En el Congreso tiene estado parlamentario un proyecto de ley que, a partir de la noción de la discriminación positiva, emula las leyes favorables al cupo para minorías, pero aplicado en este caso a personas que han cumplido condena. De acuerdo con la iniciativa, presentada por los diputados Cecilia Merchán, Victoria Donda y Ariel Basteiro, el Estado nacional, en todas sus unidades, debe reservar al menos un 2 por ciento “de la totalidad de su personal” y las empresas contratistas del Estado al menos un 5 por ciento “de su personal afectado a tareas de peón o similar” para personas que hayan cumplido condena, estén cumpliendo un régimen de libertad condicional, hayan sido condenadas y se encuentren en condiciones de semilibertad o hayan sido procesadas “con prisión preventiva no inferior a un año que hubieren sido excarcelados”. El proyecto espera tratamiento en las comisiones de Legislación Penal y Legislación del Trabajo.