La iniciativa que busca perseguir penalmente a quienes paguen por sexo propone reprimir con prisión de tres a quince años “al que sometiere a una persona a explotación y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella”, es decir, también le apunta al proxeneta. El proyecto retoma el espíritu de la vieja Ley de Profilaxis, vigente desde 1937 y poco respetada, que prohíbe los prostíbulos, y propone que sea castigado con prisión de uno a cuatro años “el que establezca, sostenga, administre o regentee, ostensible o encubiertamente, casas, whiskerías, pubs, privados, cabarets, locales o cualquier otro sitio donde se realice, se promueva o se facilite la prostitución ajena”. Incluye agravantes “cuando el hecho fuera cometido o encubierto por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, o cualquier otro funcionario público”, para quienes la pena será de tres a seis años y se aplicará la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena. El proyecto establece, por otra parte, que no es punible “quien cometiere un delito como consecuencia, directa o indirecta” de ser o haber sido víctima de los delitos antes mencionados, entendiendo que la situación padecida por la persona sometida a explotación sexual “impide una libre determinación de su obrar, así como puede sufrir de diversas formas de coerción o dependencia que resultan absolutamente condicionantes para obstaculizar la libre adopción de decisiones”. La despenalización incluye cualquier represalia o persecución “por infracciones a leyes de inmigración, o por otras actividades en que participen como consecuencia directa o indirecta de su situación de víctimas de trata o de explotación sexual”.

La iniciativa propone incorporar a las personas explotadas sexualmente que lo soliciten a programas que garanticen “un ingreso mensual igual o mayor al salario mínimo vital y móvil”, asegurar su atención en los establecimientos de salud públicos y privados, para ellas y su grupo familiar, así como el acceso a todos los niveles de la educación. La iniciativa también compromete al Estado a que facilite el acceso a una vivienda digna para estas personas, así como al crédito y a planes de vivienda social.