La ley 26.364 diferencia la trata de mayores de 18 años de la de menores. Para que se configure el delito en caso de mayores de edad debe probarse que hubo “engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta”. Organizaciones de la sociedad civil vienen advirtiendo que esa diferenciación conspira contra la persecución del delito y protege a los tratantes: las amenazas a las que están expuestas las víctimas muchas veces las obligan a declarar que están en un burdel o un taller textil clandestino por su propia voluntad.

En el caso de que las víctimas sean menores de edad, la pena prevista es de 4 a 15 años de prisión. Cuando son mayores, de 3 a 10 años.