El Gobierno está evaluando extender el beneficio del salario familiar a los trabajadores no registrados y también a los desocupados. El salario familiar es la asignación mensual que cobran los padres que están empleados en el sector privado en relación de dependencia. La idea del Ejecutivo es ampliar estos beneficios a los asalariados en negro y a los desocupados. El proyecto permitiría que todos los jefes y jefas de familia de la franja poblacional más vulnerable –donde abunda la informalidad y empieza a crecer el desempleo como consecuencia de la crisis– reciban alrededor de 135 pesos mensuales por hijo sin que deban resignar otros beneficios. La iniciativa se está estudiando de manera conjunta en el Ministerio de Desarrollo Social y también en la Anses, el organismo encargado de liquidar cada mes los adicionales por salario familiar que reciben los trabajadores en relación de dependencia del sector privado.

La iniciativa que se está evaluando en el Ejecutivo pretende responder los reclamos por una “universalización” de la política social que enarbola la mayor parte de la oposición. En esa propuesta está trabajando todo el gabinete de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, aunque la discusión, por ahora, está concentrada en círculos restringidos. El proyecto en cuestión no significa implementar la asignación universal por hijo que inicialmente proponía la CTA y que en la campaña electoral sumó el aval de una buena parte del arco opositor. El argumento principal del Ejecutivo es que la universalización de una asignación por hijo es impracticable por su altísimo impacto fiscal (el diputado Adrián Pérez, jefe del bloque de la Coalición Cívica, estimó en 25 mil millones anuales el costo de universalizar un subsidio mensual por hijo).

Otra crítica que plantean economistas e intelectuales que están trabajando en el tema es que si los 135 pesos mensuales por hijo se pagaran a todos los jefes de familia del país, se producirían situaciones bastante contradictorias. Por ejemplo, un padre que trabaja en relación de dependencia en el sector privado y que recibe remuneraciones bastante altas –de las que le deducen mensualmente el impuesto a las Ganancias– sería favorecido por partida doble: el primer beneficio, que ya está vigente, es el pago menor de Ganancias ya que todos los meses se le descuenta del impuesto una cifra correspondiente a cada hijo en concepto de salario familiar. A esa ventaja se le sumaría además el subsidio mensual por hijo implementado por la universalización. Eso derivaría en que algunos jefes de familia verían duplicados los beneficios recibidos por cada hijo. “Esa situación sería intolerable”, analizó ante Página/12 uno de los especialistas que están diseñando alternativas.

La duplicación de la ayuda por hijo favorecería a los que pagan Ganancias pero dejaría en una posición desventajosa a los jefes de familia del sector informal o desocupado, precisamente, los más pobres. Para evitar estas contradicciones, quienes impulsan la universalización están empezando a aceptar límites a ese universo: empieza a cobrar fuerza la idea de que los beneficios se destinen sobre todo a los desocupados y a los trabajadores informales. Una de las líneas de trabajo que están circulando es extender las ventajas que fueron reglamentadas en la ley 24.174. Dicha normativa fue pensada para el sector privado, hoy se está evaluando beneficiar a quienes no entran en esa categoría.

Una novedad es el principio que subyace detrás del proyecto: el monto a cobrar por hijo –probablemente 135 pesos– quedaría enmarcado dentro del régimen de seguridad social y no como complemento del sueldo. Eso permitiría que el subsidio mensual sea cobrado por las madres, salvo que los niños vivan con el padre y éste pueda demostrarlo.