El 5 de julio de 2002, Diego Peralta, un chico de 17 años de El Jagüel, fue secuestrado mientras iba en remise a su colegio. El 8 lo asesinaron de tres puñaladas en la espalda. El 20 de agosto, su cadáver apareció en una tosquera en Berazategui. Hoy comenzarán a ser juzgados los imputados por su secuestro y asesinato. El caso Peralta trascendió por ser el primero de una serie de secuestros extorsivos que terminaron con el asesinato de la víctima y tomó mayor notoriedad por una pueblada que derivó con el incendio a una comisaría de Esteban Echeverría, donde trabajaban policías presuntamente implicados. A la espera del inicio del proceso, la madre de Diego denunció ante Página/12 que “el Estado le tomó el pelo” a su familia por ser “pobre y trabajadora”, y aseguró que busca la prisión perpetua para los acusados.

“Vamos a pedir la máxima pena, tengo fe en los jueces y espero que no me defrauden”, aseguró en diálogo con Página/12 Emilce Silva, la madre de Diego, sobre Carlos Rozanski, Horacio Insaurralde y Norberto Lorenzo, miembros del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, que tendrán a cargo el juicio. Son los mismos jueces que condenaron al ex capellán Christian von Wernich y al represor Miguel Etchecolatz por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.

Según la causa, el 5 de julio de 2002, a las 7.20, Diego fue secuestrado cuando iba en remise al colegio y llevado a la casilla del supuesto líder de la banda, Julio Rotella, en el barrio Los Plátanos de Berazategui. Como sus captores creían que su padre no quería pagar los 200 mil dólares de rescate, que pidieron porque creían que el comerciante guardaba ese monto en su casa, lo mataron luego de tenerlo tres días dopado, como declaró Marcelo Cejas tras su captura. Su familia pagó el 20 de julio lo que pudo juntar: 9 mil pesos y 2 mil dólares. Los delincuentes cobraron el rescate.

Marcelo “Chelo” Cejas, Julio César Rotella, Rosa “La Gorda Rosita” Pistillo, Enrique “Baty” Báez y David “Chaca” Pereyra, recluidos en el penal de Ezeiza, enfrentarán al tribunal desde hoy, acusados de “homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, y criminis causa”, ya que fue cometido para ocultar el secuestro. Los acusados de ser partícipes necesarios del hecho, José Pablo García, Lauro “el Chino” Shimabukuro y Fermín Amarilla, el remisero que habría entregado a Peralta, serán juzgados desde el miércoles. Y Carlos “Pipi” Garzón, que estuvo prófugo dos años, sigue detenido en Paraguay, a la espera de su extradición.

La familia pide “que también se judicialice a (el ex jefe de la Unidad Especial Antisecuestros de la Bonaerense, Angel) Casafús y a (el ex comisario José) Hernández”. Al primero, por encubrimiento; y al segundo, por su presunta participación en el planeamiento del secuestro. Para ninguno de ellos la madre de Diego pide la pena de muerte, como sí lo hizo cuando el dolor recién nacía. “Tomé conciencia de que nadie es dueño de la vida de nadie y ahora, aunque sé que no se las van a dar, pido perpetua para los nueve imputados; para Hernández, que tuvo la idea de secuestrarlo; y para Casafús, que lo encubrió”, sostuvo la madre de Diego. Casafús y Hernández no están vinculados con el caso.

Además, Silva denunció que “la Justicia y la policía se burlaron” de su familia “por ser pobre”, por ser “analfabetos, gente que trabaja para darles a sus hijos de comer”. “Cuando fui a la Casa de Gobierno provincial, el 27 de julio de 2002, hablé con Juan Pablo Cafiero (por entonces ministro de Seguridad) y me dijo que me daba los mejores investigadores, pero me dio delincuentes de uniforme”, acusó.

“En estos 5 años aprendí a llevar adelante una vida ejerciendo los derechos que le negaron a Diego: exigir seguridad y justicia desde el Estado, y defender el derecho a la vida”, lanza, convencida, finalmente. “Diego está presente siempre –continúa–, late con mi corazón. Para mí, su asesinato no fue ayer, es todos los días. Yo le dije que no se apurara a vivir porque tenía una vida por delante, sin saber que podía terminar así.” Así, con tres puñaladas en la espalda y degollado, en una tosquera de Ezpeleta. Hoy, su familia se sentará frente a los que lo capturaron y retuvieron, y rezará para que “se quiebren y digan nombre y apellido de los policías implicados”.