Desde hace más de un siglo, los campesinos de Algarrobal Viejo, en Santiago del Estero, cruzan la frontera hasta el monte salteño vecino para el pastoreo de sus animales. Seis meses atrás, una empresa alambró los terrenos y se disponía a desmontar la zona para iniciar una explotación agropecuaria. Además, donó un trailer para que la policía salteña custodie la zona. Desde entonces, los campesinos empezaron a denunciar que los agentes no los dejaban pasar y hasta les robaban sus animales. Como protesta, resolvieron trasladar el trailer hasta territorio santiagueño –aprovechando la momentánea ausencia de policías– asegurando que allí estaban los cueros como pruebas del robo de animales. Ocho de los campesinos fueron detenidos durante nueve días y luego liberados. Ahora, la Justicia salteña les inició proceso por “robo agravado y amenazas”.

El caso reúne la defensa del medio ambiente y la problemática social de los campesinos sin títulos de propiedad. Y más que asalto, todo consistió en que un grupo de campesinos corrió el trailer desde la frontera provincial hasta la comisaría de su pueblo, a un kilómetro, el 7 de abril último.

Tres días después, los campesinos fueron apresados por la policía salteña cuando transitaban por territorio de esa provincia, algo que hacen todos los días por vivir en el pueblo fronterizo santiagueño de Algarrobal Viejo. No sabían por qué los llevaban, y no lo sabrían por varios días. El calabozo de la comisaría de Rosales, Salta, fue su residencia durante el resto del martes, del miércoles y del jueves. Nadie les explicaba, ni a ellos ni a sus familiares, los motivos de su situación. Se iban a enterar recién el viernes 13, cuando fueron trasladados a los Tribunales de Metán para declarar ante el juez de Instrucción salteño Mario Dislascio. “Robo agravado” y “amenazas” eran los delitos de los que se los acusaba.

La titular del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), Nelly Véliz, explicó a Página/12 que los inconvenientes entre los pobladores de Algarrobal Viejo y la empresa Rumbo Norte comenzaron el año pasado, cuando “esa firma empezó a avanzar sobre las tierras comunitarias”. En ese momento, los campesinos empezaron a protestar alrededor de la posta policial ubicada en las instalaciones de la compañía, la que no les permite pasar al monte. Curiosamente, algunos de los acusados son los que más movilizan a la comunidad en esas acciones. “Espero que esto no les haga bajar los brazos, porque este tipo de injusticias suele tener sobre los campesinos un efecto atemorizante. Hay que evitar que eso pase en este caso”, señaló Véliz.

José Veleizán es uno de los ancianos de Algarrobal, y por lo tanto goza del respeto de sus vecinos. Tiene 79 años, nació en el pueblo y vivió toda su vida allí, con el monte como aliado fundamental para la subsistencia. Estuvo detenido cuatro días. “Lo que más me dolió es que me hayan metido preso sin causa y a esta edad. Jamás había estado encarcelado. Primero nos usurpan la tierra, después nos roban los animales y ahora esto”, se lamentó.

Veleizán, Alberto Figueroa y Alcides Reyes Abregú fueron liberados después de su declaración en Metán. Pero los cinco restantes, Ramón Veleizán, Héctor Veleizán –ambos parientes de José–, Félix Figueroa, José García y Camilo Miranda fueron alojados en el penal de Metán. Contra ellos se mantuvo la acusación por robo y amenazas.

“El día de este supuesto robo yo no me encontraba en Algarrobal. Pero el martes (por el 10), la policía salteña me para en Los Rosales, que es el pueblo de Salta que está al lado del nuestro. No me dijeron nada, sólo que me llevaban detenido. Primero era por un día, después hasta el lunes, y al final estuvimos nueve días presos por nada. Yo ni siquiera conozco a los policías éstos que hicieron la denuncia”, se quejó, ofuscado, José García.

Los episodios empezaron el 7 de abril cuando, cansados de que los policías les prohibieran el paso al monte llamado Campo El Suncho, que los campesinos utilizan hace siglos para el pastoreo de sus animales, la ganadería en pequeña escala y la recolección de gran parte de los alimentos que consumen, 40 habitantes del pueblo santiagueño se llevaron la casa rodante “donada” por Rumbo Norte a la policía salteña para que los efectivos duerman.

Hasta ahí todo indica que la denuncia por robo que realizaron los policías ante la Justicia salteña es lógica. Sin embargo, lo que allí no se dice es lo que hicieron los campesinos con la casa rodante; la trasladaron un kilómetro y la dejaron frente al destacamento policial de Algarrobal Viejo “como una prueba de lo que hacen estos efectivos que, además de amenazarnos y amedrentarnos para que no entremos a nuestro monte, se roban nuestros animales, los matan y se quedan con los cueros, parte de los cuales estaban dentro del vehículo”, señalaron en el pueblo. Para detenerlos, se adujo que no habían realizado la denuncia de la situación, y que no pueden actuar motu proprio. Pero Veleizán afirma que “yo había denunciado ante la policía santiagueña estos avasallamientos en noviembre de 2006, pero nunca tuve respuesta y todo siguió igual hasta que la gente se hartó”.

Finalmente, el miércoles 18 fueron liberados los cinco campesinos que quedaban presos. El abogado que representa a García y Figueroa, Ramón Haddad, afirmó que ese día “se calificó el hecho y se resolvió la eximición de prisión, pero quedó pendiente la decisión sobre si se continúa o no el proceso contra los acusados. Pero lo cierto es que los denunciantes son tres policías y el único testigo que presentaron es otro agente”.

Informe: Eugenio Martínez Ruhl.