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Juan Manuel Casolati es secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín y trabaja en una oficina minúscula del enorme edificio de los Tribunales. “En Olmos entran 60 detenidos todos los días”, dice para empezar, antes de cuestionar a los figurones políticos que salen a predicar sobre las supuestas bondades de la “mano dura”. Casolati cree que la gente suele comprar “un discurso falaz” en materia de seguridad, pero él dice comprender “a los que son víctimas directas de la violencia”. Según él, “lo perverso es dejar la seguridad en manos de aquellos que sólo hacen campañas políticas pensando en los votos y no en la racionalidad de las medidas que imponen”.
Para Casolati, los que impulsaron y votaron las leyes de “mano dura”, específicamente la que limitó las excarcelaciones y la que modificó la ley de ejecución penal, “ni siquiera hicieron una estadística sobre qué iba a pasar en las cárceles, donde la población pasó de 13.000 a 18.000” en menos de dos años. Recordó que las cárceles son “para que la persona aprenda a respetar la vida y los bienes de otro”, pero en las actuales condiciones “los que van a la cárcel salen con más resentimiento por lo que les toca vivir allí”. Insistió en que la seguridad “debe ser discutida con prudencia, sin lastimar a las víctimas, y con responsabilidad porque después dictan las normas los que sólo persiguen fines electorales”.