Cuando llegó al taller clandestino de Laguna 940, José Orellana ya había trabajado en otro similar durante tres meses, hasta que lo “trasladaron”. Las condiciones no cambiaron: jornada laboral de 17 horas, paga mísera, comida sólo para él (a compartir con el resto de su familia) y un espacio para dormir con “paredes” de cartón corrugado y una sola cama para él, su esposa y sus hijos. Un mes después, lo despidieron. A partir de una denuncia suya que presentó la cooperativa 20 de Septiembre, conocida como La Alameda, ayer Gendarmería, con una orden del juez Norberto Oyarbide, allanó 13 talleres textiles ilegales de la Capital Federal y la sede de la empresa Lacar. Los gendarmes detuvieron a 19 personas y encontraron a casi doscientos ciudadanos bolivianos, siete coreanos y un ecuatoriano indocumentados, hacinados y esclavizados en seis de esos lugares.

El operativo irrumpió en talleres de las zonas de Flores, Mataderos, Parque Avellaneda y Floresta, que habían sido denunciados el año pasado por trabajadores que se habían desempeñado en ellos y, en su mayoría, habían sido despedidos tan injustamente como los habían tratado mientras realizaban tareas allí. En algunos de ellos encontraron a la gente trabajando en las mismas condiciones que las organizaciones denuncian desde el incendio que en marzo de 2006 les costó la vida a seis personas que cosían y tejían en un galpón no habilitado para eso, en Caballito. En otros, hallaron maquinaria textil, pero no gente utilizándola.

En ese sentido, Gustavo Vera, presidente de La Alameda, mostró su desconfianza cuando desde Gendarmería –a cargo de los allanamientos– le confirmaron los lugares que abarcaría el operativo. “Esos talleres son los mismos que nosotros denunciamos públicamente hace un año, en una conferencia de prensa. Después de eso, le cayeron inspecciones. Si todavía siguen funcionando de manera ilegal con tanto aviso previo, son unos idiotas. Por lo menos, después de tanta exposición no van a estar con grandes marcas, y por eso vamos a honrar el compromiso que habíamos tomado de acompañar las acciones, pero con serias dudas”, sostuvo, ofuscado, en los minutos previos al comienzo de los allanamientos.

El taller más emblemático de los afectados ayer es el de la calle Laguna, porque sobre él fue la denuncia que inició la causa que lleva adelante Oyarbide desde 2005, a partir de los testimonios de Orellana. La Gendarmería llegó allí con una orden de allanamiento y toda su exagerada cuota de formalidad y celo. Un agente de esa fuerza tocó, con el ceño fruncido, el timbre de la construcción que desde afuera estaba lejos de parecerse a un galpón ilegal. Luego de unos minutos, la puerta se empezó a abrir y el gendarme preparó su garganta para proferir una orden terminante. Pero, para su sorpresa, fue un pequeño niño –de unos tres años– con una vincha en la mano quien quedó al descubierto del otro lado, mirando desde abajo.

Después de alguna carcajada reprimida por el incidente, sí llegó a la puerta una señora, que luego se supo era la esposa del dueño, llamado Juan Carlos Salazar Mina. El agente le mostró la orden de allanamiento, y rápidamente ella empezó a gritar “por qué me vienen a molestar a mí, si no hice nada. Es por los piqueteros esos, pero yo no los molesto”. Como se preveía, se negó a abrir la puerta, y cuando los oficiales ya se aprestaban a aplicar cortafierro a la reja del lugar, apareció por detrás Salazar Mina y ordenó la apertura. Ahora debían pasar, tanto los gendarmes como el representante de la fiscalía y el testigo designado. Eso no fue un trámite: la señora se paró en la estrecha puerta y, sólo después de forcejeos y empujones varios, todos lograron ingresar.

Adentro no se encontró gente trabajando, pero sí las máquinas para el trabajo, además de los espacios internos que las denuncias marcaban como las habitaciones extra small delimitadas por cartón corrugado. Tanto Salazar Mina como su esposa quedaron detenidos. Franco, vecino del barrio, prefirió no revelar su apellido, pero sí reveló que “en toda esta zona, está lleno de estos lugares. Lo que pasa es que este hombre (por Salazar Mina) se zarpó, todos los días metía gente tanto acá como en su casa, que es a la vuelta. Quedó muy expuesto, pero no es el único ni mucho menos”.

Por el contrario, en el taller de Rafaela 3745, en Flores, encontraron las máquinas en plena actividad, con 58 personas, entre ellos cuatro niños, hacinadas en el lugar. Excepto dos de los nenes, el resto de la gente (incluidos los otros dos chicos) estaban en plenas labores cuando comenzó el operativo. Este lugar aportó el mayor número de trabajadores indocumentados al grupo de 173 personas hacinadas que se encontraron en los talleres y luego fueron trasladadas por la Dirección Nacional de Migraciones a la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales de Gendarmería, en Retiro, para comenzar su proceso de regularización en lo referido a la ciudadanía. Una vez terminado ese trámite, quedarán en libertad.

Del operativo participó también personal de la Dirección Nacional de Migraciones, del gobierno porteño, a través del Ministerio de Derechos Humanos, y de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y el resto de los allanamientos se llevaron a cabo en Portela 1251, Ramón Falcón 3177, Araujo 2730, Tilcara 2143, Avellaneda 3249 y 3189, Basualdo 2346, Murguiondo 734, Yerbal 5841, Luis Viale 3046 y Campana 454.

Luego de su experiencia en el taller de Laguna, José Orellana logró dejar atrás ese tipo de trabajos. “Hace casi cuatro meses que trabajo en un supermercado chino”, contó, mientras esbozaba una sonrisa tímida.

La titular de la Defensoría del Pueblo, Alicia Pierini, manifestó que “en todos los operativos se verificó que las denuncias son correctas, que hay problemas graves de clandestinidad en el trabajo y que hay hacinamiento y explotación, delitos que exceden lo meramente laboral”. Vera, por su parte, agregó: “Los talleres ilegales allanados hoy no pueden funcionan sin alguna protección o cobertura, porque trabajan con impunidad, aunque por la presión y las denuncias se empezó a revertir la situación. En algunos lugares allanados no se encontró nada, en otros se notó que habían sido desmantelados y en la mayoría se vio que cosían impunemente y sometían a la gente al hacinamiento, a la explotación y a la trata de personas”.

Informe: Eugenio Martínez Ruhl.