalan a Aparicio como vinculado con las actividades de un grupo que se dedica al narcotráfico y al lavado de dinero. El magistrado eludió dar precisiones sobre las razones del pedido, al tiempo que pudo saberse que Aparicio no pudo ser hallado durante una serie de procedimientos que se hicieron en Salta, en Chaco y en Bolivia.

El que sí fue detenido, en uno de esos operativos, fue el empresario Alberto Yudi, dueño de una cadena de supermercados, a quien se había mencionado como vinculado con los hermanos Reynaldo Delfín y Raúl “Ula” Castedo, investigados por narcotráfico y buscados como autores ideológicos del asesinato de la productora rural Liliana Ledesma, una de las primeras en denunciar al ex diputado Aparicio como supuesto narcotraficante.

Fuentes allegadas a la causa que lleva el juez Reynoso dijeron que hubo una decena de allanamientos para tratar de dar con el paradero de Aparicio, que comenzaron el fin de semana. En el primero de los operativos se produjo la detención de Yudi, quien se encuentra a disposición del juzgado federal, aunque se ignoran los cargos que se le imputan. Al menos cuatro de las viviendas allanadas pertenecen a familiares de Reynaldo Delfín Castedo, quien junto con su hermano Raúl tiene pedido de captura internacional en la causa por el crimen de Liliana Ledesma, un caso que está a cargo del juez de instrucción Oscar Aramayo. Los allanamientos fueron realizados por una división de Gendarmería Nacional integrada por 50 hombres, con perros adiestrados en la detección de drogas.

También fue allanada una de las propiedades del ex diputado Aparicio. En la causa se volcó información según la cual el ex legislador tendría 36 inmuebles a su nombre. Una de las primeras personas que relacionó a Aparicio con el narcotráfico fue la productora Liliana Ledesma, cuyos familiares serán llamados a prestar declaración por el juez Reynoso. Ledesma, de 37 años, fue asesinada a puñaladas por dos hombres el 21 de septiembre de 2006. Antes, en declaraciones a la prensa, la mujer había asegurado que el entonces diputado Ernesto José Aparicio “era un narcotraficante”. Ledesma sostuvo que ella podía acreditarlo porque su marido, Gilberto Villagómez, “era un traficante que trabajaba para Aparicio y fue asesinado en 1998 por orden suya”.

En sus declaraciones, poco antes de morir, Ledesma afirmó que su marido “vendía droga” y recordó que Aparicio “tenía un aserradero (en San José de Pocitos, Bolivia). Yo creí que él (por su esposo) trabajaba en el campo, pero cuando lo acribillaron me di cuenta de que era un narcotraficante y que Aparicio también lo es, porque Aparicio le debía muchísimo dinero a mi marido y yo fui testigo de muchas peleas entre ellos. Además, como encargado de esa finca tiene a Delfín Castedo, que es un hombre que si uno entra a Internet y busca algunos diarios españoles o italianos, figura como integrante de un gran cartel de narcotraficantes”, en alusión a varios artículos publicados por Il Giornale, de Italia.

En los medios judiciales de Orán se sospecha que el ex diputado Aparicio se encuentra fuera del país, casi con seguridad en Bolivia, desde donde hace un tiempo intentaba, todavía, mantener sus influencias dentro de la interna del peronismo salteño.

Aparicio tuvo que renunciar, en noviembre del año pasado, a su cargo de legislador por el oficialismo del gobernador Juan Carlos Romero. En ese momento, Aparicio era presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara baja salteña. Considerado un “hombre fuerte” de los Romero en el departamento salteño de San Martín, fue asesor de la Cámara baja y también del gobierno, en el área de hidrocarburos. Luego cumplió funciones similares en la Municipalidad de Salvador Mazza, hasta que llegó a ser asesor personal del gobernador Romero, concejal del PJ en Salvador Mazza y congresal del partido.

Además de la causa que lleva el juez Reynoso, el ex legislador es investigado en otros dos expedientes, el primero del año 2003, por contrabando de drogas procedentes de Bolivia. El caso lo lleva el fiscal federal salteño Eduardo Villalba. Otro fiscal federal de la provincia, Ricardo Toranzos, lo tiene en la mira en una investigación por lavado de dinero. En las dos causas están involucrados también los hermanos Castedo.

Dada la importancia del caso, en su momento se dio intervención, por decisión de la Procuración General de la Nación, a la Ufidro, la unidad fiscal nacional especializada en delitos relacionados con el narcotráfico. “Lo más probable es que Aparicio haya salido del país, pero se está sobre su pista”, afirmó una fuente allegada a la investigación en Orán.