Sin perjuicio de los mandatos de la Corte Suprema, ¿será factible enfrentar el poder económico y político de las empresas contaminantes? –preguntó PáginaI12.

–En la medida en que haya una acción sostenida y las empresas adviertan que un poder de policía las controla, empezarán a cambiar hábitos y a generar inversiones –contestó Andrés Napoli, representante de la FARN, una de las entidades participantes en el informe que presentó la Defensoría del Pueblo–. En realidad, la responsabilidad por el 60 o el 70 por ciento de la contaminación industrial corresponde, sin duda, a un grupo reducido de empresas, lo cual facilitará el control. Además está el tema del saneamiento cloacal, para lo cual ya está en marcha un crédito del Banco Mundial. Los tres grandes focos son las empresas, las cloacas y los basurales a cielo abierto.

–Se ha dicho que intendentes del conurbano apoyan el desvío a basurales clandestinos ante los altos costos de las concesiones por recolección...

–Hoy los intendentes procuran que eso no suceda porque, si no, la Corte terminará estableciendo que los municipios también son responsables de la contaminación, cosa que hasta ahora no hizo.

“Las decisiones de la Corte generaron una movilización inédita de recursos y gestión –agregó–. La ciudad, la provincia y la Nación no miran hoy para otro lado: se reúnen en la Acumar, intentan cumplir lo que ordena la Corte. El Riachuelo-Matanza está muy por delante de la cuenca del Reconquista, donde no hay plan de gestión ni cronograma de inversiones y recién se está formando un comité de cuenca. Pero el problema es que, en la Acumar, hay déficit de gestión.”