La Suprema Corte bonaerense volvió a exigir que se instrumenten medidas en la provincia contra el hacinamiento en las cárceles. En una resolución firmada ayer, el tribunal exhortó a la Legislatura a que “con la mayor celeridad posible adecue las leyes de ejecución penal y penitenciaria a los estándares constitucionales e internacionales” indicados por la Corte Suprema de la Nación dos años atrás, al hacer lugar a un recurso presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y conocido como fallo Verbitsky. En la provincia hay alrededor de 28 mil presos: ocho de cada diez no tienen una sentencia firme. “Este dato es alarmante si se tiene en cuenta que entre el 25 y el 28 por ciento de los juicios orales resultan en sentencias absolutorias”, advirtió el CELS en su último informe anual, que acaba de publicarse.

El alto tribunal de la provincia pidió además al Ejecutivo bonaerense que le informe sobre “los avances y resultados” logrados como consencuencia de la labor de la Mesa de Diálogo, cuya creación encomendó la Corte Suprema en el mismo fallo del 3 de mayo de 2005. Ese cuerpo está desactivado.

La sentencia del máximo tribunal fue considerada histórica porque intimó al gobierno de Felipe Solá a ajustar sus políticas públicas a los estándares constitucionales y del derecho internacional para revertir la superpoblación carcelaria. El día del fallo había 30.721 personas detenidas en el ámbito bonaerense. Esa cantidad empezó a reducirse desde entonces hasta llegar a 28.129 personas en noviembre de 2006, el último registro computado en el informe 2007 del CELS, lo que representa casi un 9 por ciento menos en un año y medio. Pero la mayor disminución se produjo en la comisarías, donde la cantidad de presos bajó en el mismo período un 37 por ciento.

En este tiempo hubo algún avance legislativo para bajar el hacinamiento, como la reforma al sistema de excarcelaciones, tal como ordenó la Corte Suprema en aquella sentencia. Pero aún queda pendiente que la Legislatura de la provincia apruebe la reforma de la Ley de Ejecución Penal bonaerense, cuya incompatibilidad con la Constitución nacional había destacado el máximo tribunal, y la Ley de Control de Sobrepoblación Carcelaria, indicó el abogado del CELS Rodrigo Borda.

“Este proyecto fija mecanismos normativos que permitirán establecer estándares más claros para el control de legalidad de las condiciones de detención y revisar las medidas de privación de libertad cuando estas condiciones no fueran las legales”, explicó Borda. “Ambas propuestas fueron consensuadas en una mesa de trabajo convocada por el Senado provincial en mayo de 2005, sin embargo, hasta el momento ni siquiera tienen estado parlamentario”, agregó.

El CELS también denuncia que el Estado provincial “omite producir y distribuir información esencial” que permita dimensionar con mayor precisión la crisis carcelaria y trabajar en algunas soluciones adecuadas en el marco de la Mesa de Diálogo que se conformó a instancias de la Corte Suprema, pero de la cual el CELS (y otras ONG) se retiró.

Ayer la Corte bonaerense tomó cartas en el asunto. Por un lado, exhortó a la Legislatura a que “con la mayor celeridad posible adecue la legislación penal y penintenciaria a los estándares constitucionales e internacionales indicados por la Corte Suprema de la Nación en la causa Verbitsky”. Por el otro, pidió al Ejecutivo informes sobre la labor de la desactivada Mesa del Diálogo.

La resolución fue firmada por los seis ministros que participaron de la acordada: Daniel Soria, Juan Carlos Hitters, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Eduardo de Lázzari y Francisco Roncoroni.

La población carcelaria en el ámbito provincial se multiplicó en los últimos años: entre 1999 y 2005 aumentó casi el 80 por ciento, según indicó el CELS. De acuerdo con el análisis de la Corte Suprema, el crecimiento obedeció fundamentalmente al uso indiscriminado de la prisión preventiva, en un marco de políticas de “mano dura” impulsada primero por el ex gobernador Carlos Ruckauf y consolidada a partir del llamado efecto Blumberg.